Hace ya varios años, en 2013 publiqué la primera parte de este articulo con el mismo título, desgraciadamente, o no fue tomado en cuenta o no me expresé claramente en la intención de su contenido.

Podría pensarse que un proceso judicial termina con la declaración de inocencia y que este es el final del camino y se cierra el telón del sufrimiento de haber estado sujeto a una presión prolongada. Si así fuera lo que habría que esperar es que los acusadores pidan disculpas por haberse equivocado y que los medios de comunicación lo publiciten en caracteres similares. Que los congresistas y miembros de las ONGs acusadoras sean sancionados por haber realizado acusaciones falsas. Por ejemplo, que se publiquen y desarrollen desmentidos, que se publiciten las sentencias exculpatorias con la misma connotación de la noticia acusatoria para que todo lo que sucedió se conozca y, sobre todo, se haga público que el proceso judicial terminó y se deje de especular con las honras de las personas involucradas en las acusaciones. Suponiendo que así fuese la cosa, que no ha sido en ningún caso, aún queda para el acusado pagar lo que he llamado yo el lucro cesante espiritual y el daño emergente producido como un colateral extrapolado.   Esta es una figura económica, es decir cuando una persona ve dañado un bien hay que resarcirlo y alguien tiene que hacerlo. Ahí está el meollo del asunto, las acusaciones y descréditos dañan la imagen de los acusados, pero quizás con mayor magnitud dañan, con el tiempo que duran los procesos, a las familias, a los amigos y a los allegados que los quieren bien. En muchos casos los acusados soportan una especie de muerte civil mientras duran los procesos judiciales, puesto que se les limita sus movimientos dentro y fuera del territorio y tienen que firmar un cuaderno mensualmente en un juzgado y en algunos casos, en su mayoría, les es imposible conseguir un trabajo pues tienen un certificado de antecedentes negativo.

¿Qué ha pasado con los falsos acusadores? Pues hasta la fecha absolutamente nada, en la mayoría de los casos se van con los bolsillos llenos de las indemnizaciones conseguidas y a arruinarle la vida a otra persona u a otras personas.

Este es el caso por los cuales se juzga a Oficiales y Personal Subalterno de las Fuerza Armada y Policía Nacional que participaron en diversos operativos en defensa del Estado, de la Constitución y de la Democracia para reponer el Orden Público y el principio de Autoridad.

Algunos de ellos han llegado increíblemente a juicios que duran de 38 a 40 años o más. En qué país del mundo existe un proceso judicial tan largo sin una acusación real ni sentencia, ni siquiera un sobreseimiento por falta de pruebas, creo que el Perú es el único país del mundo que tiene estos juicios tan largos, tan tediosos y costosos.

En el caso específico del develamiento del motín en el penal mal llamado Frontón se da una situación singular y evidentemente jalada de los pelos que aún continúa. En 13 oportunidades en los 38 años que dura este proceso nunca ha sido sobreseído, un Tribunal Constitucional declaro prescrito el caso de los acusados y en forma inaudita el siguiente Tribunal Constitucional, festinando la interpretación del honorable juez, ya fallecido, Dr. Vergara que firmara a favor de la resolución de sobreseimiento, lo interpretó en contrario y continuo la acusación contra los miembros de la Fuerza Armada. Creo que esto tiene que detenerse, si bien es cierto que la Corte Internacional de Derechos Humanos pidió que se continuara investigando y sancionara a los que participaron en los presuntos delitos, esto no puede ser un acto interminable o una condena a cadena perpetua sin carcelería física, pero sí espiritual, basta ya, no hay derecho para que esto suceda a los integrantes de la Fuerza Armada que también son seres humanos y tienen familia. No hagamos escarnio con ellos cuando por otro lado se abren las puertas de las cárceles para los delincuentes terroristas miserables que hundieron en la barbarie a nuestro país por más de 20 años y le costaron a un país sub desarrollado millones de dólares. Señores jueces, señores fiscales, hagan honor a su profesión y respeten los derechos humanos de los uniformados, que, aunque ya no vestimos uniforme también lo tuvimos. No considero procedente pedir una amnistía, pues eso se le da a quien cometió un delito y ese no es el caso de los involucrados en este proceso judicial.