ComexPerú plantea flexibilizar la jornada mínima y el límite de ventas del Nuevo RUS para adaptar la regulación laboral y tributaria a la realidad de estos negocios.

En 2025, las micro y pequeñas empresas (mypes) representaron 99.5% de las empresas del país y generaron 8 millones de empleos, casi la mitad del total nacional, según estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), recogidas por ComexPerú. Pese a ese peso, la informalidad de estos negocios superó los niveles prepandemia: la tasa, medida como la ausencia de registro ante la Sunat, subió de 83.8% a 86.5% entre 2019 y 2025, incluso con menos mypes que antes (5 950 196 al cierre del año pasado, 118 035 menos que en 2019). La mayor parte de esa caída se concentró en el segmento formal, con 179 233 negocios formales menos que antes de la pandemia.

ComexPerú atribuye este estancamiento a la falta de desarrollo de competencias dentro de las mypes, pues el Índice de Capacidad Formal de las Mypes (ICF) obtuvo 24.8 puntos en 2025, un resultado menor al de 2015 y que mantiene al país estancado por más de una década en esta materia. Casi 70% de los dueños de mypes emprendió por motivos económicos, principalmente de subsistencia; solo 21.2% señaló un interés genuino en operar de forma independiente. Apenas 48.9% de estos negocios cuenta con un local propio y, dentro de ese grupo, la mayoría carece de al menos un servicio básico.

Frente a esta realidad, ComexPerú propone dos ajustes normativos: reemplazar el criterio actual, que obliga a pagar la remuneración mínima vital completa a quien trabaja cuatro o más horas diarias en promedio, por un límite de 24 horas semanales con una remuneración mínima por hora; y evaluar el límite de ventas del Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS) a partir del promedio mensual, en lugar del monto puntual, para no penalizar a los negocios con ventas estacionales. Según el gremio, más de 90% de los trabajadores de las mypes no tiene un sueldo fijo y trabaja en promedio 23.5 horas a la semana.

Fuente: ComexPerú

El IPE advierte que el próximo alcalde limeño enfrentará una ciudad con mayor inseguridad y menor margen financiero; Los Olivos registra la segunda tasa más alta de denuncias por extorsión de toda la capital.

La delincuencia y la inseguridad ciudadana se mantienen como el principal problema para los limeños, con 71% de menciones, según Ipsos, seguidas de la corrupción municipal (44%) y el tráfico vehicular (31%). Entre setiembre de 2025 y agosto de 2026, el promedio mensual de denuncias por extorsión en Lima Metropolitana se multiplicó por ocho respecto a 2021, con los mayores incrementos en Lima Sur y Lima Este, donde se multiplicó por 10. A nivel distrital, las tasas más altas de denuncias por cada 100 mil habitantes se registraron en Cercado de Lima (307.3), Los Olivos (171.7), Villa El Salvador (142.5), Pucusana (129.4) y Barranco (128.1), según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE).

A esta agenda de seguridad se suma la debilidad financiera del municipio: el saldo de deuda de la Municipalidad de Lima pasó de S/1400 millones a S/5400 millones entre 2022 y el segundo trimestre de 2026, con lo que el endeudamiento ya equivale a más de tres veces sus ingresos corrientes anuales. En 2026, el pago de intereses superaría los S/400 millones, más del doble que en la gestión anterior (S/174 millones anuales), y el Consejo Fiscal advierte que podría superar los S/500 millones desde 2028.

El IPE también identificó problemas de eficiencia en el uso de los recursos disponibles, pues la compra de motos por S/150 millones entre 2024 y 2025 significó casi el doble del gasto anual en orden interno, pese a que la Contraloría advirtió, en abril de 2025, que muchas de ellas no se estarían usando. A esto se suman los retos del Fenómeno El Niño —Cenepred estima que más de 2 millones de limeños están en riesgo muy alto por inundaciones— y el deterioro social, ya que la pobreza se duplicó entre 2019 y 2025, y Lima concentra hoy más de un tercio de la población pobre del país.

Fuente: El Comercio