La confianza en los sistemas electorales latinoamericanos presenta un panorama poco alentador. El Barómetro de las Américas mostraba en 2021 que solo el 40% en Latinoamérica confía en las elecciones; solo 32% creía que los votos se cuentan adecuadamente y 71% piensa que gobiernos extranjeros influyen en los comicios.

Hoy la atención se centra en la exdiputada venezolana María Corina Machado, con una intención de voto de 60%, inhabilitada para ocupar cargos públicos por 12 meses en 2015.  Pero, la Contraloría General de Venezuela habría extendido reiteradas veces la inhabilitación de contendores por 15 años, haciendo lo propio con Machado.  Esta práctica, convertida en costumbre, se aplica a adversarios peligrosos a cargos políticos de todo nivel, incluidos candidatos presidenciales como Leopoldo López (2008 y 2014), Henrique Capriles (2005 y 2017), Juan Guaidó (2021) y recientemente María Corina.  Pero no olvidemos el fraude con el sistema electoral denunciado por Smartmatic en 2017 y la “farsa electoral” en Venezuela, así como el “fraude electoral” de Bolivia, ambos denunciados por la OEA en 2019.

Estas prácticas son prontamente emuladas y Lula Da Silva decidió replicarlas con Jair Bolsonaro, acusándolo de cuestionar el sistema electoral e inhabilitándolo por 8 años, nada caprichosa cifra considerando que el periodo presidencial en Brasil es de 4 años.

Lo ocurrido durante las elecciones en Nicaragua durante el 2021, resulta más grave aún, retirando la personería jurídica a dos partidos, arrestando o inhabilitando a 11 precandidatos para impedir su participación en esa contienda electoral con la que Daniel Ortega buscaba perennizar 30 años de dictadura en dos periodos. En febrero, Ortega va más allá despojando de la nacionalidad a 316 políticos, religiosos, activistas, intelectuales y periodistas.

La fórmula que llevó a Pedro Castillo al poder en el Perú en 2021 tuvo el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones, con graves violaciones a la Constitución; además de las tachas en la inscripción de partidos políticos de trayectoria y candidatos con absurdos argumentos.

Pero esta situación no se presenta en Cuba, gracias al conveniente artículo 5to de la Constitución que afirma que “El Partido Comunista de Cuba… es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”; convirtiendo la pertenencia o lealtad al Partido en exigencia para acceder a cargos públicos.  No necesitan inhabilitar, van presos.

La fórmula diseñada por Fidel para lograr el poder con una “Democracia Dirigida” es simple.  Ingresar al poder por la vía electoral a cualquier costo, continuar con un cambio constitucional y finalmente conseguir el control de las Fuerzas Armadas; tres pasos para alcanzar una imagen de legalidad que otorgue autonomía a estos regímenes.

Pero la legalidad no asegura la justicia y moralidad de las normas y acciones de estas dictaduras que carecen de legitimidad y cuyo objetivo es perpetuarse en el poder. Por ello la población los rechaza, existe descontento, desconfianza en las instituciones, lo que, sumado a la pobreza, trae como consecuencia protestas, manifestaciones sociales o finalmente migraciones masivas en busca de un futuro con dignidad.

Los verdaderos demócratas, no ese invento de “democracia dirigida”, tenemos que hacer causa común contra el abuso y la ilegitimidad de estos proyectos dictatoriales.  Es la comunidad internacional unida y no las organizaciones internacionales –que poco consiguen–, la que tiene que levantar la voz y gritar con fuerza. Las elecciones representan el inicio y la continuidad en la fórmula para las dictaduras.