Un grave caso que combina política, crimen organizado y decisiones judiciales cuestionadas ha salido a la luz. Brucelee Bermudo Guerra, militante de Alianza para el Progreso (APP) y personaje cercano al gobernador regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima, cuenta con una orden de captura internacional emitida por Estados Unidos por delitos asociados al narcotráfico. Sin embargo, pese a su detención en territorio peruano, fue liberado por decisión de la justicia nacional. Así lo reveló un reciente reportaje del dominical Cuarto Poder.

Según el expediente del Tribunal del Distrito Este de Texas, Bermudo está señalado como uno de los abastecedores clave del Cártel de Sinaloa. Las investigaciones estadounidenses lo vinculan directamente con el envío de hasta dos toneladas mensuales de cocaína desde el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) hacia México, desde donde la droga era distribuida a ciudades como Chicago, Baltimore y Detroit.

Un caso sostenido por pruebas internacionales

La acusación formal incluye interceptaciones telefónicas, reportes de la Embajada de EE.UU. y declaraciones de colaboradores eficaces mexicanos, quienes lo identifican como un operador clave dentro de la cadena de suministro del narcotráfico internacional. Las autoridades norteamericanas sostienen que Bermudo mantenía contacto directo con emisarios del Cártel de Sinaloa y que tenía una estructura operativa dentro del VRAEM para el acopio y envío de droga.

El 27 de octubre, tras semanas de seguimiento, agentes de la DIRANDRO lograron su captura en la provincia de Bagua, región Amazonas. La detención se realizó con fines de extradición, y Bermudo fue trasladado inmediatamente a Lima para continuar con el proceso judicial correspondiente.

La polémica decisión judicial que ordenó su libertad

Pese a la gravedad de las imputaciones, la jueza Lorena Sandoval, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó su libertad inmediata, argumentando que Bermudo acreditó arraigo domiciliario, familiar y laboral en Perú. Esta decisión generó preocupación en los equipos policiales y fiscales, quienes alertaron del riesgo procesal.

La Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas presentó una apelación, subrayando que Bermudo no acreditó domicilio fijo, no tenía empleo estable y, además, fue detenido en una región distinta a la declarada como su residencia. La fiscalía advirtió que existía un evidente peligro de fuga considerando que el investigado enfrentaba cargos por narcotráfico a nivel internacional.

Una doble vida en política y negocios con el Estado

Mientras era investigado por Estados Unidos, Bermudo llevaba en Perú una vida pública activa como empresario y político. Fue candidato a la alcaldía del distrito de Sivia junto al ahora gobernador Wilfredo Oscorima y actualmente está afiliado a Alianza para el Progreso, partido liderado por César Acuña.

En el ámbito empresarial, Bermudo lideró la empresa Consultora Ethan B/A EIRL, que en 2022 facturó más de S/ 6.9 millones en contratos con diversas municipalidades del VRAEM. Además, otra compañía vinculada a su entorno familiar, Corporación Max B&G SAC, obtuvo contratos por más de S/ 3 millones entre 2019 y 2021.