El 8 de octubre, dirigentes en Juliaca advirtieron que rechazarán a cualquier político que “terruquee” a la población puneña. Abucheos, lanzamiento de huevos y resguardo policial marcaron la jornada.

¿Quién? Dirigentes y ciudadanos de Puno. ¿Qué? Advirtieron que replicarán el rechazo mostrado a Phillip Butters contra Rafael López Aliaga u otros políticos que “terruqueen” a la población. ¿Cuándo y dónde? El 8 de octubre de 2025, a las afueras de Radio La Decana, en Juliaca (Puno). ¿Por qué? Por declaraciones previas de Butters que pidieron “meter un balazo en la cabeza” a manifestantes del sur. ¿Cómo? Con abucheos, lanzamiento de huevos y presencia policial para contener incidentes.

Antecedentes y contexto

La tarde del 8 de octubre de 2025, el precandidato presidencial Phillip Butters llegó a Radio La Decana en Juliaca. A su arribo, un grupo de ciudadanos lo recibió con abucheos y huevos, y la PNP tuvo que intervenir para evitar mayores disturbios; el comunicador se refugió dentro de una oficina del medio. Testimonios recogidos en el lugar atribuyeron la reacción a los comentarios de Butters durante 2021–2022, cuando, en su programa “Combutters”, cuestionó a un jefe policial por no “meter un balazo en la cabeza” a manifestantes del sur. Aquellas expresiones fueron ampliamente criticadas en su momento por organizaciones de prensa.

Desde los exteriores de la radio, dirigentes locales señalaron que el trato de rechazo no será exclusivo para Butters y que se extenderá a Rafael López Aliaga u otros políticos si recurren al “terruqueo” contra los puneños. “Atrévanse a terruquearnos”, advirtieron.

Declaraciones y posturas de actores relevantes

• Ciudadanos de Juliaca: convocaron a no recibir a figuras que, a su juicio, estigmatizan a la región; mencionaron expresamente a Butters y al alcalde de Lima Rafael López Aliaga.
• Phillip Butters: antes de retirarse, justificó su postura señalando que las movilizaciones “fueron saboteadas por infiltrados” y que, si bien deben investigarse las muertes ocurridas en el sur, también hubo “actos subversivos” que merecen sanción.
• Rafael López Aliaga: en días recientes se mostró dispuesto a viajar a Puno; su entorno ha sido parte de cruces políticos con Butters en la campaña. ([Facebook][3])

Cifras, documentos y datos oficiales

• Hechos del 8 de octubre: medios nacionales y registros audiovisuales reportaron agresiones con huevos y piedras, presencia de al menos cinco agentes de la PNP y la evacuación del comunicador desde la sede radial. ([La República][2])
• Frase de 2022: el registro de prensa da cuenta de la pregunta de Butters —“¿Por qué no les han metido un balazo en la cabeza?”— durante una entrevista televisiva sobre protestas en el sur.

Implicancias políticas y sociales

El episodio reactiva la tensión entre el discurso político y las secuelas de las protestas 2022–2023 en el sur andino. En Puno, donde la memoria de las muertes y heridos sigue presente, el “terruqueo” se percibe como ofensa y estigmatización, y genera resistencia organizada frente a visitas proselitistas. La advertencia a López Aliaga anticipa escenarios de conflictividad si los actores políticos no moderan su lenguaje y no establecen canales de diálogo con liderazgos locales.

En paralelo, el clima nacional está atravesado por casos que erosionan la confianza institucional. La abogada Giovanna Vélez Fernández denunció que la exfiscal de la Nación Patricia Benavides plagió íntegramente un artículo suyo de 2007 en una tesis doctoral, lo que reaviva el debate sobre ética pública.

Asimismo, una nota de verificación periodística difundió una comparación de ingresos: con su remuneración, la presidenta Dina Boluarte podría adquirir un iPhone 17 Pro Max en 3 días y 12 horas, mientras que un jubilado de la ONP (S/600 mensuales) demoraría casi 7 meses; la pieza busca ilustrar brechas económicas, aunque no implica gasto efectivo de fondos públicos para ese equipo puntual.

Próximas acciones, escenarios posibles

• Visitas de campaña: si López Aliaga u otros líderes anuncian actividades en Puno, se prevén operativos policiales y acciones de contingencia por parte de autoridades locales para evitar nuevos incidentes.
• Riesgos legales y electorales: persistir en discursos estigmatizantes puede acarrear denuncias por apología o incitación y costos electorales en regiones donde el recuerdo de víctimas permanece. (Inferencia sustentada en el contexto y los hechos descritos).
• Transparencia y ética: el caso Benavides continuará en la agenda pública y podría derivar en acciones académicas o judiciales; el gobierno afronta escrutinio sobre compras y asignaciones tecnológicas tras licitaciones previas para dispositivos móviles.

Panorama

Los incidentes en Juliaca confirman que en Puno existe tolerancia cero frente al “terruqueo” y que cualquier acto proselitista que ignore ese umbral social enfrentará respuestas de rechazo. En un contexto atravesado por desconfianza institucional y retórica polarizante, los actores políticos que busquen respaldo en el sur deberán moderar el lenguaje, reconocer agravios y abrir espacios de diálogo con la ciudadanía.