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Por: Dennis Falvy / Una tergiversación más de las AFP
Desde su inicio señale que las AFP eran una especie de estafa y no soportaba una pensión de reemplazo del 100%, como publicitaba el vivísimo chileno Piñera. Pero un gordo de RPP íntimo de Toledo y de Integra y Gonzales Izquierdo en el Roble, publicitaron irresponsablemente al sistema.
Millones se apuntaron y pisaron el palo. Ya en Chile se hacen reformas y hay la que sube el ahorro del 10% al 14% a cago del empleador. Expongo una de las tantas notas que escribì al respecto contra estos farsantes: Decían que por 25 años la rentabilidad promedio anual nominal de las AFP peruanas eran del 12% y por ende las más rentables del mercado.
Un analista, José García Punterazo, expuso didácticamente cómo se calculaba, mediante los “Valores Cuota”, la rentabilidad de las AFP, señalando que “hay diversas maneras de medir la rentabilidad: a plazos, real, neta de cargos, ajustada por riesgos y en el caso más simplón “nominal”.
La rentabilidad nominal anual promedio de las AFP’s se vincula a la “compra” de cuotas de un fondo al precio vigente del día que llegan los fondos a la AFP; es decir, compara al “valor cuota” del día anterior.
Para calcular la rentabilidad bruta de la inversión del mes se aplicaba la formula básica de rentabilidad (Valor Actual – Valor Inicial) / Valor Inicial), siendo el valor actual las cuotas adquiridas, pero valorizadas con el ultimo valor cuota disponible.
En ese entonces el fondo era de S/152 mil millones de los cuales S/56 mil millones era aportes (inversión inicial) y S/95 MM rentabilidad. Vale decir algo menos de US$ 50,000 millones contra US$ 219,000 millones que tenía de fondo Chile.
El fondo estaba afectado no sólo por la rentabilidad, sino además por aportes y salidas diarias que efectúan los afiliados, no es posible calcular la rentabilidad del fondo en base a la comparación de los tamaños del fondo, sino en base a la variación de los valores cuota.
Esta rentabilidad, al tener renta variable, podía variar sustancialmente por inflación, descuentos para comisiones y primas que se hacen por adelantado (33% en AFP y seguro) y vaivenes del mercado.
El Superintendente Adjunto de las AFP´s, en un foro dijo que, sacar hasta un 80% de los Fondos de las AFP´s al exterior generaría mejores rendimientos y una menor volatilidad para los fondos de los 6.8 millones de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).
Que bárbaro, pues la mayor parte de esos fondos estaban depositados en Mutuos, que adiciona el pago por comisiones.
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Según información del IPE, la región enfrenta menor inversión en seguridad mientras los delitos se mantienen por encima de niveles históricos.
El presupuesto destinado a seguridad ciudadana en Piura se redujo en 25 % para 2026, al pasar de S/86 millones a S/64 millones, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). La mayor caída se registra en los gobiernos locales, cuyo presupuesto se contrajo de S/45 millones a S/22 millones, en un contexto en el que la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población.
“Las denuncias por extorsión se redujeron de 19 a 10 por cada 100 mil habitantes, pero siguen siendo hasta nueve veces mayores que en 2019”, advierte el informe del IPE. Además, señala que en 2025 se superaron los 130 casos por cada 100 mil habitantes, lo que posicionó a Piura entre las regiones con mayor incidencia de este delito a nivel nacional.
El estudio también alerta sobre el avance de la minería ilegal: “En 2025 se registraron 62 denuncias por delitos vinculados a esta actividad, 44 % más que en 2024”, precisa. La provincia de Sullana concentra cerca de la mitad de estos casos. A esto se suma una limitada capacidad operativa: Piura cuenta con 134 policías por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio nacional de 155, lo que dificulta la respuesta frente a la criminalidad.
En materia de gestión, el IPE advierte que solo 9 de los 65 distritos de Piura cuentan con planes de seguridad actualizados y que el patrullaje integrado apenas alcanza al 58 % de las jurisdicciones. Frente a este panorama, el instituto plantea reforzar la coordinación entre autoridades y mejorar la asignación de recursos para enfrentar de manera más efectiva el avance del delito.
Fuente: Instituto Peruano de Economía
Por tercer año consecutivo, los desembolsos en proyectos de transporte ferroviario, aeroportuario y portuario superarán el umbral de los US$ 1,000 millones.
La inversión en infraestructura bajo el esquema de concesiones mantiene una tendencia positiva y se proyecta que cierre el presente año con un desembolso superior a los US$ 1,300 millones. Según un reporte de Scotiabank, este dinamismo estará liderado principalmente por el sector ferroviario, con una ejecución estimada de US$ 550 millones centrada en los avances de la Línea 2 del Metro de Lima. A este sector le sigue la infraestructura aeroportuaria, que inyectará poco más de US$ 460 millones, principalmente por los trabajos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mientras que los terminales portuarios recibirán más de US$ 160 millones.
El reporte destaca que el primer bimestre de 2026 ha registrado una ejecución de US$ 198 millones en infraestructura de transporte, consolidándose como el inicio de año más activo en el último periodo. En cuanto a la infraestructura vial, la entidad financiera proyecta un aporte superior a los US$ 130 millones, cifra alineada con el promedio de inversión de los últimos cuatro años. Este desempeño se sustenta en el reconocimiento de hitos constructivos en obras emblemáticas como la IIRSA Sur, Tramo 4, que permiten mantener el ritmo de desembolsos en un sector clave para la conectividad nacional.
A pesar de las proyecciones optimistas, el informe subraya que el monto final de la inversión podría incrementarse ante posibles nuevos anuncios. La continuidad de estos proyectos es vital para consolidar la competitividad logística del país en un entorno de alta demanda. Con este tercer año consecutivo superando la barrera de los US$ 1,000 millones, el sector privado reafirma su papel como motor de la infraestructura pública, aunque analistas observan que el cumplimiento de los cronogramas dependerá estrictamente de la estabilidad regulatoria y la gestión eficiente de los contratos vigentes.
Fuente: Perú 21
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