Expertos advierten que el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías criminales estarían interviniendo en campañas locales y nacionales para influir en decisiones de gobierno.

A menos de seis meses de las elecciones generales de 2026, persiste una preocupación de fondo en la agenda pública: la creciente infiltración del dinero proveniente de actividades ilícitas —como el narcotráfico, la minería ilegal y la tala ilegal— en el financiamiento de partidos políticos, tanto nuevos como tradicionales. Diversos especialistas coinciden en que estas economías criminales estarían utilizando su influencia económica para sostener campañas electorales y condicionar decisiones futuras de autoridades elegidas.

“Las campañas dependen casi por completo de grupos de poder económico y mafias criminales”, afirma el analista político Jaime del Castillo. Para él, resulta ingenuo creer en la transparencia del financiamiento partidario. “Solo un Estado con voluntad política y personas decentes podría detectarlo y enfrentarlo”, asegura el analista. La preocupación se extiende a quienes han tenido experiencia directa en el manejo del Estado. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, lamenta la ausencia de una estrategia integral contra actividades ilegales. “Esto no es espontáneo, es organizado para que no cambie”, advierte. Castilla también cuestiona que la normativa vigente impide el uso de tecnologías para rastrear operaciones ilícitas.

En Cusco, la abogada Tika Luisar, presidenta de la Comisión de Juristas de la región, apunta que actividades como “la minería ilegal, en muchos sectores, está buscando cuotas de poder para tener espacios en los sectores de decisión política”. Consideró, además, que la falta de fiscalización en zonas mineras ha permitido el crecimiento de redes ilegales al margen de la ley, que también amenazan la transparencia institucional y la independencia pública. La preocupación es transversal.

Desde Arequipa, la congresista Flor Pablo enfatiza que la minería ilegal sigue creciendo gracias a acuerdos de conveniencia entre actores políticos y redes criminales. “Basta ya de permisos sin control. No vemos voluntad política para erradicar este problema”, advirtió. Por su parte, el economista ayacuchano Raúl Vegas Morales advierte que el contexto electoral de 2026, con 39 partidos inscritos, dificulta aún más el control de estas prácticas: “La fragmentación permite que dinero ilícito se infiltre sin mayores filtros en campañas locales y nacionales”.

Los especialistas coinciden en que la infiltración del crimen organizado en la política es una amenaza directa a la democracia. Si no se articulan mecanismos efectivos de transparencia, la independencia del próximo gobierno —y la integridad del proceso electoral— estarán en entredicho.

Fuente: Lima Conecta, Conecta Piura, Cusco Informativa, Arequipa Hoy y Ayacucho te informa