La virtual candidatura de Alberto Fujimori a la Presidencia de la República para las elecciones generales del 2026 ha generado diversas reacciones. Desde Fuerza Popular toman con optimismo esta posible postulación. El subsecretario general de esta agrupación política, Miguel Torres, se mostró confiado en que esto será ratificado por aclamación y recibirá el apoyo de la dirigencia y bases del partido.

“Yo sí encuentro argumentos como para decir que nadie puede limitar el derecho de una persona a postularse, a ser elegido. Más aún si es que consideras que hay un principio natural y es un principio en el cual se rige también nuestra Constitución y es que no se puede agravar la pena de una persona de una manera posterior”, dijo Torres ante las versiones que indican que Fujimori no podría postular porque fue condenado por un delito doloso.

Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, señaló que este reúne los requisitos del art. 106 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) para ser candidato a presidente de la república. “Asimismo, no se encuentra incurso en ninguno de los impedimentos señalados en el art. 107 del mismo cuerpo legal, por lo que su decisión de postular a la presidencia (…) es conforme a ley”, aseguró.

Por su parte, Ernesto Blume, exmagistrado de Tribunal Constitucional (TC), dijo que Fujimori no está apto para postular a las elecciones, al considerar que el indulto humanitario por el que fue beneficiado lo exime de cumplir la condena dentro de una prisión, pero no extingue la responsabilidad penal.

“El anuncio de la candidatura del expresidente Fujimori no es congruente con los motivos por los que se le concedió el indulto. Recordemos que fue indultado por razones humanitarias al encontrarse en delicado estado de salud”, refirió.

KATHERINE AMPUERO: NO PUEDE POSTULAR

Igualmente, la exprocuradora Katherine Ampuero, dijo que Fujimori no puede postular a cargos de elección popular por impedimentos legales y constitucionales. “Está en la ley electoral que señala claramente que una persona que ha sido condenada por delito de peculado no puede postular a un cargo de elección popular”, precisó.

El canciller Javier González-Olaechea Franco y su homólogo suizo Ignazio Cassis revisaron la relación bilateral con motivo de los 140 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Suiza, así como los 60 años de cooperación suiza en el país.

En la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores destacó la relevancia de la visita de su homólogo y celebró que el Gobierno suizo haya incluido a Perú en el tercer bloque regional de su Estrategia para las Américas 2022 – 2025.

Las delegaciones de Perú y Suiza discutieron la situación del Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y celebraron la realización, en junio pasado, de la primera ronda de negociaciones para el protocolo modificatorio del Acuerdo para Evitar la Doble Imposición (CDI). También abordaron temas medioambientales, culturales, regionales y multilaterales.

Por su parte, el canciller suizo Ignazio Cassis reafirmó el compromiso de Suiza de continuar apoyando el proceso de adhesión de Perú a la OCDE mediante propuestas concretas de cooperación para implementar las recomendaciones de dicha organización.

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Además, en presencia de los cancilleres, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, y el embajador de Suiza en Perú, Paul Garnier, firmaron un acuerdo interinstitucional para el proyecto «Fondo de asistencia técnica en movilidad urbana sostenible«, junto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Este proyecto será financiado por la Cooperación Económica de Suiza (SECO) con un monto máximo de 5 millones de francos suizos que no deberán ser reembolsados.

Los ministros Javier González-Olaechea e Ignazio Cassis inauguraron la exposición documental y fotográfica «Perú y Suiza: 140 años juntos«.

Esta exposición ofrece un recorrido por este período de amistad, marcado por un respeto mutuo y beneficios compartidos, fundamentado en principios comunes como la institucionalidad democrática y la protección de los derechos humanos.