Hablar de defender nuestra residencialidad parecía utópico en un país como el nuestro con altos índices de corrupción donde muchos políticos y en especial alcaldes, caen tendidos ante los ofrecimientos de malos empresarios para dar ordenanzas que los favorezcan ilegalmente y mal utilizar las normas de vivienda social en todo el Perú.

Esta semana cinco burgomaestres capitalinos han sentado un precedente muy importante en cuanto a la defensa de nuestras ciudades y la sobre densificación a la que malos empresarios las quieren llevar.

Magdalena, San Isidro, San Borja, La Molina y Surco son los municipios afectados que han decidido tomar cartas en el asunto.

Este último como primera medida ha tomado la decisión, junto con el concejo municipal, de derogar dos ordenanzas, la 595 y 599 que la gestión municipal delincuencial anterior había aprobado.

Decimos delincuencial ya que la fiscalía está solicitando diez años de prisión para varios funcionarios incluido el ex alcalde, por colusión entre otros delitos, estos dispositivos legales que usados en conjunto y bajo la fachada de supuestas Viviendas Eco-amigables escondían un antojadizo e ilegal aumento de alturas de hasta 50% más que los parámetros establecidos por la Municipalidad provincial de Lima, es así que esta, ya había demandado a la comuna Surcana por tremenda ilegalidad, exigiéndole al tribunal constitucional corregir este delito.

La segunda medida implementada por Surco es la de revisar que no se hayan realizado cambios sustanciales entre el anteproyecto presentado y el proyecto a ejecutarse, habiendo suspendido 4 licencias dadas por revisores urbanos y que ahora tocará al Ministerio de Vivienda, decidir si defiende la residencialidad y buen vivir de millones de vecinos, o cede ante los berrinches, la presión mediática y las amenazas de supuestos representantes de este gremio, que con el único argumento de supuestos derechos mal adquiridos, quiere pisotear nuestras ciudades.

La otra gran tarea esta, en manos de Indecopi, donde Julían Palacin, presidente de la institución y ex candidato a la alcaldía de la Molina, comprende muy bien este problema por el que cientos de miles de vecinos están atravesando, ya varios representantes de este gremio, vienen amenazando con irse a estas dos entidades y recurrir al alcalde de Lima para que les permitan realizar sus mega proyectos de hasta 33 pisos.

Personalmente me pareció patético leer las declaraciones de los Señores Del Río y Durand, supuestos lideres del sector inmobiliario, hablando de la predictibilidad de sus inversiones y que las medidas se dan sin previo aviso, cuando este tema se viene denunciando y discutiendo por lo menos hace más de dos años.

Los vecinos protestaban, los medios como La República, Correo, La Razón, Panamericana Televisión, América Televisión, Hildebrandt en sus trece y otros más realizaron reportajes de cómo se destruía Surco, incluso este tópico fue un tema de discusión y decisivo para los electores en las diversas campañas, particularmente estoy a favor de que las ciudades crezcan, pero este crecimiento debe ser un crecimiento ordenado, las viviendas sociales deben ser realmente sociales y no esconderse detrás de este tipo de proyectos para ganar altura, las viviendas deben ser dignas para quienes las adquieren, no es cuestión de hacer torres de 33 pisos, como las que desean hacerse en Surco, para que luego los departamentos, no tengan presión de agua suficiente, el desagüe colapse y el transito haga invivible la zona, dejemos de engañar a los compradores con el sueño de la vivienda propia, cuando en realidad les venden una vivienda en medio de problemas, ustedes como empresarios deben ver que sus inversiones sean sin externalidades negativas y siendo conscientes que el interés público siempre está por encima del interés privado, sean verdaderos lideres y propongan soluciones sin perjudicar a los vecinos.