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Por: Antero Flores-Araoz / Lobo disfrazado
Cientos de años han pasado y se sigue contando el cuento de la Caperucita Roja, que no ha perdido vigencia y es uno de los favoritos de los niños en este mundo ancho y ajeno del que escribió Ciro Alegría.
Se recuerda a la niña Caperucita, con su atuendo de color rojo, yendo por el bosque a visitar a su abuelita, sustituida esta última por el lobo feroz que engatusó a la pequeña luego de hacerse cargo de la anciana.
Los lectores de esta columna probablemente se preguntarán que le pasó al columnista, ¿se habrá quizás convertido en el Fulgencio que no tuvo infancia? La respuesta es negativa, simplemente hay una asociación de ideas que me hizo recordar al famosísimo cuento, la cual fluyó al ver continuamente a los ministros de Castillo, casi todos con sus casaquitas rojas, con seguridad solventadas con el Presupuesto Público. Como se observa, del mismo color que el de la Caperucita.
El rojo de estos tiempos no tiene el mismo significado ni simbolismo del de Caperucita, ya que esta era inocente y confiada, tan es así que fue timada por el pérfido lobo feroz.
El rojo, que coloreaba a las casacas de los ministros de Castillo, es el que tienen las banderas de los Estados socialistas-comunistas y que también identificaron en su tiempo a la que podría denominarse insurrección revolucionaria. Es el rojo del homicidio de la Democracia.
El rojo antes aludido es muy diferente del de nuestra bandera rojiblanca, en que el rojo simboliza a la sangre de nuestros héroes, sobre todo de los que lograron nuestra independencia de la corona ibérica y, cuyo blanco en el centro, simboliza el ansia de paz, libertad y justicia de nuestros compatriotas.
Con la remembranza del cuento de Caperucita, los entonces ministros son el símil del lobo que la engatusó a ella y a la abuelita, aunque con el ropaje rojo de la primera. Pudieron haber escogido cualquier otro color, por cierto, pero se decidieron por el rojo, no creo que por desprevenidos, sino porque simboliza la ideología del régimen, que quería la igualdad descendente, que aniquila las vidas y el futuro de los emprendedores y de la población y nos quita toda esperanza de un futuro diferente y mejor.
También es cierto que tales ministros necesitaban algo que los distinguiera y que la población pudiese reconocerlos, pues si estaban sin sus chalequitos y casacas, pasan desapercibidos como cualquier mortal, ya que lo único que los hace identificables es su falta de conocimiento para la conducción del país, sus acciones erradas, sus decisiones tardías, todo lo cual puede sintetizarse en ineficiencia. Como en todo, hay excepciones, aunque en este caso escasas.
Los ministros son altísimos funcionarios públicos, quienes secundan al Presidente de la República en la conducción del país, por lo que deberían ser reconocidos por sus acciones en beneficio de la Nación (que en tal régimen no es el caso) y no por el uso de prendas que los uniforme como escolares.
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Hace más de una semana se dispuso la reincorporación de Juan Varillas, pero la presidenta de la Corte Superior, Miluska Cano, aún no la ejecuta.
Una orden judicial que debía cumplirse de inmediato lleva más de una semana sin ejecutarse. El mandato deja sin efecto la medida que suspendió al juez Juan Varillas Solano y dispone su regreso al Séptimo Juzgado Comercial de Lima. Sin embargo, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, Miluska Cano López, no lo ha repuesto. Mientras tanto, el juez suplente sigue a cargo del expediente más sensible del juzgado: la venta de acciones del Grupo El Comercio.
El resultado favorece a una de las partes. El Poder Judicial dejó sin efecto la cautelar que impedía avanzar con la compraventa de acciones, tras considerar que no cumplía los requisitos y que era excesiva. La compra se cerró pocos días después. Esa decisión la tomó el juez que ocupa el despacho de Varillas, a pesar de que, según se supo, la reincorporación del titular ya estaba ordenada.
Lo que decidió la Autoridad de Control
Según fuentes judiciales citadas por La República, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), que preside Roberto Palacios Bran, habría resuelto reincorporar a Varillas a menos de dos meses de suspenderlo, y la decisión ya habría sido notificada a la presidenta de la Corte de Lima. Se esperaba que el magistrado volviera en cuestión de horas o, a más tardar, entre el lunes y el martes siguientes, pero no ocurrió.
La ANC lo había suspendido por seis meses por presuntas irregularidades al emitir la cautelar que detuvo la venta. En su momento señaló que el documento habría sido redactado fuera de los equipos del Poder Judicial y trasladado en un USB personal.
La versión de la defensa
El abogado Claudio Cajina, abogado de los accionistas minoritarios, informó que la ANC-PJ revocó la suspensión preventiva del juez al comprobar que no existían elementos suficientes para mantenerla, desmintiendo un favorecimiento irregular en la venta de acciones de El Comercio.
Para la defensa, la resolución demuestra que la medida carecía de sustento, por lo que resulta cuestionable que el magistrado siga apartado de sus funciones. Cajina exigió a la administración judicial ejecutar la decisión y reincorporarlo de inmediato, destacando que la independencia judicial exige no apartar a los magistrados sin una causa legal debidamente acreditada.
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SUTEP CALIFICA DE «TOTAL» EL ACATAMIENTO DEL PARO NACIONAL Y ADVIERTE CON IR A HUELGA INDEFINIDA
En una jornada marcada por movilizaciones masivas a nivel nacional, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro, calificó de «total» el acatamiento del paro preventivo de 24 horas realizado este jueves 29 de octubre.
El dirigente magisterial aseguró que las medidas de amedrentamiento e intimidación impulsadas por el Gobierno nacional —orientadas al descuento de salarios— fracasaron categóricamente frente a la unidad docente.
«El ministro ha fracasado en su intento de amedrentar e intimidar al magisterio. Más de 15,000 docentes hoy están desfilando en las calles de Lima y en igual número en las calles del país. El magisterio ha expresado que tiene dignidad», sostuvo Castro durante la manifestación.
Respaldo masivo en Lima e indignación de la dirigencia
El alto nivel de acatamiento fue ratificado en la capital por Gilmer Meza, secretario general del SUTEP Lima Metropolitana, quien destacó que fueron mínimos los docentes que decidieron no acatar la medida frente a las demandas desatendidas. Ante la próxima discusión del presupuesto nacional en el Parlamento durante el mes de noviembre, Meza hizo un llamado directo a las autoridades:
«El Gobierno tiene que entender y los congresistas tienen que entender que la escuela pública tiene necesidades», enfatizó.
En esa misma línea, Maruja Leyzaquía, Secretaria de Equidad y Género del SUTEP, manifestó el profundo malestar de los maestros ante el abandono histórico de los sucesivos gobiernos, sumado a la postura de la actual gestión:
«Mientras más saquen políticas de amedrentamiento como esta, de sancionar al magisterio, la indignación se va a visibilizar aún más en las calles», aseveró Leyzaquía.
A las movilizaciones se sumaron diversos docentes cesantes y jubilados con más de 30 años de servicio, quienes alzaron su voz para exigir la publicación inmediata del reglamento de la Ley 32581, norma que busca garantizar pensiones equivalentes a la primera escala magisterial.
«Hemos dado toda nuestra vida, nuestra juventud, y ahora somos olvidados. […] Que el Gobierno escuche el grito del SUTEP», expresaron los manifestantes, enfatizando que tras una vida entera de servicio merecen una vejez con dignidad y justicia social.
Acercamiento con el Congreso y advertencia de huelga indefinida
Durante la jornada de protesta, la dirigencia del SUTEP sostuvo encuentros con representantes del Poder Legislativo. Tras recibir al gremio, el senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, manifestó que asumirán un rol articulador entre las partes:
«Los senadores somos el puente entre la demanda del pueblo a través de los docentes para que el Ejecutivo escuche y dialogue. Eso es lo más importante”, indicó López-Chau en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).
Pese al diálogo iniciado con el Congreso, Lucio Castro fue enfático al señalar que esta medida de fuerza tiene un carácter preventivo, pero advirtió que de no hallarse soluciones concretas, el gremio radicalizará sus acciones.
«Si no hay solución, hay huelga nacional. Está avisado el Gobierno, está avisado el Estado», sentenció el dirigente gremial.
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