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Por Antero Flores-Araoz / Coladera estatal
Ha sido un gran destape, el escándalo de la contratación de costosas e innecesarias asesorías desde diversos organismos del Estado, incluso dividiendo la temática en varias partes para evitar los concursos públicos y digitar las contrataciones. Por si alguien no entiende, ello es contratar a dedo, y cuando ello se hace en ésa forma irregular es para favorecer a algún “ser querido”, pariente, amigo o simple ofertante de alguna comisión para obtener la contratación.
Si bien es verdad que hay actos de corrupción a gran escala, como los descubiertos con el famoso “Club de la Construcción”, no es menos cierto que con la sumatoria de poquitos en consultorías, se pueden alcanzar cifras groseramente más significativas, que hacen tanto o más daño que las primeras, pues envuelven a infinidad de personas que se van acostumbrando a tomarle el pelo al Estado.
Las contrataciones de consultorías a las que nos referimos, su tratamiento debería tener una fase preventiva, otra netamente contractual y para finalizar una fase fiscalizadora y, después de esta última y de corresponder, el pertinente procesamiento judicial con la denuncia del Ministerio Público, si es que en la fiscalización se hubieren encontrado acciones u omisiones indebidas.
La fase preventiva debería ser determinar si el objeto de la consultoría puede ser atendido directamente desde alguna entidad del Estado, no necesariamente la que supuestamente la requiere. Esto podría encargarse a CEPLAN para que informe si la consultoría pretendida está justificada o no y qué repartición pública se encontraría habilitada por cumplir con el cometido, sin necesidad de contratación externa.
Pero en el tema de las consultorías, también observamos otra corruptela, como es la de contratar asesores por doquier en las reparticiones públicas. En efecto, ya hasta cansa la vista leer cotidianamente en el diario oficial “El Peruano” diversidad de resoluciones publicadas por las cuales se nombran asesores en ministerios y otras reparticiones públicas, como si el personal de planta no fuese suficiente o no conociera la temática de su puesto, lo que sería imperdonable.
Ahora pasemos de lo preventivo a la parte contractual, en donde en caso de concurso debería establecerse un plazo mínimo para entregar ofertas, pero solicitándolos a todos los que pudiesen ser postores sus planteamientos en la misma oportunidad. Cuando dan uno o dos días para presentar propuestas, es clarísimo que el concurso está amañado, y esto lo vemos a cada rato.
En lo que se refiere a la última etapa, que es la fiscalizadora, evidentemente la Contraloría debería cumplir su papel, pues normalmente nos enteramos de consultorías inexistentes o innecesarias por la prensa de investigación que cumple el papel que debería corresponderle a la primera con la ayuda de las inspectorías y auditorías internas de la infinidad de reparticiones públicas en cuya existencia se ha prodigado en abundancia nuestro tugurizado Estado.
Lo expuesto no significa que no sean necesarias consultorías especializadas, como podría ser la defensa del Estado ante organismos internacionales que procesan diferendos y que el Estado se ha sometido a ellos.
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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos
Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.
El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.
Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.
Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.
Fuente: Minart
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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término
La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.
La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.
Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.
La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.
Fuente: Gestión
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