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¿Qué son los auquénidos y cuál es la diferencia entre alpaca, llama, vicuña y guanaco? – Diario Nacional Realidad.PE
Por Luis Zuta Dávila
Cuando vemos una llama, alpaca o vicuña muchas veces nos confundimos al pensar que son lo mismo y no lo son, y tampoco son los únicos auquénidos que existen en nuestro país porque a ellos hay que añadir al guanaco. Se trata de cuatro especies con características propias que conforman la familia de los camélidos sudamericanos.
Los camélidos (Camelidae) son una familia de mamíferos artiodáctilos del suborden tilópodos formada por tres géneros actuales y ocho extintos. El género Camelus —camello bactriano, camello salvaje y camello dromedario— habita en las llanuras áridas asiáticas y africanas. Por su parte, los géneros Vicugna -vicuña y alpaca- y Lama -guanaco y llama- viven en Sudamérica desde las zonas altoandinas hasta Tierra del Fuego y el Chaco.
Los camélidos son estrictamente herbívoros, con largos y delgados cuellos y piernas prolongadas. Asimismo, carecen de pezuñas y a cambio tienen dos dedos con uñas en cada pie y almohadillas plantares. La mayor parte de su peso recae en estas almohadillas resistentes y fibrosas. Los camélidos andinos tienen la capacidad de utilizarlas para ganar más agarre en los terrenos rocoso. Todos los camélidos caminan de una manera particular debido a su sistema de locomoción. En marcha, las dos extremidades del mismo lado se mueven simultáneamente, lo cual es diferente de los caballos, por ejemplo, que tienen un galope intercalado.
Origen de los camélidos sudamericanos
El origen de los camélidos sudamericanos data de hace millones de años, desde la época del gran intercambio entre continentes hasta la migración que sucedió desde Norteamérica para dar origen a los géneros Lama y Vicugna, los herbívoros nativos silvestres más importantes de Sudamérica, a partir de los cuales se originaron las cuatro especies de camélidos que actualmente conocemos.
En las investigaciones por ubicar los sitios tempranos de domesticación de los camélidos sudamericanos se han sugerido al altiplano peruano-boliviano, la cuenca del Titicaca, y la puna de Junín (pampas que rodean al lago), en donde se muestran como evidencia la gran cantidad de huesos hallados en excavaciones efectuadas en las cuevas de Uchcumachay, Panalauca, Pachamachay, Acomachay y Telarmachay), en donde se ha podido comprobar cambios en el uso de animales silvestres y la dependencia cada vez mayor de camélidos.
El proceso desde conocer los hábitos de los camélidos hasta su control y semidomesticación pudo haberse efectuado entre 5,500 a 4,200 años a.C. Posteriormente se desarrolló un mayor control sobre los rebaños (2,500 a 1,750 a.C.) hasta su domesticación (período Formativo u Horizonte Temprano).
Especies de camélidos y población
Los camélidos sudamericanos comprenden cuatro especies: la llama (Lama glama); la alpaca (Lama pacos); el guanaco (Lama guanicoe) y la vicuña (Vicugna vicugna). De estas cuatro la llama y la alpaca son especies domésticas, mientras que el guanaco y la vicuña son especies silvestres.
El Perú es el principal productor de camélidos sudamericanos del mundo con más de 5 millones de cabezas entre las cuatro especies, de las cuales 3 millones 596 mil 753 son alpacas y representan más del 85% de las existentes en el mundo.
Sin embargo, la alpaca y la llama ya no son animales de crianza exclusiva de Sudamérica, puesto que desde fines de los años 80 se viene desarrollando su crianza en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, manteniéndose el interés por desarrollar su crianza en otros países.
Importancia de los camélidos en la economía altoandina
La ganadería de los camélidos constituye una de las actividades productivas y económicas más importantes que se desarrolla en la zona altoandina. De ella dependen más de 150,000 familias pertenecientes mayormente a comunidades campesinas de departamentos considerados en situación de pobreza y extrema pobreza. Para estas familias, la crianza de camélidos representa del 70% al 80% del ingreso familiar anual.
La fibra de los camélidos, al igual que otros animales como los caprinos, es denominada en el mercado textil mundial como “fibra especial” y se caracterizan por tener un vellón de tipo mixto, donde se entremezclan dos capas de fibras. Las de la capa inferior, finas, cortas y abundantes, y las de capa superior compuestas de fibras gruesas, relativamente planas y de mayor longitud.
Descripción y características de cada especie
A continuación, conozcamos la descripción y características de cada especie de camélido sudamericano existente en el Perú.
Alpaca
Es uno de los camélidos emblemáticos de los Andes peruanos. La alpaca es de menor tamaño en promedio que la llama y un poco más grande que la vicuña, llegando a superar el metro y medio de altura, con un peso que va de 60 a 70 kilos. La fibra de alpaca es una de las más finas del mundo y supera en calidad a la de cachemir y a la lana de oveja, por lo que es preferida para la confección de chompas, suéteres, faldas, entre otras prendas de vestir; también accesorios como bolsos, carteras y correas, e incluso tapices y alfombras.
Perú posee más de 3 millones 600,000 ejemplares de alpacas en su territorio, que representan el 87 % de la población mundial, y es el primer productor mundial de fibra de este camélido altoandino.
Las principales regiones productores de fibra de alpaca son Puno, Cusco, Arequipa, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Pasco, en zonas ubicadas por encima de los 3,800 metros sobre el nivel del mar.
Una de las fibras de alpaca más finas del mundo se produce en la alejada comunidad campesina de Quelcaya, ubicada en el distrito de Corani, provincia de Carabaya, región Puno.
La crianza de camélidos constituye una de las actividades productivas y económicas más importantes que se desarrolla en la zona altoandina peruana, y de ella dependen entre el 70 % al 80 % del ingreso familiar anual (de acuerdo a la FAO), siendo una actividad de agricultura familiar, la cual es de prioridad para el Estado.
Dada la importancia de la alpaca, esta especie fue declarada como “Recurso Genético del Perú” mediante la ley 28350-Ley de Promoción de Mejoramiento Genético y Conservación de las razas de camélidos sudamericanos domésticos.
Adicionalmente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de la Resolución Ministerial N° 429-2012-AG, establece el 1 de agosto de cada año como el Día Nacional de la Alpaca, a partir de la identidad cultural, implicancia económica en las zonas altoandinas, hegemonía productiva a nivel mundial y por ser un recurso estratégico para superar la pobreza.
Existen tres razas de alpaca: Huacaya, Suri e híbrida. El 80% de alpacas son de raza Huacaya, el 12% son de raza Suri y el restante 8% son híbridas.
Los ejemplares de raza Huacaya se caracterizan por la cobertura total del cuerpo con un vellón muy denso y de fibra pesada; mientras que la raza Suri tiene un vellón más sedoso, lacio y de mayor crecimiento.
Una de las características notables de la fibra de alpaca, que la posicionan como un producto de gran demanda por la industria textil, es su capacidad térmica para abrigar cuando hace frío y es ligera cuando hace calor.
Asimismo, su fineza se expresa en el diámetro que puede alcanzar las 19 micras de diámetro y una medulación muy baja, lo que permite confeccionar prendas más delgadas y ligeras, utilizables en cualquier temporada del año.
La fibra de alpaca, luego de la esquila, está categorizada según la normatividad técnica vigente en extrafina, fina, semifina y gruesa. Si la compra la industria, lo hace según sus calidades Royal, Baby, Súper baby, Fleece, Medium Fleece, Huarizo o alpaca gruesa.
Otra de las características de la fibra de alpaca es su durabilidad, lo que permite que sea reutilizada. Por ello es que el 90 % de la fibra de alpaca se exporta a más de 20 países, siendo los mayores envíos a China e Italia.
También se caracteriza por su propiedad higroscópica, dado que la absorción de la humedad ambiental de la fibra de alpaca es baja. Del mismo modo, tiene muy buena elasticidad y resistencia siendo posible compararla con la de la lana y otras fibras animales.
Otro atributo es la suavidad, dado que la estructura de la fibra de alpaca la hace muy suave al tacto, siendo comparada con la fibra de Angora y del Mohair. Además, la fibra de alpaca tiene una menor tendencia al afieltramiento, si es que la comparamos con la lana y otras fibras animales.
Finalmente, la fibra de alpaca es antialérgica, dado que no contiene lanolina; y tiene más de 22 colores naturales, desde el negro, con variaciones de grises y marrones, hasta el blanco.
La fibra de alpaca debe sus inigualables características a la especial combinación del clima, altitud y pastos que son su alimento y que son bajos en proteínas, siendo únicos en los Andes.
Vicuña
Este camélido silvestre está presente en el Escudo Patrio como símbolo del reino animal o fauna autóctona del Perú y es una alternativa socioeconómica para la población altoandina de nuestro país dado que posee una de las fibras más finas del mundo.
Las vicuñas son los camélidos sudamericanos más pequeños en relación a la alpaca, llama y guanaco, dado que tienen una altura de 1.80 metros, una longitud de 80 centímetros y pesan entre 40 y 50 kilos. Su color característico es beige o marrón claro rojizo (de ahí proviene el nombre vicuña) con el lomo blanco en la zona central y las patas, con variaciones que dependen de las zonas geográficas donde habitan. Otros individuos tienen un mechón pectoral largo de color blanco.
Las vicuñas tienen las patas largas y delgadas, terminadas en almohadillas, aptas para caminar sobre varios tipos de superficie, incluso pedregosa. Esta especie vive en el altiplano, a más de 3,200 metros sobre el nivel del mar, con clima frío y seco. Como los otros camélidos es herbívoro y se alimenta de las plantas que crecen en la puna.
Las regiones donde habita la vicuña son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.
La fibra de vicuña está considerada entre las más finas del mundo y mide 15 micrones de diámetro. El pelaje de este camélido es denso, formado por fibras delgadas que crecen muy juntas, con el objetivo de proteger al animal tanto del frío como de la lluvia y el viento.
El Poder Ejecutivo, a través de la Resolución Ministerial N° 0458-2017-MINAGRI, estableció el día 15 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Vicuña, con el propósito de reconocer su importancia por ser una especie representativa y emblemática del Perú que se encuentra simbolizada en el Escudo Nacional.
La norma también destaca la crianza de vicuña constituye una alternativa socioeconómica para el poblador altoandino, por ser una especie animal de alto valor económico por la finura de su fibra. La Resolución Ministerial destaca que la vicuña tiene una importancia estratégica por ser el Perú el primer productor mundial de fibra de este camélido. Por su parte, la Ley Nº 26496 prohíbe la comercialización de vicuñas.
Asimismo, remarca que la vicuña es una especie importante y relevante sobre otras porque involucra la participación de 331 organizaciones campesinas autorizadas a su manejo, de un total de 635 organizaciones en cuyos territorios habita la vicuña, siendo el Perú un referente internacional de experiencia exitosa de recuperación y conservación del peligro de extinción.
“En ese sentido, es importante revalorar las bondades de este valioso recurso de nuestra fauna silvestre, así como de la práctica ancestral para su manejo y conservación realizada por las organizaciones campesinas y concientizar respecto al potencial de dicho recurso y su protección contra la caza furtiva y el tráfico de su fibra”, subraya la Resolución Ministerial.
El Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (Conacs) promueve el repoblamiento de vicuñas en comunidades que cumplen con las debidas condiciones según el Reglamento vigente, mediante convenios de mutuo acuerdo en donde se establece la compensación a efectuar a la comunidad que proveerá las vicuñas por la cantidad que se establezca.
Desde del año 1994 se realizan actividades oficiales de captura y esquila (“Chaccu” en quechua, que es una práctica ancestral) en comunidades autorizadas para ello, bajo supervisión y control del Estado. Una vicuña se esquila cada dos años y por cada esquila puede producir, en promedio, alrededor de 200 gramos de fibra. Se estima una vida productiva de 12 años para una vicuña, lo que significa 6 esquilas.
Actualmente el Conacs ejecuta el trabajo de supervisión y control oficial de las actividades de aprovechamiento racional de la vicuña, en cuanto a esquila. Se cuenta con un Programa Oficial Anual de Esquila, en el que participan las comunidades debidamente calificadas para ello.
La comercialización de la fibra se efectúa por cuenta propia de las comunidades y algunas de ellas la realizan en forma individual y otras veces en forma asociada, que es la modalidad que se viene promoviendo a fin de generar un mayor poder de negociación y por tanto lograr mejores precios en el mercado textil.
Por esos motivos, el Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI declaró a la vicuña como especie amenazada, por lo que su caza, captura, tenencia, transporte o comercialización de individuos y su fibra sin acreditación de su origen legal es un delito. En ese sentido, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) instó a la ciudadanía a denunciar la ocurrencia de estas situaciones que ponen en peligro la supervivencia de las vicuñas.
Llama
Es el más grande entre los camélidos domésticos y tiene un cuerpo esbelto, con cabeza pequeña, orejas encorvadas y de tamaño grande. Los adultos pueden llegar a medir de 1.50 a 2 metros de largo, de 1.10 a 1.50 metros de alto, y pesar de 108 a155 Kilogramos.
Existen dos variedades de Llamas: la pelada o K’ara, que se caracteriza por haber desarrollado poca fibra en el cuerpo, careciendo de fibra en la cara y piernas, y su grosor va de 32 a 35 micras). Se estima que el 70% de las llamas ubican en esta variedad. Estos auquénidos son muy fuertes y se utilizan principalmente para el transporte de carga.
La otra variedad de llama es la lanuda o Chak’u, que muestra mayor cantidad de fibra en el cuerpo, con un vellón denso compuesto por fibras finas de 28 micras de grosor y de mayor longitud, llegando hasta los 21 centímetros de largo.
La leche de llama, como sucede con la leche de los camellos y dromedarios que pertenecen a la misma familia de mamíferos, ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre, por lo que su consumo es beneficioso para las personas diabéticas.
Junto con la leche, la llama produce buena calidad de carne y fibra. Sobre la carne se resalta que posee 25 % de proteínas, tiene mejor sabor que la de alpaca, registra baja concentración de grasa y de colesterol, por lo que es recomendada para una alimentación saludable y para personas con problemas cardiovasculares. Por ello su aprovechamiento se da desde tiempos ancestrales.
La población de llamas en Perú se estima en 1 millón 257,000 cabezas, distribuidas desde Ancash en el Norte, hasta el Departamento de Puno en el sur. Los principales departamentos productores son Puno (35%), Cusco (18%), Huancavelica (11%), Ayacucho (9.5%) y Arequipa (9.3%), que agrupan a alrededor de 45,000 criadores de este camélido.
Guanaco
Es el camélido silvestre más grande y se encuentran poblaciones dispersas a lo largo de los andes sudamericanos, desde la Reserva Nacional de Calipuy en el Perú, hasta la tierra del fuego en Chile.
El guanaco es una especie que se adapta fácilmente a diversas condiciones ecológicas, por eso se le puede hallar en los desiertos de la costa del Pacífico, la puna, las pampas y los bosques húmedos de Tierra del Fuego. Incluso se ha encontrado guanacos hasta los 5,000 metros sobre el nivel del mar.
El guanaco se caracteriza por su cuerpo esbelto, mostrando una coloración del pelaje que varía de un marrón rojizo oscuro en las poblaciones del sur, a un marrón más claro con tonos amarillentos arcillosos en las poblaciones del norte. El pecho, vientre y sector interno de las piernas son de un blanco más o menos puro y la cabeza con tonos negruzcos. Los alrededores de los labios, ojos y bordes de las orejas son blanquecinos.
Un guanaco adulto mide de 1.50 a 2.20 metros de largo, de 1.20 a 1.50 metros de alto y pesar de 120 a 150 kilos.
En el Perú, según observaciones y evaluaciones poblacionales efectuadas en los últimos años, se encuentran poblaciones importantes al sur del departamento de Ayacucho y en la sierra de la región Ica, lo cual podría sugerir una mejora en la recuperación poblacional de la especie que se encuentra amenazada principalmente por la caza furtiva y la degradación de su hábitat.
Según datos del Conacs, la población de guanacos en Perú se estima en 3,810 ejemplares, distribuidos en los departamentos Ayacucho (30.63 %), Arequipa (29.5 %), La Libertad (14.12 %), Ayacucho (30.63 %), Huancavelica (5.54 %).
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Actualidad
El precio oculto del oro: economías armadas, violencia y poder en los territorios extractivos del Perú
Roberto C. Parra[1]
Consultor forense internacional
Vocero de CONADEMI
De Pataz a las regiones auríferas de África, la expansión de economías criminales revela una transformación preocupante: la violencia puede convertirse en un instrumento para controlar recursos, territorios y trabajadores. En medio de estas disputas, las comunidades mineras tradicionales enfrentan riesgos crecientes y una protección institucional que necesita fortalecerse.
La riqueza mineral y las nuevas formas de violencia
La minería ha formado parte de la historia económica y social del Perú durante siglos. Particularmente, la minería artesanal constituye una actividad tradicional que proporciona trabajo, sustento e identidad productiva a numerosas comunidades. La legislación peruana reconoce su importancia como fuente de empleo y desarrollo en territorios económicamente vulnerables.[1]
Su reconocimiento no implica desconocer los desafíos ambientales, laborales y de formalización, sino distinguir una práctica económica legítima de las organizaciones criminales que utilizan la extracción mineral para obtener beneficios mediante la violencia.
El problema contemporáneo no radica simplemente en la existencia de actividades mineras informales, sino en la aparición de estructuras económicas con capacidad para financiar grupos armados, imponer mecanismos de coerción y disputar el control de yacimientos, galerías y rutas comerciales.
En estas circunstancias, el poder económico puede traducirse en poder territorial, mientras la violencia deja de ser un acontecimiento excepcional para convertirse en un instrumento de regulación criminal del mercado.
Pataz: una crisis que trasciende La Libertad
Pataz representa una de las expresiones más preocupantes de esta transformación. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el distrito registró una tasa de 315 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a un promedio nacional de 6,6, según el Instituto Peruano de Economía.[2] Aunque estas cifras no permiten atribuir automáticamente todos los homicidios a conflictos mineros, constituyen un indicador extraordinario de violencia letal.
El asesinato de 13 trabajadores vinculados a actividades mineras en 2025 evidenció la vulnerabilidad de quienes desarrollan sus labores en espacios donde existen disputas violentas por el control de recursos.[3]
Las consecuencias tampoco se limitan a Pataz. Las redes de transporte, comercialización, financiamiento y circulación de personas pueden extender los efectos de la criminalidad hacia otras provincias de La Libertad. La prensa ha documentado hechos violentos en Trujillo que involucraron a personas relacionadas con la actividad minera de Pataz.[4]
La magnitud del fenómeno obliga a evaluar si la región dispone de capacidades suficientes para prevenir ataques, investigar homicidios, proteger trabajadores y responder a las necesidades de las familias.
Pataz es, además, un ejemplo de una problemática nacional. Ananea, en Puno, e Inambari y Laberinto, en Madre de Dios, presentan también elevadas tasas de homicidios.[2] La coincidencia con territorios extractivos no demuestra causalidad, pero justifica investigar la relación entre economías criminales, disputas territoriales y mortalidad violenta.
El poder económico y la seguridad armada
Una dimensión especialmente sensible es la capacidad de determinados actores económicos para financiar mecanismos armados de protección o control.
En la minería ilegal, organizaciones criminales pueden emplear grupos armados para asegurar instalaciones clandestinas, controlar accesos, intimidar competidores o imponer pagos extorsivos. La violencia puede constituir así una inversión destinada a proteger beneficios económicos.[3]
En paralelo, las empresas mineras formalmente constituidas pueden contratar servicios privados de seguridad. Esta actividad es legítima cuando se desarrolla dentro del marco jurídico. Sin embargo, en territorios donde concurren distintos actores armados, la proliferación de dispositivos de seguridad plantea riesgos que exigen supervisión efectiva.
Es indispensable diferenciar los servicios legalmente autorizados de los grupos armados irregulares. La contratación de seguridad privada no constituye evidencia de criminalidad empresarial. Cualquier denuncia sustentada sobre vínculos entre operadores económicos y estructuras armadas ilegales debe investigarse independientemente.
En medio de estas relaciones desiguales, los trabajadores artesanales pueden quedar expuestos a amenazas, extorsiones y desplazamientos. Muchos carecen de recursos equivalentes para proteger sus actividades y terminan atrapados en conflictos que no controlan.
Zimbabue: la normalización de las muertes evitables
La experiencia de Zimbabue ofrece una perspectiva especialmente relevante. Melusi Nkomo, antropólogo e investigador afiliado al Departamento de Geografía de la Universidad de Zúrich, Suiza, y anteriormente investigador y docente del Programa de Estudios Africanos de la Universidad de Princeton, ha desarrollado investigaciones etnográficas sobre las relaciones entre minería, violencia, trabajo y poder político en África austral.
En su reciente estudio publicado en American Anthropologist (2026), Nkomo documenta cómo los derrumbes, explosiones, enfrentamientos entre grupos y deficiencias de infraestructura sanitaria constituyen riesgos recurrentes para las comunidades vinculadas a la minería artesanal en Kwekwe.[5] Su concepto de abandono calibrado (calibrated neglect) describe una modalidad de ejercicio del poder en la que la protección estatal se posterga frente a riesgos conocidos, mientras las autoridades intervienen selectivamente durante episodios de lesiones, muerte o duelo.
Su investigación plantea una pregunta fundamental para el Perú: ¿están nuestras instituciones organizadas para prevenir riesgos conocidos o principalmente para reaccionar cuando las tragedias ya han ocurrido?
No se trata de equiparar automáticamente las realidades de ambos países, sino de reconocer que la insuficiencia sostenida de protección, prevención e investigación puede contribuir a normalizar daños evitables y perpetuar condiciones de vulnerabilidad.
República Democrática del Congo: la economía de la violencia
Una segunda comparación proviene de la República Democrática del Congo, donde los conflictos armados han mantenido una compleja relación con el control territorial, la explotación de recursos naturales y los intereses económicos de diversos actores.
En The War That Doesn’t Say Its Name, Jason K. Stearns, investigador especializado en los conflictos de África central, analiza la persistencia de la violencia en el este congoleño y explica cómo determinados actores políticos y militares han desarrollado intereses materiales vinculados a su continuidad.[6] Su interpretación permite comprender que, bajo ciertas condiciones, el conflicto no solamente destruye riqueza: también puede generar beneficios para quienes controlan territorios, recursos y redes comerciales.
Durante más de ocho años de experiencia profesional en África, particularmente en la región de los Grandes Lagos de la República Democrática del Congo, he tenido la oportunidad de conocer de cerca las profundas consecuencias humanas de la violencia. Mi participación en investigaciones forenses relacionadas con presuntos crímenes internacionales, incluidos hechos de violencia sexual, tortura, masacres, asesinatos selectivos y enterramientos clandestinos, me ha permitido comprender la complejidad de estos escenarios, en los que convergen factores históricos, políticos, territoriales, económicos e institucionales. Estas experiencias constituyen observaciones profesionales desde la optica forense que invitan a un análisis integral y prudente, evitando atribuciones generalizadas sobre las motivaciones de los actores involucrados.
Si bien la realidad congoleña responde a circunstancias históricas y políticas distintas de las peruanas, ambas experiencias permiten reflexionar sobre una hipótesis relevante: en determinados contextos, los beneficios económicos asociados al control territorial y de recursos pueden generar incentivos que dificultan la reducción de la violencia y la consolidación de soluciones institucionales sostenibles.
Desde esta perspectiva, resulta fundamental que las investigaciones no se limiten a los hechos violentos y sus responsables directos, sino que también examinen, mediante evidencia verificable, las posibles redes de financiamiento, relaciones económicas y estructuras de poder que contribuyen a su persistencia. Comprender estas dinámicas constituye un paso esencial para fortalecer la prevención, la investigación científica y la administración de justicia.
El terrorismo de lucro, la crisis de la evidencia forense y la gobernanza institucional
En este contexto, la expresión terrorismo de lucro adquiere relevancia en el debate público peruano como concepto analítico para examinar determinadas manifestaciones de criminalidad organizada que recurren sistemáticamente a la violencia y la intimidación colectiva para obtener beneficios económicos, controlar mercados y ejercer dominio territorial.[7] Su utilización exige distinguir estas estructuras criminales de la minería artesanal y otras actividades extractivas, evitando generalizaciones que puedan comprometer derechos fundamentales o estigmatizar actividades productivas tradicionales.
La expansión de la criminalidad organizada plantea importantes desafíos para la justicia peruana, particularmente frente a las limitaciones que afectan la producción oportuna de evidencia forense confiable. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML-CF) del Ministerio Público enfrenta brechas estructurales en infraestructura, tecnología, financiamiento, personal especializado y gestión de calidad. Como hemos señalado recientemente junto con otros colegas en un análisis comparativo de los sistemas forenses latinoamericanos (Parra et al., 2026), el sistema forense peruano enfrenta desafíos estructurales relacionados con la fragmentación institucional, la limitada articulación operativa y la ausencia de una estrategia nacional sostenible de gestión de la calidad forense, condiciones que evidencian la necesidad de fortalecer su gobernanza y desarrollo científico.[11]
La dimensión presupuestaria agrava estos desafíos. En 2026, el IML-CF contó con un presupuesto inicial aproximado de S/ 258,2 millones, mientras que en 2025 identificó necesidades adicionales por S/ 134,4 millones.[10] Como ejemplo, resulta preocupante que La Libertad, una región de considerable importancia económica y actividad extractiva, continúe enfrentando deficiencias en su principal sede forense de Trujillo, cuya infraestructura, equipamiento tecnológico y morgue requieren modernización. Esta situación evidencia la necesidad de articular el desarrollo económico regional con una inversión sostenida en capacidades científicas que permitan investigar eficazmente la violencia criminal y garantizar una justicia sustentada en evidencia confiable.
Superar esta situación exige una gobernanza forense moderna, financiamiento sostenible, innovación tecnológica, fortalecimiento del capital humano y sistemas de aseguramiento de la calidad, conforme a los principios de la Declaración de Sídney.[8] La cooperación internacional y la participación responsable del sector privado, mediante transferencia científica y mecanismos como Obras por Impuestos, pueden complementar los esfuerzos estatales, preservando la independencia pericial y la supervisión pública.[9]
Combatir la impunidad requiere fortalecer las capacidades científicas del IML-CF como institución estratégica para el Ministerio Público y la administración de justicia.
La fortaleza del Estado no reside únicamente en sancionar la criminalidad, sino también en su capacidad científica para esclarecer los hechos, combatir la impunidad y proteger los derechos de la sociedad en su conjunto.
Cuando el oro vale más que la vida
Las experiencias de Perú, Zimbabue y la República Democrática del Congo revelan, desde contextos diferentes, una preocupación común: la vulnerabilidad de las poblaciones cuando la riqueza extractiva convive con economías criminales, violencia organizada y capacidades institucionales insuficientes.
Pataz constituye una advertencia nacional sobre la necesidad de proteger las actividades productivas tradicionales, investigar las estructuras económicas que sostienen la violencia y superar las brechas del sistema forense peruano.
La respuesta exige una gobernanza institucional sólida, financiamiento sostenible, modernización tecnológica, cooperación internacional y participación responsable del sector privado, preservando siempre la independencia científica.
Fortalecer el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses resulta esencial para transformar los hallazgos científicos en evidencia confiable al servicio del Ministerio Público y la administración de justicia.
La verdadera fortaleza del Estado no reside únicamente en sancionar la criminalidad, sino en prevenir la violencia, esclarecer científicamente los hechos y garantizar que la vida, la justicia y los derechos de la sociedad prevalezcan sobre cualquier interés económico.
Notas y referencias
[1] Congreso de la República del Perú. (2002). Ley N.º 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. Texto legal.
[2] Instituto Peruano de Economía. (2026). Cuatro de los diez distritos con más homicidios registran minería informal. IPE. Véase también Ardiles, A. (2026, 29 de septiembre). El mapa de los homicidios: Pataz alcanza una tasa de 315 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El Comercio.
[3] Reuters. (2025, 7 de mayo). Grisly Peru mining murders spotlight ‘gold curse’ in the Andes. Reuters. Ministerio del Interior del Perú. (2025, 15 de mayo). Coordinación entre Policía Nacional de Perú y Colombia permitió captura de alias «Cuchillo». Gob.pe.
[4] Ardiles, A. (2026, 29 de septiembre). El mapa de los homicidios. El Comercio. Véase la referencia [2].
[5] Nkomo, M. (2026). Burying futures: Artisanal mining deaths and the politics of negligence in Zimbabwe. American Anthropologist. https://doi.org/10.1111/aman.70120
[6] Stearns, J. K. (2022). The war that doesn’t say its name: The unending conflict in the Congo. Princeton University Press. Editorial.
[7] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2026, 15 de septiembre). Ministro Álvarez: «El trabajo del INPE se comienza a solucionar con inteligencia llevada a cabo por expertos». Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/1444811-ministro-alvarez-el-trabajo-del-inpe-se-comienza-a-solucionar-con-inteligencia-llevada-a-cabo-por-expertos
[8] Roux, C., et al. (2022). The Sydney declaration – Revisiting the essence of forensic science through its fundamental principles. Forensic Science International, 332, 111182. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2022.111182
[9] Congreso de la República del Perú. (2008). Ley N.º 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y sus modificatorias. Marco normativo de Obras por Impuestos.
[10] Ministerio Público – Fiscalía de la Nación. (2025). Información presupuestaria y requerimientos para el fortalecimiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Documentación presentada ante el Congreso de la República del Perú.
Documento institucional: https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2024/cean-reforma-integral-sistema-admin/files/ofi_005407_mp_anexo_ru2035765-oficio-5407-2025-mp-fn-segfin-20250908.pdf
Ministerio de Economía y Finanzas. (2026). Consulta Amigable: información presupuestaria del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
[11] Parra, R. C., Iannacone, G. C., Alvarez-Godoy, A. G., Castellanos, D., Garcia-Marroquin, R., & Vasquez-Guerrero, J. L. (2026). Latin America in forensic action: Quality standards alone do not provide an infallible quality assurance. En R. C. Parra & A. G. Alvarez-Godoy (Eds.), Forensic Science and Quality Management: Addressing the Era of Standardization in Challenging Environments (cap. 10, pp. 225–250). Wiley.
[1] Experto forense peruano con más de 25 años de experiencia internacional en África, Medio Oriente y Latinoamérica. Vinculado a las Naciones Unidas y exfuncionario del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Ministerio Público peruano. Coeditor de Forensic Science and Quality Management: Addressing the Era of Standardization in Challenging Environments(2026), obra de referencia internacional publicada por Wiley bajo los auspicios de la American Academy of Forensic Sciences (AAFS). Especialista en gobernanza y fortalecimiento de sistemas forenses. Su proyecto doctoral en la University of Technology Sydney (UTS) busca fortalecer los sistemas forenses del Sur Global, especialmente en países afectados por la violencia y las limitaciones institucionales, mediante modelos de gobernanza, desarrollo de capacidades y movilización de recursos internacionales complementarios al financiamiento estatal. Más información: www.rcpforensics.com.
Actualidad
Minsa ordena devolver más de S/ 404 mil a Alkofarma pese a cuestionamientos por contrato millonario
Una resolución de Cenares, organismo del Ministerio de Salud, dispone gestionar la devolución de una penalidad a la farmacéutica, cuestionada por el suministro de suero fisiológico de procedencia china.
La empresa Alkofarma E.I.R.L. vuelve al centro de la polémica luego de que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), órgano del Ministerio de Salud (Minsa), reconociera la devolución de S/ 404,528.69 por una penalidad aplicada a la compañía.
La decisión consta en la Resolución Directoral N.° 202-2026-CENARES-MINSA, firmada el 23 de septiembre por Patricia Suárez Beyodas, directora general de Cenares, y sustentada en un acuerdo de conciliación.
El caso se produce en medio de cuestionamientos por una contratación superior a S/ 31 millones para el suministro de suero fisiológico importado de China, producto sobre el cual se reportaron observaciones técnicas, según investigaciones periodísticas.
Asimismo, el diario Del País denunció que la empresa habría sido favorecida con reconocimientos de deuda superiores a S/ 5 millones, además de la devolución de la penalidad.
Si bien la resolución acredita que Cenares reconoció el derecho a recuperar dicho monto, no confirma que el dinero ya haya sido desembolsado ni demuestra por sí sola una irregularidad.
El Ministerio de Salud debe esclarecer los fundamentos de estas decisiones, las observaciones realizadas al producto y las condiciones bajo las cuales se autorizó la devolución de la penalidad, en un caso que involucra millones de soles destinados a la salud pública.
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