Dos depósitos bancarios, acuerdos para la liberación de aguas de Pultocc Grande y Agnoccocha y un antecedente judicial por presunta apropiación ilícita forman parte de una denuncia que compromete a integrantes de la comunidad campesina.

El manejo de los recursos destinados a la liberación de las aguas de las lagunas Pultocc Grande y Agnoccocha ha puesto en el centro de la investigación a César Clemente Cayetano y Toribio Conce Canales, integrantes de la Comunidad Campesina de Salcca Santa Ana. La controversia gira en torno a S/ 120 mil entregados por la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco – Clase C, cuyo destino es cuestionado en una denuncia presentada por la propia organización comunal.

Los movimientos bancarios corresponden a dos depósitos de S/ 60 mil, realizados el 20 de octubre y el 13 de noviembre de 2025, en una cuenta compartida por Cayetano y Conce Canales. Según la denuncia, el dinero no habría sido entregado a la comunidad, pese a estar vinculado a los acuerdos para la liberación del recurso hídrico. La situación plantea interrogantes sobre el manejo de los fondos y la intervención de quienes participaron en las negociaciones.

Uno de los puntos más delicados del caso está relacionado con la representación comunal. La denuncia cuestiona que César Clemente Cayetano se hubiera presentado como presidente de la denominada Junta de Administración Local Centro Santa Ana y representante de la comunidad, pese a que, según lo denunciado, dicha instancia no estaría reconocida en el estatuto comunal ni contaría con personalidad jurídica o facultades para ejercer esa representación. Este aspecto resulta relevante para esclarecer bajo qué condiciones se realizaron los acuerdos y quiénes estaban autorizados para comprometer los intereses de la comunidad.

La investigación también comprende a una tercera persona identificada con las iniciales L. Q. R. R. y considera presuntos delitos de estafa, banda criminal y falsedad ideológica. Corresponderá a las autoridades determinar la participación de cada involucrado y esclarecer las circunstancias en que se recibieron y administraron los recursos.

A este escenario se suma un antecedente judicial de César Clemente Cayetano, quien figura como denunciado en un proceso por presunta apropiación ilícita tramitado ante la fiscalía provincial Penal Corporativa de Castrovirreyna. El registro consigna el estado “con acusación” al 2 de junio de 2023. Este dato corresponde a una acusación fiscal y no representa una sentencia condenatoria.

Según versiones de algunos comuneros, existe indignación frente a los malos elementos señalados, a quienes cuestionan por presuntamente anteponer intereses particulares al desarrollo de Salcca Santa Ana. Mientras un sector de la comunidad impulsa iniciativas para mejorar las condiciones de vida de su población, otros comuneros estarían utilizando el nombre y la representación comunal para obtener beneficios propios. Estas opiniones reflejan el malestar por un caso que no solo involucra una suma considerable de dinero, sino también la confianza y los intereses colectivos de la organización. Los comuneros esperan que se esclarezca quiénes intervinieron en los acuerdos, dónde terminaron los S/ 120 mil y si se utilizó indebidamente la representación de la comunidad. De comprobarse las irregularidades denunciadas, los responsables deberán responder ante la justicia.

En tal sentido, este nuevo enfoque pone el acento en la representación comunal cuestionada y el posible uso de una instancia no reconocida para comprometer los intereses de la comunidad. Ese es un aspecto más sustancial que repetir únicamente la ruta de los depósitos.

El gremio sostiene que la cooperación con el Estado, que incluye salud y accesos al aeropuerto Jorge Chávez, debe convertirse en política de Estado con reglas claras.

El sector privado propone financiar una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés) para apoyar al Estado en la identificación, priorización y gestión de intervenciones que reduzcan los riesgos asociados al Fenómeno El Niño. ComexPerú precisa que la iniciativa busca poner capacidades técnicas y de gestión al servicio de una necesidad pública. Según el gremio, “no hablamos de sustituir al Estado, sino de fortalecerlo para que pueda actuar oportunamente y evitar que, una vez más, las emergencias nos encuentren desprevenidos”.

ComexPerú agrega que la articulación con privados ya muestra resultados en otros frentes. En salud, se encuentran los hospitales gestionados por IBT y los servicios logísticos de Salog para EsSalud, además de la Torre Trecca, de Auna, que ampliaría la atención a los asegurados. En infraestructura, destaca el mecanismo de obras por impuestos, que adjudicó proyectos por más de S/9400 millones entre enero y setiembre de 2026, un récord histórico. Entre las propuestas figura un viaducto elevado sobre la avenida Faucett, de hasta US$180 millones, que uniría la Línea Amarilla con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

ComexPerú plantea que la colaboración público-privada no dependa de voluntades aisladas y se convierta en política de Estado, con reglas claras, seguridad jurídica, instituciones sólidas y funcionarios dispuestos a trabajar con el sector privado. Pide, además, que las autoridades actúen con urgencia, articulen esfuerzos y faciliten la ejecución de estos proyectos. En esa línea, afirma que “el desarrollo no se construye desde la confrontación, sino desde la colaboración”.

Fuente: ComexPerú