Por Berit Knudsen

La crisis que sufre el Perú no comenzó hoy ni terminará mañana. El Perú padece de un mal sistémico y son demasiados los actores involucrados. El problema central es el desconocimiento de la realidad peruana, sumado a una clase política en ejercicio que no entiende su función, ni las implicancias de la responsabilidad que asumieron al ocupar sus cargos. El egoísmo y la ignorancia son una constante.

¿Cómo garantizar la protección de los derechos y libertades individuales, promover el bienestar económico y social de la población, sin transparencia y responsabilidad? ¿Cómo lograr la paz y tranquilidad que reclama la población si los actores políticos actúan movidos por sus propias agendas y sin intención de ceder a favor del bienestar de los peruanos?

La crisis de hoy es el resultado de una “bola de nieve” que empieza a rodar en 2016; y que se agrava con Martin Vizcarra, la pandemia, el cierre del Congreso de 2020, la actuación de Francisco Sagasti, las elecciones presidenciales en 2021 plagadas de irregularidades, el nefasto Gobierno de Pedro Castillo y la sucesión de Dina Boluarte.

El reclamo de grupos minoritarios pone de cabeza al país y se resume en cuatro demandas: renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una asamblea constituyente. Pero la realidad es que buscan un solo objetivo: implantar el modelo del Socialismo del Siglo XXI, practicado por los países que rechazan las medidas asumidas por Perú, cuestionando nuestras decisiones democráticas. Rechazamos la injerencia de esos países en asuntos que competen solo al Perú, pero ellos insisten en ese modelo fracasado en todos los países en los que ha sido implantado. Un modelo que genera pobreza extrema, descontento, éxodos masivos de poblaciones que huyen de la miseria y la ausencia de libertades individuales.

Así, en la región la izquierda forma coaliciones, y hoy los países que saludaron la decisión democrática sobre el nombramiento de Dina Boluarte, retroceden cuestionando las decisiones peruanas en un acto de injerencia sin precedentes, hecho evidenciado en la VII reunión de la CELAC.

Pero a nivel interno son muchos los actores que intervienen, desde los movimientos del Runasur de Evo Morales en la frontera Perú-Bolivia –causando desestabilidad no solo en el Perú, sino también temor en el país vecino–, hasta todo tipo de actores que encuentran un terreno propicio para desencadenar la ola de terror y destrucción que vivimos.

Los actos subversivos fueron organizados y avalados por Pedro Castillo, quien convocó a propios y ajenos dispuestos a contribuir con el caos. Así es como se reactivan los organismos generados por Sendero Luminoso, grupos de extrema izquierda, etnocaceristas, movimientos locales, la minería ilegal, narcotráfico, reservistas descontentos y muchos más. Son tantos actores que resulta difícil trazar un mapa para entender lo que verdaderamente ocurre. Lo que resulta evidente es que sostener la logística de la subversión requiere de ingentes fuentes de financiamiento, y está demostrado que las fuerzas insurgentes no tienen ideales políticos, son actores a sueldo para cumplir con los planes orquestados por una cúpula cuya agenda no es nacional.

Finalmente, los perdedores siempre serán los grupos más desfavorecidos. El pueblo peruano es pacífico y busca trabajar, mejorar sus condiciones de vida; pero son los perjudicados con los cierres de carreteras, cuando su producción agrícola se pudre sin llegar a destino; esos peruanos amenazados por grupos subversivos por intentar vender sus productos y no acogerse a los paros; peruanos que organizan marchas pacíficas porque reclaman el regreso a eso que llamamos normalidad.

En este dramático escenario, las fuerzas del orden se enfrentan a ese vandalismo que no respeta la vida humana. Los policías cumplen con su rol, que es proteger a la sociedad y mantener el orden público, saliendo al frente dispuestos a sacrificar sus vidas para defender a 33 millones de peruanos, buscando mantener el orden, la paz y la seguridad.

Irónica o dramáticamente, son estos agentes del orden, tan humanos como todos, quienes reciben las peores calificaciones, acusados injustamente por muchos, sin entender que ellos solo buscan defendernos. Un error de la policía es denunciado, magnificado y utilizado para desinformar a la población por aquellos que son justamente los que dirigen la insurrección, el vandalismo y terrorismo que sufrimos.

Información es poder. Necesitamos informes sobre las circunstancias y causas de cada uno de las muertes y heridos; sobre las más de 20 comisarías siniestradas, las ambulancias atacadas; los daños causados; detalle de los bloqueos y sus consecuencias, entre tantos hechos hoy usados para tergiversar la realidad. El Gobierno tiene la obligación de informar sobre todo lo que acontece y esa información oficial debe difundirse también a nivel internacional; para que periodistas irresponsables dejen de dañar aún más la alicaída imagen de nuestro país.

• En los últimos años, la clase política ha mal usado herramientas legales y constitucionales (mociones de censura, mociones de vacancia, cierres constitucionales del Congreso) de manera irresponsable.
• La guerra de desgaste entre diferentes actores políticos (fujimoristas, izquierdistas, seguidores de Martín Vizcarra, derechistas) y la delincuencia organizada (narcotraficantes, traficantes de tierras, caciques regionales vinculados a actividades ilícitas) ha debilitado la tradición política.
• Debido a la disolución fáctica del Congreso y las vacancias presidenciales, se han sucedido seis presidentes en seis años.
• Las elecciones de 2021 fueron impredecibles y llevaron a dos candidatos con menos del 50% de los votos válidos en la primera vuelta, cosa que nunca había sucedido desde el final de la dictadura de las Fuerzas Armadas en 1980.
• Las elecciones fueron cuestionadas y esto es síntoma de la precariedad y debilitamiento del sistema político y de las reglas electorales.
• La actual crisis se desencadenó en diciembre del 2022 y busca la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a elecciones de manera inmediata.
• La ley no impera y manda el poder del dinero, por lo que la sociedad se ve afectada por la violencia y anarquía.
• de la tradición política en el Perú. Además, la falta de liderazgo y la falta de diálogo entre los actores políticos han contribuido a la polarización y a la falta de soluciones a los problemas del país. La corrupción, la inseguridad y la economía también han sido factores importantes en la crisis actual. La solución a la crisis actual requiere la cooperación de todos los actores políticos y la búsqueda de soluciones a largo plazo en lugar de soluciones a corto plazo.

Autores:

• Gobiernos: responsables de la implementación de medidas para controlar la propagación del virus y proteger a la población.
• Empresas: pueden ser proveedores de bienes y servicios esenciales, o tener un papel en la recuperación económica.
• Individuos: cada persona puede tener un impacto en la propagación del virus a través de su comportamiento y decisiones.

la crisis política en Perú que ha llevado a una disolución fáctica del Congreso y la alternancia de seis presidentes en poco tiempo. Esto ha generado incertidumbre y volatilidad en las elecciones, con dos candidatos obteniendo menos del 50% de los votos en la primera vuelta. Las reglas electorales son cuestionadas y el sistema es visto como precario y debilitado. El ascenso al poder de Castillo está lleno de incertidumbre y falta de planificación, y personas con antecedentes poco idóneos han llegado a ocupar cargos ejecutivos.

la implosión de entidades públicas en Perú debido a la incompetencia y el dolo de varios funcionarios. Como resultado, el país fue administrado por individuos que malversaron dinero público. Las denuncias contra el presidente Castillo condujeron a mociones de vacancia, pero él llamó a un golpe de estado para evitar la prisión y gobernar de facto. Sin embargo, su intento falló debido a su propia incapacidad para gobernar. Finalmente, el Congreso aprobó su vacancia y lo arrestaron.

la presidencia de Dina Boluarte en Perú y las tensiones políticas y sociales en el país. Se menciona que Pedro Castillo fue destituido por atentar contra la Constitución, pero que a pesar de esto grupos de interés han salido a protestar y provocar conflictos. Se critica la falta de lealtad de Boluarte en el Congreso y su falta de un partido político sólido, lo que ha llevado a un manejo poco eficaz de la situación. Se mencionan las muertes resultantes de los conflictos y la necesidad de investigar y sancionar a los responsables. El texto concluye diciendo que el problema del Perú no es la Constitución, sino la falta de cumplimiento de las leyes por parte de la clase dirigente e intereses criminales. Se plantea la necesidad de reconstruir un contrato social y mejorar las condiciones de vida para la población. El autor critica la visión simplista de la prensa internacional sobre los acontecimientos en Perú.

Interrupción de la movilidad y acceso a los mercados, lo que afecta la producción y venta de productos y servicios, lo que puede resultar en pérdida de ingresos y empleos.

Inseguridad y violencia, que genera miedo y descontento en la población y disuade a la inversión.

Desviación de recursos hacia la solución del conflicto o la protección de la población en lugar de su inversión en el desarrollo económico.

Pérdida de confianza en las instituciones y el gobierno, lo que puede debilitar el tejido social y económico a largo plazo.

• Misión de la política: Búsqueda de un bien común perdurable
• Fracaso en la política peruana: Convivencia de grupos de interés sin respeto a la ley
• Malbaratamiento de herramientas legales y constitucionales: Mociones de censura, mociones de vacancia, cierres constitucionales del Congreso
• Guerra de desgaste político desde el 2016: Fujimoristas, izquierdistas, seguidores de Martín Vizcarra, derechistas, delincuencia organizada
• Irresponsabilidad en el uso de mecanismos legales y constitucionales: Clase política actúa como un niño sin comprender la severidad del uso de herramientas legales
• Vacancias presidenciales y disoluciones fácticas del Congreso: Resultado es la incertidumbre y la volatilidad política
• Elecciones 2021: Candidatos con menos del 30% de los votos válidos en la primera vuelta
• Cuestionamientos en las elecciones: Desconfianza en las instituciones y la justicia electoral
• Consecuencia: Población en un clima de incertidumbre y falta de confianza en las instituciones.
• Perú en crisis política con 60 muertes en 47 días
• Grupos de interés forzando renuncia de presidenta y convocatoria a elecciones inmediatas
• Fragilización de tradición política desde malbaratamiento de herramientas legales en 2001
• Guerra de desgaste entre actores políticos y delincuencia organizada que enriquece y adquiere poder
• Clase política irresponsable al usar mecanismos legales y constitucionales
• 6 presidentes en 5 años, incertidumbre y volatilidad en elecciones 2021
• Elecciones cuestionadas, votos para 2 candidatos <50% de votos válidos
• Consecuencias para poblaciones vulnerables en medio del caos y la falta de confianza en instituciones.