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Por Antero Flores-Araoz / Coladera estatal
Ha sido un gran destape, el escándalo de la contratación de costosas e innecesarias asesorías desde diversos organismos del Estado, incluso dividiendo la temática en varias partes para evitar los concursos públicos y digitar las contrataciones. Por si alguien no entiende, ello es contratar a dedo, y cuando ello se hace en ésa forma irregular es para favorecer a algún “ser querido”, pariente, amigo o simple ofertante de alguna comisión para obtener la contratación.
Si bien es verdad que hay actos de corrupción a gran escala, como los descubiertos con el famoso “Club de la Construcción”, no es menos cierto que con la sumatoria de poquitos en consultorías, se pueden alcanzar cifras groseramente más significativas, que hacen tanto o más daño que las primeras, pues envuelven a infinidad de personas que se van acostumbrando a tomarle el pelo al Estado.
Las contrataciones de consultorías a las que nos referimos, su tratamiento debería tener una fase preventiva, otra netamente contractual y para finalizar una fase fiscalizadora y, después de esta última y de corresponder, el pertinente procesamiento judicial con la denuncia del Ministerio Público, si es que en la fiscalización se hubieren encontrado acciones u omisiones indebidas.
La fase preventiva debería ser determinar si el objeto de la consultoría puede ser atendido directamente desde alguna entidad del Estado, no necesariamente la que supuestamente la requiere. Esto podría encargarse a CEPLAN para que informe si la consultoría pretendida está justificada o no y qué repartición pública se encontraría habilitada por cumplir con el cometido, sin necesidad de contratación externa.
Pero en el tema de las consultorías, también observamos otra corruptela, como es la de contratar asesores por doquier en las reparticiones públicas. En efecto, ya hasta cansa la vista leer cotidianamente en el diario oficial “El Peruano” diversidad de resoluciones publicadas por las cuales se nombran asesores en ministerios y otras reparticiones públicas, como si el personal de planta no fuese suficiente o no conociera la temática de su puesto, lo que sería imperdonable.
Ahora pasemos de lo preventivo a la parte contractual, en donde en caso de concurso debería establecerse un plazo mínimo para entregar ofertas, pero solicitándolos a todos los que pudiesen ser postores sus planteamientos en la misma oportunidad. Cuando dan uno o dos días para presentar propuestas, es clarísimo que el concurso está amañado, y esto lo vemos a cada rato.
En lo que se refiere a la última etapa, que es la fiscalizadora, evidentemente la Contraloría debería cumplir su papel, pues normalmente nos enteramos de consultorías inexistentes o innecesarias por la prensa de investigación que cumple el papel que debería corresponderle a la primera con la ayuda de las inspectorías y auditorías internas de la infinidad de reparticiones públicas en cuya existencia se ha prodigado en abundancia nuestro tugurizado Estado.
Lo expuesto no significa que no sean necesarias consultorías especializadas, como podría ser la defensa del Estado ante organismos internacionales que procesan diferendos y que el Estado se ha sometido a ellos.
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SCOTIABANK: LA ECONOMÍA PERUANA CRECIÓ ALREDEDOR DE 3% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR EL IMPACTO DE EL NIÑO
El banco estima que el fenómeno climático le restó cerca de un punto porcentual al PBI de junio, principalmente por la menor pesca y el impacto en la agricultura, en un trimestre que suele concentrar el mayor peso de los sectores primarios.
El Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank estimó que la economía peruana creció alrededor de 3% entre abril y junio de este año, por debajo del 3.5% registrado en el primer trimestre. El banco atribuyó esta desaceleración al impacto del Fenómeno El Niño (FEN) sobre la actividad productiva del país durante estos meses.
Según la entidad, solo en junio el fenómeno le habría restado cerca de un punto porcentual al PBI: «El impacto del Fenómeno El Niño sobre el Producto Bruto Interno habría sido cercano a 1 punto porcentual», señaló, considerando tanto el menor desembarque de anchoveta como la caída en los rendimientos agrícolas. Scotiabank remarcó que el segundo trimestre suele ser, además, el de mayor peso de los sectores primarios dentro del PBI, lo que amplifica el efecto de este tipo de choques climáticos sobre el resultado trimestral.
Este resultado se suma a un primer trimestre que ya había mostrado señales de esa misma vulnerabilidad: en marzo, la agricultura registró una ligera caída de 0.1%, explicada por el adelanto de cosechas —como el de la uva— ante el temor a las lluvias intensas asociadas a El Niño, lo que anticipó el tipo de ajustes que el fenómeno seguiría generando en los sectores primarios a lo largo del año.
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MOODY’S ADVIERTE QUE EL APOYO ESTATAL DE US$2000 MILLONES A PETROPERÚ SIGUE SIN RUTA CLARA DE EJECUCIÓN
Más de dos meses después del anuncio del Gobierno, la calificadora de riesgo señala que no hay claridad sobre cuándo se desembolsará el financiamiento ni cómo se estructurará, mientras la petrolera estatal solo cuenta con US$34 millones en caja.
El Gobierno aprobó en mayo un decreto de emergencia que autoriza un esquema de financiamiento privado de hasta US$2000 millones para Petroperú, destinado a la compra de combustible y a garantizar la continuidad operativa de sus refinerías. La medida contempla recursos de la banca privada internacional, canalizados mediante un fideicomiso a cargo de ProInversión, sin comprometer el Tesoro Público. Sin embargo, más de dos meses después del anuncio, la calificadora de riesgo Moody’s advirtió que persisten dudas sobre cuándo se desembolsarán esos recursos, cómo se estructurará el financiamiento y cuál será el mecanismo para canalizarlo hacia la empresa estatal.
Para la agencia, esa falta de claridad afecta directamente la confianza de los inversionistas. «El apoyo gubernamental sigue siendo esencial para Petroperú, pero su ejecución es incierta», calificó Moody’s al decreto. El esquema contemplaba, además, un primer tramo de US$500 millones que debía desembolsarse en junio para financiar el capital de trabajo de la petrolera. Semanas antes, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, había proyectado a RPP que «en el transcurso de este mes se da el primer tramo del financiamiento», destinado a la compra de crudo para las refinerías. Hasta la fecha, ese desembolso no se ha concretado.
La calificadora también alertó que la liquidez de Petroperú sigue siendo frágil, debido a que, a marzo de este año, la empresa contaba con apenas US$34 millones disponibles en caja, una cifra que considera reducida frente a sus necesidades operativas, y parte de sus operaciones se financian con pagos pendientes a proveedores. Pese a que la petrolera mejoró sus resultados —con un ebitda de US$273 millones en el primer trimestre— gracias a mayores márgenes de refinación, Moody’s remarcó que la liquidez, el alto nivel de deuda y la continuidad operativa siguen siendo los principales riesgos crediticios para la empresa, por encima incluso de los controles de precios de combustibles.
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