Lima 10 Jul. (ANDINA) –

El juez supremo Víctor Castillo León destacó la importancia de la herramienta jurídica de extinción de dominio frente a la complejidad de las economías criminales que destruyen nuestro medio ambiente y vulneran la institucionalidad.

Fue al inaugurar, en representación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, el seminario descentralizado ‘La extinción de dominio en la lucha contra los delitos ambientales y el crimen organizado’, con lo cual se dio inició a las actividades por el ‘Día del Juez y la Jueza’ de la institución judicial.

Esta actividad académica, promovida por el Subsistema Especializado en Extinción de Dominio con apoyo de la Unión Europea, cuenta con la participación de juezas y jueces supremos, y de otras instancias, así como personal jurisdiccional

Castillo León señaló que, en los delitos ambientales, comola minería ilegal, tala ilegal y tráfico de fauna silvestre, la eficacia de la extinción de dominio radica en desmantelar las estructuras financieras que alimentan e incentivan el ilícito.

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“Es que, sin logística ni capital de trabajo, la organización criminal queda paralizada”, refirió el también presidente de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

Explicó que la criminalidad compleja no se detiene al encarcelar a los operarios operativos o mandos medios, sino al quebrar el flujo ilícito económico y con extirpar directamente el motor logístico del delito: bienes, maquinarias, dragas, vehículos pesados y cuentas bancarias de empresas fachada.

Sobre la extinción de dominio, el magistrado recalcó que, a lo largo de estos años, ha alcanzado un importante grado de madurez institucional y desarrollo dogmático, consolidándose como un mecanismo fundamental de control social, plenamente compatible y respaldado por el orden constitucional.

“Si bien el derecho de propiedad goza de protección constitucional y es inviolable, su ejercicio solo merece tutela cuando se adquiere y ejerce legítimamente, en armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos por la ley”, expresó.

En ese contexto, sostuvo que los bienes, activos y riquezas de origen o destinación ilícita, obtenidos a costa del grave daño ocasionado al ambiente y mediante actividades vinculadas al crimen organizado, carecen de protección jurídica.

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“En consecuencia, corresponde que dichos bienes sean incorporados al patrimonio del Estado, a fin de garantizar que sean destinados al interés público y evitar que continúen circulando o siendo utilizados para fortalecer las estructuras o economías delictivas”, afirmó.

Bajo esa premisa, el juez supremo resaltó que la Corte Suprema del Poder Judicial y la Coordinación Nacional del Subsistema han diseñado una estrategia territorial que prioriza los recursos físicos e infraestructura permanente a las zonas donde el crimen organizado devasta la naturaleza.

Por ejemplo, mencionó que, en los distritos judiciales de Madre de Dios, Puno, Cusco, Loreto y Ucayali, los juzgados son la primera línea de defensa ambiental.

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Lima 10 Jul. (ANDINA) –

La ciudad del Cusco fue escenario del intercambio de experiencias, estrategias y propuestas entre representantes de los países participantes de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), durante la primera Comisión de Trabajo, denominada “Crimen Transnacional Organizado”, en la que se analizaron los desafíos que enfrentan los Estados frente a las amenazas que trascienden fronteras.

En la sesión,las delegaciones coincidieron en que el crimen organizado transnacional constituye una amenaza multidimensionalque requiere fortalecer la cooperación regional, el intercambio de información e inteligencia, así como la articulación entre los sectores de defensa y seguridad para desarrollar respuestas integrales y coordinadas.
Ecuadorpresentó su experiencia frente al conflicto armado interno que enfrenta, destacando la necesidad de recuperar el control territorial, fortalecer las capacidades de inteligencia, proteger infraestructuras estratégicas y articular acciones entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Asimismo, identificó como principales amenazas al crimen organizado transnacional,

la minería ilegal y las ciberamenazas.

Por su parte,Colombia resaltó la importancia de combatir las estructuras criminalesdesde una perspectiva integral, considerando que estas organizaciones cuentan con presencia en diversos ámbitos de la sociedad y requieren respuestas coordinadas por parte de los Estados.Guatemala señaló que la ciudadanía demanda acciones inmediatasfrente a estas amenazas y destacó la necesidad de enfrentar las redes criminales que buscan afectar la institucionalidad y la confianza en las autoridades.

México planteó la importancia de fortalecer la cooperación internacional frente al crimen organizado, respetando los marcos jurídicos de cada país, mientras que Chile y Uruguay destacaron la necesidad de que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad interna se desarrolle conforme a sus respectivos ordenamientos legales. Santa Lucía expuso sus avances en el fortalecimiento de capacidades de vigilancia marítima, tecnología de seguridad y cooperación con sus aliados regionales.

Como conclusión de la sesión,Ecuador señaló que las amenazas transnacionales requieren evolucionar hacia modelos de defensa multidimensionales, con mayor cooperación internacional, intercambio de inteligencia y acciones conjuntas. Asimismo, planteó fortalecer iniciativas regionales que permitan desarrollar operaciones coordinadas contra el crimen transnacional organizado, tomando como referencia mecanismos de cooperación existentes en el ámbito hemisférico.

La XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, cuya Secretaría Pro Témpore ejerce el Perú para el período 2025-2026, es el principal foro político hemisférico de diálogo y cooperación en materia de defensa. El encuentro se desarrolla del 7 al 10 de julio en la ciudad del Cusco.