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PRODUCE regula la extracción de concha de abanico en el Callao para comercialización y para fines acuícolas
➢ Medida tiene por objetivo garantizar la sostenibilidad, el desarrollo acuícola y la seguridad alimentaria. Además, permitirá abastecer el sector acuícola y generar empleo en la pesca artesanal.
➢ Se estima que, en la última década, la actividad acuícola de la extracción del recurso abanico aportó en la generación de empleo de 2,853 personas como mano de obra directa y, 8,706 personas como mano de obra directa.
En un esfuerzo por equilibrar la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos con el impulso del sector acuícola y garantizar la seguridad alimentaria, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) ha emitido dos Resoluciones Ministeriales importantes para la gestión del recurso concha de abanico (Argopectenpurpuratus) en el banco natural frente al litoral de la Provincia Constitucional del Callao.
Estas nuevas regulaciones buscan gestionar de manera responsable la extracción de la concha de abanico en el Callao, promo. Es así que, se establecen lineamientos específicos que equilibran la conservación del recurso y el fortalecimiento del sector acuícola.
Límite de captura para la preservación del ecosistema
Mediante la Resolución Ministerial N° 00074-2025-PRODUCE, PRODUCE ha establecido un límite máximo de captura permisible de 402.3 toneladas de ejemplares mayores a 65 mm de altura valvar. Esta medida, vigente hasta el 31 de mayo de 2025, responde a las recomendaciones del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), con la finalidad de fijar niveles de explotación responsables para su sostenibilidad, que permita dinamizar la cadena de valor de este recurso en la región.
“La actividad extractiva deberá realizarse exclusivamente en áreas delimitadas y bajo estrictos controles sanitarios y ambientales, asegurando que solo los pescadores artesanales con permisos vigentes participen en esta actividad”, dijo el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos.
Adicionalmente, se ha dispuesto un monitoreo continuo por parte del IMARPE. Por otro lado, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción es responsable de cautelar el cumplimiento de las medidas establecidas para la citada extracción. En caso de alcanzarse el límite de captura antes de la fecha establecida o si se presentan factores ambientales adversos, la actividad será suspendida de manera inmediata para evitar impactos negativos en la población del recurso.
Autorización excepcional para impulsar la acuicultura y la economía local
Por otro lado, la Resolución Ministerial N° 00075-2025-PRODUCE permite, de manera excepcional, la extracción, traslado y abastecimiento con fines acuícolas de conchas de abanico en tallas entre 25 mm y 65 mm. Se ha fijado un límite máximo de 585.83 toneladas, también hasta el 31 de mayo de 2025. Esta decisión responde a condiciones favorables post-El Niño 2023-2024, que favorecen temporalmente el reclutamiento y el incremento de su población, permitiendo su aprovechamiento y fortaleciendo así la seguridad alimentaria y la producción sostenible.
Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, solo embarcaciones pesqueras artesanales con permiso de pesca y habilitación sanitaria vigentes podrán participar en la extracción. El monitoreo y seguimiento del recurso estará a cargo del IMARPE, mientras que la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES) supervisará el cumplimiento de los estándares de inocuidad para asegurar que los productos sean aptos para el consumo humano y el comercio. De igual forma, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción es responsable de cautelar el cumplimiento de la ciada medida.
Compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo productivo
“Con estas medidas buscamos promover la extracción sostenible del recurso concha de abanico, así como la promoción del desarrollo acuícola en el país. La implementación de controles estrictos, fiscalización oportuna y monitoreo constante buscan garantizar un aprovechamiento responsable del recurso, asegurar la inocuidad del producto y fortalecer la cadena productiva de la acuicultura, generando empleo, dinamizando la economía local y contribuyendo al crecimiento del sector pesquero artesanal”, sostuvo el viceministro Barrientos.
Se estima que, en entre los años 2013 y 2023, la actividad acuícola de la extracción del recurso abanico aportó en la generación de empleo de 2,853 personas como mano de obra directa y, 8,706 personas como mano de obra directa.
El Ministerio de la Producción reafirma su compromiso con la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y el bienestar de los pescadores y acuicultores, promoviendo políticas que favorezcan la conservación, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de manera equilibrada y sostenible.
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Desde septiembre, OxI Exprés suma dos proyectos y Servicios por Impuestos no tiene procesos
Mientras Obras por Impuestos marca un récord de S/10 263 millones adjudicados, especialistas señalan trabas de gestión en regiones y piden centralizar las contrataciones de emergencia.
A inicios de septiembre, el Gobierno lanzó OxI Exprés, una versión simplificada de Obras por Impuestos (OxI), y un Servicios por Impuestos (SxI) de emergencia para enfrentar el Fenómeno El Niño. Según ProInversión, el régimen excepcional del Decreto de Urgencia 010-2026 registra solo dos adjudicaciones, por poco más de S/6 millones: la reparación de diques en Ica y el reforzamiento estructural de un canal en Cañete, promovidas por las municipalidades distritales de San José de Los Molinos y Santa Cruz de Flores. En SxI hay 167 intervenciones priorizadas, 22 de ellas de emergencia, pero ningún proceso de selección activo. Gonzalo Pereyra, presidente ejecutivo de ProBienes Capital, comentó: “Todavía falta ver más movimiento [de adjudicaciones]”.
Los especialistas apuntan a razones sobre todo de gestión. Karen Ángeles, socia de Hundskopf & García Nores Abogados, recordó que las convocatorias las realiza cada entidad pública y que, en el cambio de administraciones, “no quieren comprometerse, lo que llevará el asunto hasta enero”. Propuso que ProInversión centralice las contrataciones de emergencia hasta que los nuevos funcionarios se adecúen. ProInversión indicó que debe esperar los documentos base que las entidades envíen tras contratar directamente el servicio. Sobre la intervención de la Contraloría durante el proceso, y no antes de adjudicar, Pereyra afirmó: “Tiene sentido la excepción, pero el reto está en acelerar las cosas a nivel regional y local”.
El mecanismo llega con respaldo. Hasta el 22 de octubre se adjudicaron 761 intervenciones OxI por S/10 263 millones en 2026, tres veces el monto del mismo periodo de 2025, y el 64% de las 374 entidades que lo usaron lo hizo por primera vez. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, indicó a Gestión que se promoverá el “Saldo de Obras por Impuestos”, sin nueva normativa. Ángeles y Pereyra consideran que el plazo para sumarse, hasta el 31 de diciembre de 2027, podría ser corto, pues la reconstrucción posterior al fenómeno toma tiempo.
Fuente: Gestión
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Minem reemplaza inspecciones en campo por revisión de documentos para autorizar a mineros informales
El decreto se publica a menos de dos meses del vencimiento del Reinfo, con el objetivo de reducir tiempos y costos, mientras el Ejecutivo propone una nueva ley para la pequeña minería.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vence el 31 de diciembre de 2026, según la Ley 32537, y el Gobierno ya anunció qué quiere después: una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento. Según sus considerandos, la propuesta eliminaría la protección legal de algunos operadores que, bajo la condición de informales, estarían haciendo minería ilegal. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, declaró a RPP: “El Reinfo hoy día, tal como está, tiene un paraguas legal que protege sobre todo a los mineros ilegales”. “No vamos a hablar de los mineros informales que quieren trabajar bien y vamos a ayudarlos para que se formalicen”, añadió.
En paralelo, un decreto supremo publicado el 2 de noviembre en El Peruano cambió la forma en que el Minem verificará los requisitos de quienes piden autorización para operar. La Dirección General de Formalización Minera revisará la información y los documentos desde una oficina, en lugar de basar la verificación en una inspección en el lugar donde trabaja el minero. La norma modifica el artículo 32 del Decreto Supremo 018-2017-EM y exige comprobar las condiciones del artículo 31, antes de otorgar la autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación o beneficio y el título de concesión de beneficio.
Los considerandos justifican el cambio en la necesidad de simplificar el trámite: “Reducir los tiempos de evaluación y los costos asociados, sin comprometer la rigurosidad técnica de las evaluaciones”. El decreto añade que, si una autorización se emite sin cumplir lo exigido, la autoridad competente deberá declararla nula, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es decir, el procedimiento se agiliza, pero se mantiene la obligación de comprobar que se cumplan las condiciones.
Fuente: RPP
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