Luis Miguel Castilla advierte que el próximo gobierno enfrentará riesgos climáticos y fiscales que podrían afectar la recuperación económica.

La economía peruana mantiene señales favorables pese a la incertidumbre generada por el proceso electoral. Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía, sostuvo que antes de la primera vuelta existía un escenario de fuerte optimismo, reflejado en el crecimiento de la inversión privada y mejores expectativas empresariales. 

Aunque la coyuntura electoral afectó la confianza, indicó que el impacto sería temporal y destacó que “ese susto inicial se vio en el incremento del tipo de cambio, pero, a medida que hemos visto los resultados, ha habido una corrección y el tipo de cambio se está fortaleciendo”. En esa línea, remarcó la importancia de preservar la estabilidad institucional y señaló que “es importante que se respete la decisión de la autoridad electoral, de la ONPE, porque si se comienza a cuestionar eso no ayuda a la certidumbre de los entes económicos”.

Castilla proyectó que el Perú mantiene condiciones para crecer alrededor de 3,5% o incluso más durante los próximos años, impulsado por la inversión minera, el dinamismo de la construcción y la demanda interna. Sin embargo, advirtió que el principal riesgo para este escenario es la posible ocurrencia de un Fenómeno de El Niño de gran magnitud. Según explicó, sectores como agricultura, construcción y comercio serían los más afectados por inundaciones, sequías y problemas de abastecimiento que podrían impactar en los precios y el consumo de los hogares. Por ello, enfatizó que “la prevención se hace tarde, mal y nunca” y sostuvo que el primer gran examen del próximo gobierno será su capacidad para prepararse y enfrentar un eventual shock climático.

Castilla también cuestionó las iniciativas impulsadas por el Congreso para ampliar beneficios laborales, al advertir que podrían incrementar el gasto corriente y reducir aún más el margen fiscal de la próxima administración. En ese sentido, consideró necesario debatir no solo las llamadas leyes vinculadas a la inseguridad, sino también las “leyes populistas e irresponsables” que comprometen las cuentas públicas, y afirmó que las demandas ciudadanas deben atenderse “con responsabilidad y seriedad, no regalando plata para ganar popularidad”.

Fuente: Canal N

Las obras públicas paralizadas pasaron de S/21 595 millones en 2022 a S/67 139 millones al cierre de 2025, con transportes, vivienda y salud como los sectores más golpeados, y sin señales de que el ciclo vaya a romperse.

Al cierre de 2025, la Contraloría registró 2416 obras públicas paralizadas a nivel nacional con una inversión inmovilizada de S/67 139 millones, más de lo que el Estado ejecuta en un año en infraestructura. Esto representa un incremento sostenido frente a los S/42 325 millones registrados a setiembre del mismo año y los S/21 595 millones de 2022, lo que evidencia una tendencia que continúa agravándose. El mayor impacto se concentra en transportes y comunicaciones con S/11 827 millones en 631 obras paralizadas, seguido por vivienda, construcción y saneamiento con S/7577 millones, y salud con S/7420 millones.

Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, advirtió que «ninguno de los tres niveles de gobierno funciona bien, y esto tiene que ver con la poca capacidad que tienen las oficinas de ingeniería de los gobiernos regionales y locales». Frente a este escenario, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la desactivación de 120 000 proyectos de inversión pública antes del cierre del actual gobierno como medida para sanear un sistema que acumula un portafolio imposible de absorber.

Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, respaldó la medida y estimó que las deudas de estos proyectos rondan los S/5000 millones: «Más vale liquidar los proyectos y pagar las deudas que continuarlos sin ninguna posibilidad de, efectivamente, lograr que culminen. Son criterios bastante objetivos, no es un tema discrecional, y es una buena señal lo que está haciendo el MEF en línea con la recomendación de la OCDE”. Guillermo Boitano, director de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima, señaló que el patrón se repite: en 2025 dejaron de ejecutar S/425 millones del programa de reducción de vulnerabilidad, y para 2026 el presupuesto cayó 34 % respecto al año anterior, lo que confirma que el problema no es de recursos sino de su gestión.

Fuente: CIP Lima, ComexPerú, Gestión, La República y Gob.pe