Perú y Brasil son las naciones que lideran el ranking latinoamericano de países con mayor patrimonio cultural de la región según el Consejo de Administración de los Sitios Protegidos – UNESCO, lastimosamente estas propiedades viene siendo destruidas por el poco interés que tienen los propietarios de dichas construcciones de mantenerlas en forma adecuada, ellos en lugar de considerarlas valiosas, las ven como un lastre para sus intereses inmobiliarios o edificatorios, es así que tenemos cada día más patrimonio cultural arquitectónico dañado o dejado a su suerte en nuestra patria, con la esperanza de sus propietarios que al derrumbarse o caer en ruinas se pueda vender el terreno con sus derechos edificatorios, situación que le dejaría mayor ganancia al propietario, en lugar de conservar una vieja casona restaurada y que su propia venta es complicada debido a la imposibilidad de mejorarla como cualquier propiedad, debiendo toda mejora, restauración o intervención pasar obligatoriamente por la autorización y supervisión de su ejecución por el Ministerio de Cultura, convirtiendo este proceso en una tortura burocrática, costosísima de nunca acabar.

El gobierno en el año 2017 intento fallidamente de superar esta situación con el lanzamiento del “Plan piloto – Altura para la cultura” que no era más que un sistema mal planeado de bonificaciones para aquellos propietarios de monumentos en zonas generadoras de estos derechos edificatorios (altura y uso de suelo) que por su condición no se podían utilizar en las propiedades antes señaladas por su calidad de intangibles, este instrumento legal permitía la transferencia de derechos inmobiliarios de zonas monumentales de Trujillo, Arequipa e Iquitos hacia zonas receptoras no monumentales delimitadas por el Estado, esto no solo aseguraba que los propietarios de estos recintos los mantengan en buenas condiciones sino que reconocía a su vez la posibilidad de comercialización de la altura para asignársela a otra propiedad sin perder sus derechos inmobiliarios.

Esta iniciativa que fue calco y copia de otras implementadas hace decenas de años en países europeos como España, Francia e Italia, y países americanos como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, y Méjico, entre otros, debió adecuarse correctamente a nuestra realidad para que surta el efecto deseado, para ello apremia relanzarla de manera adecuada, primero sin circunscribir su aplicación a ciertas ciudades, debiendo implementarse este sistema en todo el Perú y permitir que los derechos emanados de zonas generadoras de cualquier parte del país se utilicen en zonas receptoras de todo el territorio nacional, haciendo una equivalencia de altura versus precio de metro cuadrado generado, para terminar se debe promover espacios donde se puedan comercializar estos beneficios, incluso cotizándose en bolsa de valores como sucede en varias partes del mundo, solo así lograremos no solo hacer que se respeten los derechos edificatorios de los titulares de predios que sean patrimonio cultural, sino que haremos que estos se incentiven a restaurarlos y ponerlos en valor.