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¿QUÉ TIENE QUE PASAR PARA QUE LOS PERUANOS VUELVAN A CREER EN LA DEMOCRACIA?

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¿QUÉ TIENE QUE PASAR PARA QUE LOS PERUANOS VUELVAN A CREER EN LA DEMOCRACIA?

Un informe del PNUD advierte que la desconfianza en las instituciones, la inestabilidad política y la percepción de que el poder responde a intereses particulares están debilitando la relación entre ciudadanía y Estado.

La democracia sigue siendo la forma de gobierno preferida en América Latina y el Caribe, pero cada vez menos personas creen que funciona para ellas. El informe Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), advierte que menos de la mitad de la población se declara satisfecha con su funcionamiento y que la confianza en las autoridades electorales cayó de 47 % en 2016 a 34 % en 2024. En Perú, el diagnóstico es especialmente crítico, con fragmentación política, baja confianza en los partidos y una confrontación constante entre poderes.

En el informe, Perú aparece como uno de los casos más extremos de inestabilidad presidencial, ya que recuerda que el país tuvo ocho presidentes entre 2016 y 2026 y atribuye parte de esa dinámica al diseño institucional. La Constitución permite destituir al presidente por “incapacidad moral permanente”, una figura de interpretación amplia que eleva los incentivos para la confrontación política. A esto se suma el debilitamiento de los partidos y el crecimiento de posiciones antipartidarias y antiestablishment.

Este escenario no se queda en la política. La inestabilidad institucional afecta la capacidad del Estado para generar resultados y sostiene una sensación de incertidumbre en la población. Cuando no hay previsibilidad ni respuestas claras, se debilitan las expectativas de futuro. En ese contexto, el informe recuerda que “las salidas masivas son casi siempre motivadas por la falta de oportunidades económicas, que es señalada como la principal razón para migrar por 6 de cada 10 personas que piensan salir de su país”.

Frente a ello, el PNUD advierte que la democracia no puede sostenerse solo en elecciones, sino en instituciones que funcionen de manera efectiva. En el caso peruano, eso implica tres cambios centrales: fortalecer la representación política para reducir la fragmentación; reconstruir la capacidad de acuerdo entre poderes del Estado para evitar la confrontación permanente; y mejorar la capacidad de gestión pública para que las decisiones se traduzcan en servicios y resultados concretos. Solo así, sostiene el informe, la democracia podrá volver a ser percibida como un sistema que responde a la vida cotidiana de las personas.

Fuente: InfoActiva

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.

El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.

Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.

Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.

Fuente: Minart

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.

Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.

La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.

Fuente: Gestión

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