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¿QUÉ ESPERA EL CONGRESO PARA ACTUAR? –
La revelación de audios presuntamente atribuidos al ministro del Interior, Juan Santiváñez, ha generado un profundo revuelo en el escenario político peruano. Estos audios involucran al gobierno de Dina Boluarte en supuestos intentos de desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y en la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el Congreso de la República, en su mayoría, ha mostrado una notable reticencia a tomar acciones inmediatas, como la interpelación o censura del ministro, lo que evidencia una preocupante falta de interés en el control político.
Los congresistas de diversas bancadas, especialmente aquellos que conforman la autodenominada coalición Bloque Democrático, han optado por cuestionar la autenticidad de los audios en lugar de priorizar una investigación profunda. Si bien es comprensible que se requiera la verificación de pruebas antes de tomar decisiones precipitadas, la negativa a siquiera considerar la posibilidad de interpelar al ministro Santiváñez revela una tendencia a minimizar las denuncias graves que podrían comprometer la integridad del gobierno y la institucionalidad del país.
Por otro lado, el pedido de congresistas como Héctor Ventura de Fuerza Popular y Roberto Chiabra de Alianza Para el Progreso, de realizar un peritaje de los audios antes de proceder con cualquier acción política, podría interpretarse como un intento de dilatar el proceso y evitar un enfrentamiento directo con el Ejecutivo. Este enfoque refleja una actitud que, más allá de la prudencia, podría estar socavando la necesaria labor de fiscalización que debe ejercer el Congreso, permitiendo que la impunidad y la falta de transparencia prevalezcan en la administración pública.
Finalmente, mientras algunos sectores de la oposición, como el Bloque Democrático Popular, han manifestado su indignación y exigido la salida inmediata del ministro, la mayoría de las bancadas parecen decididas a proteger al gobierno de Boluarte, ignorando la gravedad de las denuncias. Este comportamiento no solo debilita la función de control del Legislativo, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en sus representantes, quienes deberían velar por la probidad en el manejo de los asuntos públicos. Es imperativo que el Congreso asuma con responsabilidad su rol fiscalizador y que las denuncias sean investigadas con rigor para garantizar que la verdad salga a la luz y se haga justicia.
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ONPE reafirma colaboración con la justicia y responde a requerimientos sobre la jornada electoral –
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reafirmó su disposición para colaborar con todas las investigaciones, denuncias y requerimientos de información derivados de la reciente jornada electoral. A través de un comunicado oficial, el organismo aseguró que atiende estas solicitudes de forma paralela al procesamiento y cómputo de resultados, garantizando la transparencia del proceso mientras se somete a la fiscalización ciudadana y judicial.
La institución admitió que el retraso en la distribución de material electoral en sectores de Lima Metropolitana vulneró el derecho al sufragio de miles de ciudadanos. Ante esta situación, la ONPE ofreció disculpas públicas y recordó que, por iniciativa propia, se gestionó ante el JNE la jornada de votación extraordinaria realizada este lunes, la cual permitió completar el proceso en los recintos afectados.
El organismo electoral enfatizó su voluntad de contribuir con el esclarecimiento de responsabilidades, señalando que sus funcionarios están prestos a colaborar con cualquier proceso indagatorio. Asimismo, hizo un llamado a los actores políticos y a la ciudadanía a esperar los resultados con serenidad, exhortando al respeto irrestricto de la institucionalidad democrática en un contexto de alta complejidad política.
Balance de la jornada electoral nacional
Pese a los incidentes focalizados, la ONPE destacó que el domingo 12 de abril se logró la instalación del 99.8% de las mesas de sufragio a nivel nacional. Actualmente, los protocolos de traslado de actas y publicación de votos se desarrollan con normalidad, mientras la entidad ya se prepara para los próximos comicios regionales y municipales, reafirmando su papel central en la organización técnica de la democracia peruana.
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