“He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE (Consejo Nacional Electoral) se convoque a elecciones”, expresó el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, adelantándose al juicio político que debía continuar ayer en el Congreso del país del norte.

En su mensaje, cuestionó el juicio político en su contra al asegurar que “no existe” en la Constitución de su país la figura legal de “peculado por omisión” que promueven en su contra.

Lasso adoptó esta medida ante la “grave crisis política y conmoción interna”. El debate debía retomarse ayer antes de que se vote la moción de censura, que requería de 92 votos para aprobarse, pero Lasso se adelantó y optó por la denominada “muerte cruzada”.

“Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo”, afirmó el mandatario.

La decisión de Lasso causó diversas reacciones. Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano (PSC), indicó que la muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso es “inconstitucional, sin efecto jurídico, inconveniente y disfraz de dictadura”.

El expresidente Rafael Correa se pronunció a través de las redes sociales: “Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna ‘conmoción interna’. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse”. “En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria”, manifestó.