A esta hora, 17 playas desde Ventanilla hasta Chancay ya están contaminadas por el derrame de los 6,000 barriles de petróleo de Repsol frente a la refinería La Pampilla. Si bien, el gobierno ha adoptado una actitud menos contemplativa con la empresa hispana, el problema principal es que esta se sigue burlando de la ley peruana al enterrar el «chapapote», como se llama al material contaminado, en los arenales de Ventanilla.

Según todos los expertos ambientales consultados, cargar los restos de petróleo en cilindros o enterrar el chapapote en los arenales no sirve de nada pues ante la subida de la marea, el petróleo naturalmente volverá a ser arrastrado por el mar. La Ley de Residuos Sólidos vigente dispone que dicho material vaya a un Relleno Sanitario para Materiales Peligrosos, pero la empresa se burla de la ley en la cara del OEFA y de la municipalidad distrital, a cambio de repartir canastas de víveres.

AFLORA LA VERDAD

De otro lado, mientras que toda la prensa repite la historia interesada de Repsol de que la Marina de Guerra no avisó a tiempo del oleaje, un informe confidencial elaborado por oficiales de esa rama revela una verdad muy distinta sobre el desastre: «Causa: Lo que ocurrió fue que se rompieron los cabos de popa estribor y es por eso que se fue el buque contra la troncal y daño la manga. Acciones de seguridad omitidas: personal de guardia no estaba atento, personal de maniobristas tampoco y oficial de guardia y bombero igual. Lancha de permanencia: dio el aviso, pero nadie contestaba a bordo, por ello se demoró en detener el bombeo. Errores adicionales: llamaron al práctico, pero no para sacar la nave sino solo para reposicionarla, la guardia en tierra y el Loading Master eran inexperto, solo a mucha insistencia se sacó la nave, no había barreras de contención, no avisaron a las autoridades. Antecedentes: anteriormente se hacía ejercicios de derrame, por pandemia hoy no se realiza, también había una nave con skimmer (succionador), barreras y otros equipos siempre lista en la bahía para atender cualquier contingencia, pero al parecer por costos se ha prescindido de ella».

Más grave aún, el informe señala que «en las instalaciones de Repsol en La Pampilla se dispone de una monoboya de última generación que cuenta con equipos de recolección de datos de olas, corrientes y mareas en tiempo real, cuya finalidad es la de mejorar sus operaciones portuarias y disminuir los riesgos en la operación de sus buques en la refinería». Es decir, según esa fuente quedaría sin base la controversia sobre la alerta de tsunami, pues la empresa contó todo el tiempo con la información de las condiciones oceanográficas en el preciso momento que realizaban la descarga y optó por no detenerla. Decisión que causó el desastre y que, ahora, se pretende ocultar.

La claridad del informe sobre lo ocurrido ha llevado a Repsol a cambiar de discurso. Ayer, mediante un comunicado, ya no mencionó a la Marina y enfatizó que el derrame fue ocasionado por la erupción volcánica en Tonga, Igualmente, tratando de zafar cuerpo, insiste en que está ejecutando un plan de contingencia que contemplan acciones como: formación de un equipo de buzos para verificar el daño submarino, monitoreo constante aéreo, marítimo y terrestre para medir la expansión de la mancha, despliegue de más de 2,500 metros de barreras de contención en las zonas detectadas hasta el momento, flete de diez lanchas con brigadas de 50 personas para recuperar el producto derramado con los materiales y maquinarias correspondientes (desnatadores tipo skimmer y material absorbente especial) y contratación de 700 personas, divididas en cuadrillas de remediación en las playas Cavero, Bahía Blanca, Santa Rosa y Ancón.

ECHANDO TIERRA

Pero lo que Repsol no dice es que está burlándose del Decreto Legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que define que son «residuos sólidos peligrosos aquéllos que presenten por lo menos una de las siguientes características autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad», casi una fotografía de los restos de petróleo, lodos y de aves y peces muertos en el mar de Ventanilla. El Reglamento de esta ley dispone que deben ir a un Relleno Sanitario de Residuos Peligrosos, de los cuales Lima cuenta con tres. Para Repsol es más fácil, sin embargo, enterrarlos y que el mar los recoja, porque las autoridades ni se dan cuenta.

DATO

El procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, señaló que la cuantificación de los daños se hará en un trabajo coordinado entre la Procuraduría General del Estado y la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales.

ORDEN DEL DÍA

La bancada de Acción Popular propuso ayer formar una Comisión Especial que evalué el correcto cumplimiento de funciones y de gestión administrativa sancionadora por parte del OEFA entre los años 2017-2022, así como también establezca responsabilidades por parte de la empresa multinacional Repsol en el daño ambiental a las playas de Ventanilla y al ecosistema marino del Perú, la cual tendrá una duración 90 días. (Diario Uno).