Según Quiroz (2013), nuestra historia está llena de actos de corrupción que generan un retraso en el desarrollo del país, además de situaciones que se han vuelto emblemáticas de forma negativa en la historia del Perú, llegando a tener demasiadas situaciones de corrupción que afectan seriamente la credibilidad del Estado y sus instituciones. En el último estudio de Transparencia Internacional, una organización no gubernamental que se concentra en la lucha contra la corrupción, el Perú tiene una calificación de 36/100, dos puntos menos desde la medición del 2020, y se ubica en el puesto 105 de una lista de 180 países.

La corrupción es un fenómeno oculto que impacta de forma negativa en los factores económicos y sociales del país. Estas situaciones se han visto afectadas ante los esfuerzos aislados de algunos agentes que buscan corregir los actos de corrupción.

El Perú, miembro activo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha suscrito el Compromiso de Lima, firmado el año 2018 junto a otros miembros, donde se compromete a implementar los cincuenta y siete (57) acuerdos de lucha frontal contra la corrupción, principalmente el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes, derechos humanos, financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales, prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas, crimen organizado, lavado de activos, entre otros. Dentro de estos acuerdos existen esfuerzos aislados de algunas instituciones del Estado, como el Ministerio Publico, el Poder Judicial, Contraloría General de la República o comisiones que se han formado e intentos desde el Legislativo por tratar de desarrollar su labor fiscalizadora, la que no siempre tiene los resultados esperados, dado que no existe una cohesión de esfuerzos de todos los poderes del Estado.

Por otro lado, el Perú ha elaborado el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción periodo 2018 – 2021, publicado el 26 de abril del 2018, donde se adoptan dos enfoques concretos: el primero es la prevención de la corrupción en el que se pretende fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a los actos de corrupción; el segundo sería el combate a la corrupción, que busca gestionar la capacidad sancionadora del Estado. Según el fiscal José Domingo Pérez o el juez Richard Concepción Carhuancho, en el Perú se trata de formular y desarrollar documentos que muchas veces quedan en las buenas intenciones, puesto que mientras eso no se vea reflejado en las acciones, poco o nada se avanzará contra la corrupción.

Es necesario, entonces, generar un compromiso real de quienes dirigen los destinos del país, así como actualizar las normas a situaciones más reales que muchas veces generan vacíos legales que permiten la impunidad de algunos hechos que no logran configurarse como delitos simplemente por interpretaciones estrictas de los hechos y de lo que manda la ley, cuando estos tiempos modernos exigen otro tipo de tratamiento así como reconocimiento de actos que no siempre quedan evidenciados en documentos o similares, sino, más bien, son intenciones o acuerdos ocultos que no siempre se podrán demostrar. Para ello es necesario gestionar una modernización de las normas, así como mejorar los enfoques de quienes administran las leyes.

Es en este contexto que, desde la óptica personal, podría indicarse que es necesario sancionar sí, actualizando las normas que lo permitan, pero propondría ir más allá, enfatizando en el concepto de la prevención, donde no sea normal estar persiguiendo infractores, sino que deberíamos normalizar un accionar ético que sea natural y no forzado. Las acciones correctivas son necesarias, pero costosas; entonces, deberíamos empezar por generar cambios en las actitudes que demoran un poco más, pero tienen efectos mas duraderos, por lo que propondría impulsar más las acciones preventivas.

Existe a través de la historia un aspecto recurrente como es la corrupción en nuestro país; sin embargo, también existen acciones e intentos por establecer mecanismos que prevengan y sancionen los actos de corrupción. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo la percepción de que estamos inundados de corrupción y hacia donde miramos solo encontramos actos sancionados por la ley? ¿Por qué no comenzar a desarrollar cosas diferentes que ayuden a corregir de manera permanente estas acciones?

Es decir, se debe buscar forjar de manera cultural, desde la formación básica, actitudes éticas y entender que aquello que se entiende como actos de corrupción perjudica a uno mismo. No solo se obtienen sanciones para quien los comete, sino un castigo moral donde se entienda que el daño va más allá de lo económico y que existen consecuencias sociales como la pobreza y el subdesarrollo de las personas. Por lo tanto, deberíamos empezar por educar desde los niveles básicos y fortalecer esta cultura a través de la formación, donde se deben implementar programas complementarios de cambio de actitud, de manera que se inicie un cambio generacional en la forma de pensar de los funcionarios y de aquellos que pretenden serlo.

Además, debe implementarse una política de Estado que plantee una estrategia que ayude a fortalecer estas acciones, como el respeto por la meritocracia de las personas e institucionalidad y respeto de los poderes del Estado, que a su vez permitan dar seguridad tanto a los funcionarios como a las instituciones y, a partir de la construcción de esta cultura, generar un cambio. Es un camino que será largo, pero por algo debemos iniciar. En este caso, considero que se debe comenzar a cambiar la actitud y poco a poco iremos viendo los cambios.