Sanciones serán independientes a los procesos en la vía civil y penal

La Contraloría General informó que la facultad sancionadora para inhabilitar a funcionarios y servidores públicos hasta por cinco años se aplica en función de la gravedad de la conducta y es independiente de las acciones legales que puede iniciar la Procuraduría en materia civil y penal, ante el Ministerio Público y el Poder Judicial como resultado de los servicios de control posterior.

Reducir la sensación de impunidad

Recordó también que uno de los objetivos del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) es la sanción del comportamiento funcionalmente irregular, a través de la separación de la función pública de quienes incurren en infracciones graves o muy graves. Dichas infracciones están debidamente descritas en la ley. La aplicación de sanciones efectivas, oportunas y proporcionales permitirá reducir la sensación de impunidad que existe en el país.

22 mil millones de soles de pérdidas por corrupción e inconducta funcional

Según cálculos de la Contraloría, el Estado habría perdido 22 mil 059 millones de soles, producto de la corrupción y la inconducta funcional en la administración pública en el 2020.

El Procedimiento Administrativo Sancionador, previa evaluación, se iniciará a aquellos funcionarios a quienes se hubiera identificado presunta responsabilidad administrativa funcional en los informes de control emitidos por el Sistema Nacional de Control y atribuido la comisión de infracciones graves o muy graves, por hechos ocurridos a partir del 21 de julio del 2021, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 31288.

Si la infracción hubiera solo producido un perjuicio económico, la Contraloría tiene la facultad de no iniciar el PAS, siempre y cuando el monto total de dicho perjuicio no sea mayor a las 8 UIT (actualmente equivalente a S/ 35 200) y que sea imputable solo a título de culpa. Esto no significa que dichos casos queden impunes, pues se procede a comunicar a los órganos competentes para que adopten las acciones que correspondan

Conductas infractoras

La normativa vigente establece clara y adecuadamente las 32 infracciones por responsabilidad administrativa funcional que, previo procedimiento, pueden dar lugar a la inhabilitación para ejercer la función pública.

Las infracciones administrativas graves se sancionan con la inhabilitación de 60 días hasta un máximo de un año; mientras que las infracciones muy graves ameritarán la inhabilitación no menor de uno hasta cinco años. En todos los casos la sanción se establece en función a la gravedad de la infracción cometida, ponderando la posible reincidencia, así como, la existencia de intencionalidad, entre otros factores a analizarse.

Cabe precisar que las sanciones administrativas se aplican a quienes cometan infracciones graves o muy graves, de manera intencional o por no haber actuado con la diligencia esperada.

PAS digital

Con la finalidad de modernizar y agilizar el PAS, se ha previsto el uso intensivo de las tecnologías de la información, a través de la implementación de adelantos como la notificación electrónica obligatoria, que es inmediata y confiable, el uso de la casilla electrónica asignada por la CGR, así como, el expediente digital que facilita el procedimiento y asegura la información que forma parte del mismo.