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Por Antero Flores-Araoz / Por la institucionalidad
Las protestas, marchas y manifestaciones ocurridas en noviembre del 2020, tras la asunción de Manuel Merino a la Presidencia de la República, devinieron en actos de violencia, en que perdieron la vida dos jóvenes, resultaron heridos manifestantes y policías, y hubo grave daños en propiedad pública y privada, además de la destrucción de vehículos policiales.
Muchos manifestantes creyeron que Merino asumió el cargo sin corresponderle, pese a que se había seguido prístinamente la línea de sucesión dispuesta por la Constitución. Se dejaron instigar por agitadores políticos que propiciaban el caos y, se vieron sorprendidos por gentes de mal vivir, barras bravas y grupos delincuenciales que se infiltraron en las concentraciones con torvos propósitos. El resultado desastroso lo expusimos en el párrafo anterior.
La muy diplomada Fiscal de la Nación Ávalos, el mismo día de la renuncia de Merino a la Presidencia, le inició investigación, al igual que a dos de sus ministros, por los hechos de sangre ocurridos el 12 y el 14 de noviembre del 2020, asumiendo que dieron órdenes para repeler las protestas con uso abusivo e ilegítimo de la fuerza policial.
Como en su investigación de cerca de un año, no encontró responsabilidad de los investigados por acción, se le ocurrió iniciarles acusación constitucional ante el Congreso de la República, ya no por acción, sino por haber omitido hacer lo correcto para impedir los hechos de sangre. Olvidó que la Policía impidió otros decesos y heridos, resguardando la integridad de los manifestantes, los cuales transgredieron la Ley pues estábamos en estado de emergencia nacional, con restricción de los derechos de reunión y tránsito.
La denuncia ante el Congreso era para que, en cumplimiento de sus funciones, pudiese autorizar el enjuiciamiento de los altos funcionarios investigados, o denegarlo de considerar que las motivaciones más que jurídicas eran políticas e infundadas.
Alzaron su voz los de siempre, en sus diversas tonalidades del rojo. Dijeron que el Congreso trataba de blindar a los investigados, consiguiendo su impunidad. La verdad, ni lo uno de lo otro, pues el antejuicio no es blindaje sino protección al desempeño público de quienes son o han sido altos funcionarios del Estado y para impedir se les procese sin razón, más en un país como el nuestro en que los juicios duran una eternidad, lo que pueden corroborar los comandos Chavín de Huántar y los que hace 37 años develaron el motín del “Frontón”. No es impunidad sino impedir el atropello bajo el disfraz de acción penal.
Como tenía que ser, el Congreso rechazó la acusación fiscal y ordenó el archivamiento de los actuados, decisión que se logró con el voto de parlamentarios de las más diversas bancadas, sean de apoyo al Gobierno o de oposición al mismo.
Primó en los congresistas su inclinación por la institucionalidad, pues permitir la acción penal contra Merino y sus ministros, era abrir la puerta para que, en otros casos similares, se pudiese quebrar la gobernabilidad del país, asumiendo que por el solo hecho de ostentar cargo público hay la obligación de garantizar la vida e integridad de la población. Eso no existe.
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OCDE DESTACA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA, PERO ADVIERTE DESAFÍOS PARA SOSTENER EL CRECIMIENTO
Mónica Muñoz-Nájar, economista de REDES, afirma que el Perú está en un mejor momento que hace tres años, pero advierte que los retos estructurales podrían frenar ese avance si el nuevo gobierno no los atiende.
La economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), Mónica Muñoz-Nájar, destacó que un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestra una mejora en la situación económica del Perú respecto a años anteriores. “Perú está en un mejor momento que lo que estaba hace, por ejemplo, tres años”, afirmó al analizar el desempeño de la economía nacional.
La especialista explicó que el país logró recuperarse de un periodo marcado por factores internos y externos que afectaron su crecimiento. En ese sentido, indicó que “lo que hemos tenido es una recuperación lenta, pero recuperación, al fin y al cabo”, acompañada por una mejora del empleo y una mayor actividad económica durante el presente año.
No obstante, Muñoz-Nájar recordó que la OCDE identifica riesgos que podrían afectar este avance. Entre ellos figuran posibles eventos climáticos —como el fenómeno El Niño—, la inseguridad ciudadana y el déficit fiscal, factores que podrían generar presión sobre la economía en el corto y mediano plazo.
Asimismo, resaltó la necesidad de atender problemas estructurales relacionados con la productividad. “La baja productividad, lo que decimos los economistas, es mal nivel educativo, mala gestión de la salud, malas atenciones de salud”, sostuvo. Pese a ello, la especialista se mostró optimista sobre el rumbo del país, aunque subrayó que educación, salud y capacitación laboral son tres pilares que el nuevo gobierno deberá priorizar para que el Perú pueda mantener la senda de crecimiento.
Fuente: RPP
Los rubros de comercio y servicios lideraron el dinamismo mercantil, registrando mayor presencia de firmas conducidas por mujeres.
La actividad empresarial formal en el territorio nacional mantuvo una trayectoria favorable durante el primer trimestre del año 2026. Según el último Informe Técnico de Demografía Empresarial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), estructurado sobre los registros administrativos de la Sunat, un total de 89,737 unidades productivas fueron creadas o reactivadas entre enero y marzo, lo que representó un incremento de 2.5 % en comparación con el mismo ciclo de 2025. En contraparte, los ceses definitivos de operaciones experimentaron una contracción del 79.5 %, totalizando 52,111 bajas comerciales. Con este balance neto, el Directorio Central de Empresas y Establecimientos cerró el periodo con un universo de 3 millones 340,872 firmas económicamente activas en el país, consolidando una expansión interanual del 1.2 %.
En el desglose sectorial, el rubro de comercio y reparación de vehículos automotores concentró la mayor tasa de dinamismo al agrupar el 41.6 % de las altas comerciales, secundado por las actividades de servicios prestados a empresas con un 10.1 %. Por su parte, Lima Metropolitana absorbió más de un tercio de la demografía mercantil al registrar 32,133 nuevos emprendimientos (35.8 % del total nacional). En cuanto a la composición jurídica, las personas naturales con negocio lideraron el esquema con el 61.4 % del portafolio. Dentro de este último segmento, la participación femenina superó el 50 % en la conducción de las firmas dadas de alta, evidenciando un marcado liderazgo de las mujeres en la gestión de salones de belleza (72.3 %), servicios de salud (68.7 %) y establecimientos de comida y bebidas (62.8 %).
Fuente: La República
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