La Ley 29090, en su artículo cuarto, inciso 6.2, crea la figura legal de revisores urbanos como uno de los actores que intervienen en los procesos administrativos para la emisión de licencias de edificación y habilitaciones urbanas.

Es decir mediante esta norma, el gobierno central le quitaba la independencia y prerrogativas exclusivas de los gobiernos locales de evaluar la viabilidad de proyectos constructivos en sus jurisdicciones, facultando a un grupo de profesionales, ingeniero y arquitectos registrados ante el Ministerio de vivienda Construcción y saneamiento, en la verificación y evaluación de proyectos edificatorios en nuestras ciudades, esta iniciativa que empezó bien vista y correctamente aplicada podría haber destrabado los proyectos de edificaciones parados a nivel nacional, dinamizando la economía y dando empleo a millones de peruanos.

Lamentablemente viene siendo mal utilizada convirtiéndose en el arma a través de la cual, mafias de constructores, vienen atentando contra la residencialidad de millones de vecinos de todo el país, organizaciones criminales que para ganar alturas y bonificaciones especiales, de manera  ilegal, coludidos con malos profesionales que cuentan con la certificación de ser revisores urbanos, esconden estas construcciones detrás de supuestos proyectos de vivienda social en distritos donde el valor del suelo no hace viable económicamente este tipo de iniciativas.

Esto ha generado un descontento y desprestigio del sistema de revisores urbanos, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento hoy por hoy tiene bajo su responsabilidad resolver cientos de suspensiones de obras, realizadas por decenas de distritos como, Surco, Magdalena, San Isidro, San Borja, La Molina, Miraflores, entre otros que representan el sentir e indignación de sus vecinos frente a estas moles de más de 22 pisos con departamentos que de vivienda social no tienen ni el nombre y que les traerán problemas no solo como el aumento del tráfico y la mayor densificación de sus barrios, sino que reducirá el flujo de servicios básicos como el agua e incluso un posible colapso de los desagües, teniendo en cuenta que la misma empresa del agua (Sedapal) ya habla de un desabastecimiento y reducción del líquido elemento en toda nuestra capital.

Los primeros pronunciamientos del Ministerio de Vivienda son desalentadores y nos harían pensar que el poder del dinero peso más que el tecnicismo y racionalidad de la defensa del buen vivir en nuestras ciudades, los malos funcionarios de este Ministerio defendiendo lo indefendible, intentando señalar que las centenas de moles de concreto de más de 22 pisos que quieren instalar en todo Lima fueron bien evaluadas, que cumplen con todo y que vivamos felices con ellas, no hacen más que exacerbar a la población afectada y echar gasolina sobre una ciudadanía encendida por la defensa de su tranquilidad.

Estamos seguros que la Señora Presidente Dina Boluarte, quien conoce a profundidad este tema ya que cuando fue candidata a la alcaldía de Surquillo levanto la bandera de la defensa de la residencialidad, corregirá estos errores, hoy solo nos queda seguir en pie de lucha y tener la esperanza que la Señora Ministra tome cartas en el asunto y corrija a sus funcionario, con fe y la seguridad de creer que ambas son honestas seguiremos sus acciones y decisiones.