¿Quién envió a la muerte a los cinco soldados del EP que se sacrificaron sin pena ni gloria en la Región Puno este domingo 5 de marzo, previo ataque a la Villa Militar como antecedente el día 4 de marzo?

La responsabilidad legalmente es de la presidente Dina Boluarte, recientemente imbuida del bastón de mando y reconocida como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el Palacio de Gobierno.  ¿O es de los Altos Mandos Militares?; Ya que el Decreto Supremo 022-2023-PCM del 13/02/23 amplía el Estado de Emergencia, el Decreto Legislativo Nro. 1095 tiene Rango de Ley y establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y además su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nro. 003-2020-DE especifica en su Artículo 27 los Procedimientos para USO del Arma de Fuego. Todos estos estamentos jurídicos “CUBREN LEGALMENTE” a los miembros de las FFAA en los ámbitos previstos en el Artículo 3 de la citada norma legal. Además, si fuera necesario, están cubiertos también por el Artículo 20 del Código Penal que a la letra dice “Está exento de Responsabilidad Penal” Inciso 11 que especifica “El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que en el cumplimiento de su Función Constitucional y en Uso de sus Armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria cause lesiones o muerte. Con todo esto a favor de las FFAA y PNP ¿Nos preguntamos?, ¿Son responsables por los cinco soldados fallecidos y el desaparecido en la Región Puno, los altos mandos militares o hay responsabilidad por “Autoría Mediata” de la presidente?, ¿Quién dio la orden para que las fuerzas armadas actúen como actuaron y los enviaran a la muerte? Esa es la gran incógnita.

Es verdaderamente muy grave para el país, comprobar que el Poder Ejecutivo no cumple con su deber principal de restablecer el orden interno y peor aún, si tiene a favor todas las herramientas que el sistema jurídico y la constitución le otorgan.

Todos sabemos que los sucesos en Puno tienen su origen en la comunidad de Colla en Bolivia, promovidas por el actual gobierno del presidente Luis Arce Catacora lideradas por Evo Morales del partido socialista MAS, y dirigidas desde el Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla, en su “supuesto y disfrazado” sueño de la Gran Patria Aimara, con el objetivo de desmembrar el sur peruano y apoderarse de sus riquezas de litio, oro, gas etc., además de obtener también su ansiada salida al mar. Con todas estas variables es lógico advertir que estamos en un evidente Estado de Guerra no declarada y por lo menos el Estado Peruano debería cerrar la frontera y romper relaciones diplomáticas con Bolivia e imponer el Estado de Sitio en la Región Puno, para contrarrestar las intenciones bolivianas que a la vista de todos los peruanos se vienen dando.

Recae entonces sobre la Presidente de la República,  como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sobre el Presidente del Consejo de Ministros y sus Ministros de Defensa, del Interior y de Justicia, la total responsabilidad por el inconstitucional e ilegal manejo de los recursos de defensa del estado y la sociedad, que mantienen al país sumido en un caos con violación de la soberanía territorial en el sur peruano, siendo la causa generadora de las muertes y agresiones sufridas en forma sistemática, desde hace más de tres meses contra la ciudadanía y miembros de las fuerzas del orden, que son asesinados y quemados a mansalva por terrorista subversivos.

Ante esta situación, como ya lo hemos dicho, el Estado Peruano debe de ser fuerte y contundente en sus reacciones oficiales, “orales y escritas” y acciones a tomar ante las presiones en los planos nacional e internacional. Se considera una burla macabra Señora Presidente que ante el estado de indefensión y caos que vive el Perú,  ofrezca indemnizaciones económicas  a los terroristas y delincuentes heridos y a los familiares de los mismos fallecidos en los actos terroristas de bloqueos de carreteras, ataque, destrucción y quema de aeropuertos, comisarías, edificios públicos del poder judicial, fiscalías, vehículos policiales, ambulancias médicas, secuestros, asesinatos y quema de policías, destrucción del sector privado, fábricas  y áreas agrícolas entre otros. Ya que su  obligación constitucional Sra. Presidente es “Garantizar la vida de los ciudadanos, la custodia del territorio nacional y velar por la Justicia” y no ser promotora de bonificaciones  ni autorizaciones de manifestaciones públicas al terrorismo y a la subversión, demandamos la inmediata anulación de los decretos de soporte económico a los terroristas y delincuentes subversivos exigiendo por ser de justicia, la captura y juzgamiento inmediato de todos los implicados en estas actividades criminales. De no ejecutar este pedido en plazo perentorio, Dios, La Patria y los Ciudadanos Peruanos os lo demandaremos.

Estamos avisados

¿Debemos actuar antes de que venga el próximo ataque?

“Subversión y terrorismo nunca más en el Perú”.

(*) General FAP en retiro

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