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Programa de Recompensas facilitó captura de 690 acusados por violación de menores

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Programa de Recompensas facilitó captura de 690 acusados por violación de menores


El Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) facilitó la detención de 690 acusados por violación sexual de menores, con lo cual este delito es el que registra el mayor número de capturas que fueron posibles gracias a la información idónea y oportuna de ciudadanos que colaboraron con la Policía Nacional del Perú (PNP), informó este portafolio.

La cifra representa el 51 % del total de presuntos delincuentes incluidos en la lista de “Los más buscados” por este delito, que asciende a 1,342.

El delito de violación sexual de menores de edad es el que tiene el mayor número de capturas realizadas con apoyo de ciudadanos que colaboraron a través del Programa de Recompensas del Mininter, entre el año 2016 y lo que va del 2023.

Le siguen el robo agravado (257 detenciones), el tráfico ilícito de drogas (249), el homicidio calificado culposo y simple (226), los actos contra el pudor en menores (105), la asociación ilícita para delinquir (81), la extorsión (50) y el feminicidio (50).

En cada uno de los casos mencionados, el número de capturas supera el 50 % de la cifra de presuntos delincuentes incluidos en la lista de “Los más buscados” por la perpetración de estos delitos, de acuerdo con información de la secretaría técnica de la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad (Cercri).

El Programa de Recompensas del Mininter ofrece un beneficio económico a quienes brinden información que facilite la captura de personas con requisitoria u orden de detención preliminar.

Asimismo, a aquellos ciudadanos que entreguen información idónea de nivel significativo que permita desarticular una organización criminal o capturar a los autores o partícipes del delito de lesividad. De esa manera, promueve la colaboración ciudadana en la búsqueda de individuos solicitados por la justicia.

Inclusión en la lista de “Los más buscados”

El Mininter recuerda que la Policía Nacional es la entidad que tiene la misión de presentar propuestas de ingreso a esta lista, a través de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), que tiene a su cargo formalizar la propuesta a la Cercri.

Las unidades especializadas de la PNP, previa evaluación de las personas requisitoriadas por delitos de crimen organizado y delitos de alta lesividad, remiten las propuestas a la Dirnic, que evalúa y remite la propuesta a la Cercri, a fin de solicitar que ingresen a la lista de “Los más buscados”.

Si aprueba la propuesta de la PNP, la comisión evaluadora ingresa los datos de la persona requisitoriada a la lista de “Los más buscados”, y establece el monto de ofrecimiento de recompensa para quien brinda información que facilite su captura. Toda la información mencionada se publica en el sitio web: www.recompensas.pe

Aquellos ciudadanos que tengan información sobre los prófugos incluidos en esta lista pueden cooperar con las autoridades llamando al 0800 40 007, de manera gratuita y con todas las garantías de seguridad y confidencialidad.

Fuente: Andina



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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.

El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.

Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.

Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.

Fuente: Minart

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.

Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.

La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.

Fuente: Gestión

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