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Proponen antejuicio político para miembros de la ONPE y del JNE
Iniciativa alcanza también a los integrantes de la JNJ y del Reniec. Proyecto plantea que dichos funcionarios puedan ser acusados por delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después.
En medio de los muchos cuestionamientos a las gestiones de Jorge Salas Arenas y Piero Corvetto, el congresista de Acción Popular Wilson Soto presentó un proyecto de ley en el cual propone que los miembros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sean sometidos a juicio y antejuicio político.
La iniciativa de Soto plantea modificar el artículo 99 de la Constitución Política del Perú (CPP) a fin de que los titulares de los organismos anteriormente mencionados puedan ser acusados “por infracción de la Carta Magna y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”.
En atención a la última exhortación del @TC_Peru al @congresoperu, sobre la reforma del artículo 99 de la Constitución, presentamos el Proyecto de Ley 4477/2022-CR (https://t.co/9OGyRpT0YQ ) para que altos funcionarios sean sometidos a juicio político y antejuicio político. pic.twitter.com/WF6A8ttPQc
— Wilson Soto Palacios (@wilsonsotop) March 15, 2023
En la actualidad, el citado artículo de la CPP solo faculta a la Comisión Permanente del Congreso a acusar ante el Poder Legislativo al Presidente de la República, a los parlamentarios y a los ministros de Estado a través del antejuicio político. Los altos funcionarios de la JNJ, del Reniec, de la ONPE y del JNE no están comprendidos en dicho artículo.
En ese sentido, la propuesta del congresista Wilson Soto señala que, si bien los altos funcionarios públicos deben tener una protección especial, estos también deben ser pasibles de control, control que no se puede ejercer contra los funcionarios de las citadas instituciones debido a la omisión del artículo 99.
El proyecto legislativo apepista recuerda además que el propio Tribunal Constitucional (TC) -en el año 2012- observó la necesidad de actualizar la Constitución Política de 1993 para formalizar el control político, no solamente en el caso del presidente del JNE, sino también para los miembros del Pleno y los jefes de la ONPE y del Reniec.
Entre quienes respaldaron la iniciativa de su colega están los parlamentarios José Arriola, Karol Paredes, Hilda Portero, Pedro Martínez y María del Carmen Alva. El oficio fue presentado el reciente 14 de marzo y está dirigido a la segunda legislatura ordinaria 2022.
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Perú impulsa mayor integración en el CPTPP y refuerza alianzas con ASEAN y la Unión Europea
Destacando ante los países miembros la necesidad de impulsar acciones que permitan aprovechar mejor las oportunidades derivadas del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, participó en diversas reuniones en el marco de la comisión de este acuerdo, que se desarrolla en Melbourne, Australia.
Esta intervención se realizó durante la primera edición de los Diálogos de Comercio e Inversión con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y con los países de la Unión Europea, los cuales tuvieron lugar en el marco de la Reunión de la Comisión del CPTPP. En esta, los países también discutieron cómo este bloque puede hacer frente a las condiciones actuales del comercio internacional.
La ministra destacó que se debe seguir trabajando en facilitar el uso efectivo de las preferencias de este acuerdo comercial por parte de las empresas. Por ello, en conjunto, se deben crear las condiciones para que las oportunidades se conviertan en crecimiento y competitividad. Además, manifestó la importancia de cooperar con ambos bloques en temas de comercio electrónico, facilitación de comercio y la resiliencia de las cadenas de suministro.
Durante el diálogo de los ministros con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, las autoridades coincidieron en respaldar el comercio abierto y basado en normas, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como eje central.
“El Perú considera importante seguir impulsando iniciativas conjuntas en el marco de la OMC, ya que estas ofrecen vías prácticas para apoyar su modernización en un momento en que lograr avances multilaterales ha resultado complejo,” anunció la titular del Mincetur.
Mientras que, en el espacio de discusión con la Unión Europea, la ministra de Comercio Exterior y Turismo resaltó el potencial de colaboración entre ambos bloques en materia de comercio digital, frente a lo que propuso la elaboración de un plan de trabajo para incentivar la cooperación en esta materia, que posteriormente sirva de base para reforzar la labor en el marco de la OMC.
Como se recuerda, el CPTPP es uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo, está conformado por Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. En su conjunto, representan el 15% del PBI mundial.
Reunión bilateral
La ministra Mera también sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda, Sr. Todd McClay, con el objetivo de impulsar el proceso de adhesión del Perú al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA, por sus siglas en inglés). Con este acuerdo, el Perú busca cooperar con Chile, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Singapur en materia de promoción del aprovechamiento de nuevas tecnologías.
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ELECCIONES 2026: CRECE ALARMA POR POSIBLE INFILTRACIÓN DE ECONOMÍAS ILEGALES EN EL FINANCIAMIENTO POLÍTICO
Expertos advierten que el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías criminales estarían interviniendo en campañas locales y nacionales para influir en decisiones de gobierno.
A menos de seis meses de las elecciones generales de 2026, persiste una preocupación de fondo en la agenda pública: la creciente infiltración del dinero proveniente de actividades ilícitas —como el narcotráfico, la minería ilegal y la tala ilegal— en el financiamiento de partidos políticos, tanto nuevos como tradicionales. Diversos especialistas coinciden en que estas economías criminales estarían utilizando su influencia económica para sostener campañas electorales y condicionar decisiones futuras de autoridades elegidas.
“Las campañas dependen casi por completo de grupos de poder económico y mafias criminales”, afirma el analista político Jaime del Castillo. Para él, resulta ingenuo creer en la transparencia del financiamiento partidario. “Solo un Estado con voluntad política y personas decentes podría detectarlo y enfrentarlo”, asegura el analista. La preocupación se extiende a quienes han tenido experiencia directa en el manejo del Estado. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, lamenta la ausencia de una estrategia integral contra actividades ilegales. “Esto no es espontáneo, es organizado para que no cambie”, advierte. Castilla también cuestiona que la normativa vigente impide el uso de tecnologías para rastrear operaciones ilícitas.
En Cusco, la abogada Tika Luisar, presidenta de la Comisión de Juristas de la región, apunta que actividades como “la minería ilegal, en muchos sectores, está buscando cuotas de poder para tener espacios en los sectores de decisión política”. Consideró, además, que la falta de fiscalización en zonas mineras ha permitido el crecimiento de redes ilegales al margen de la ley, que también amenazan la transparencia institucional y la independencia pública. La preocupación es transversal.
Desde Arequipa, la congresista Flor Pablo enfatiza que la minería ilegal sigue creciendo gracias a acuerdos de conveniencia entre actores políticos y redes criminales. “Basta ya de permisos sin control. No vemos voluntad política para erradicar este problema”, advirtió. Por su parte, el economista ayacuchano Raúl Vegas Morales advierte que el contexto electoral de 2026, con 39 partidos inscritos, dificulta aún más el control de estas prácticas: “La fragmentación permite que dinero ilícito se infiltre sin mayores filtros en campañas locales y nacionales”.
Los especialistas coinciden en que la infiltración del crimen organizado en la política es una amenaza directa a la democracia. Si no se articulan mecanismos efectivos de transparencia, la independencia del próximo gobierno —y la integridad del proceso electoral— estarán en entredicho.
Fuente: Lima Conecta, Conecta Piura, Cusco Informativa, Arequipa Hoy y Ayacucho te informa
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