En junio, el BCRP reveló que las expectativas empresariales habían vuelto a caer. “Las perspectivas para los siguientes tres meses se encuentran en escenario negativo”, indica Valdivia. (Ver ANEXO 4) “La presidenta se alista a dar su primer mensaje a la nación por Fiestas Patrias luego de las marchas del 19 de julio que no alcanzaron los niveles de participación que anunciaban sus promotores. Ello ha generado un ambiente de relativa tranquilidad que el gobierno no puede considerar como un respaldo a su gestión”, señala el Director Ejecutivo de CAPECO. Según CPI, sólo el 6.3% de la población cree que el gobierno está preparado para enfrentar el Fenómeno El Niño y en su gran mayoría respalda un adelanto de elecciones.

“El discurso por 28 de julio debería ser una oportunidad para proponer al país un pacto nacional para emprender las reformas políticas necesarias para fortalecer nuestro sistema democrático, para impulsar un programa de reactivación económica, de la inversión y del empleo y para iniciar un proceso de modernización de la gestión estatal. El contenido y alcances de estas tres importantes iniciativas reformistas deberán ser consensuadas con el Congreso y con la sociedad civil, a través del Acuerdo Nacional y de Encuentros Regionales. Las reformas políticas, en particular aquellas vinculadas al nuevo diseño electoral y de representación, deberían estar listas para los próximos comicios generales”, aseguró Valdivia.

En el caso del sector construcción, la FTCCP y CAPECO han consensuado un pacto que combina ambos enfoques y que plantea objetivos estratégicos como: la descentralización del proceso de planificación territorial; el impulso a la planificación urbano-territorial para la producción de vivienda, especialmente social; la articulación de inversiones en infraestructura y servicios públicos, especialmente de agua y desagüe; coordinación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, buscando promover la calidad y la seguridad de las construcciones; fomento de la formalización laboral y el fortalecimiento de la representación sindical; y la creación de espacios institucionalizados para un diálogo público-privado transparente, entre otros. (Ver ANEXO 5) “Este último objetivo estratégico es, probablemente, el primero que debería abordarse pues su implementación permitiría desarrollar el resto de la agenda de reformas con eficiencia y un amplio consenso”, asegura el gremio. (Ver ANEXO 6)

Sobre el fallo del TC en cuento a las competencias en Vivienda Social

De acuerdo al IEC de CAPECO, la colocación de préstamos hipotecarios para la adquisición o construcción de viviendas continúa disminuyendo al cierre de mayo, “aunque con tendencias claramente divergentes entre los segmentos de vivienda social y no social”, indica Valdivia. El informe muestra que los créditos otorgados por entidades financieras con sus propios recursos disminuyeron 35.0%, respecto al 2022, y 43.9% en comparación con el 2021. Las operaciones financiadas a través de Mivivienda S.A. permitieron la construcción de 5,529 viviendas, vale decir un 9.6% más que entre enero y mayo de 2022. Esta entidad concentra el 39.5% del mercado de créditos hipotecarios en estos primeros cinco meses del presente año. En promedio, la caída en las colocaciones fue de 25.5% en este periodo. En junio de 2023, se desembolsaron 979 créditos Mivivienda, cifra que es 120.5% más alta que la del año previo. “Sin embargo, en junio de 2022 se presentó un resultado atípico porque a mitad de mes se acabaron los subsidios de vivienda social, tanto para Techo Propio como para Mivivienda”, señaló Valdivia. De acuerdo al gremio, el resultado de junio es 14.9% inferior al de mayo y el segundo más bajo de los últimos doce meses. «Si los préstamos que se otorguen en el segundo semestre mantienen el ritmo de crecimiento mensual del último semestre, se podría llegar a fin de año con una baja de 11.1% comparado con el 2022”, aseguró Valdivia. (Ver ANEXO 7)

Para CAPECO, el conflicto de competencias entre el Ministerio de Vivienda y algunas municipalidades respecto a la generación de oferta de vivienda social que había sido dirimido por el Tribunal Constitucional – TC, está lejos de resolverse. “Varias municipalidades han aprobado ordenanzas que disponen, sin sustento legal, la paralización de obras, la anulación de licencias u otras autorizaciones, la aplicación retroactiva de medidas derivadas de la sentencia del TC o la suspensión generalizada de licencias”, informa Guido Valdivia.

De acuerdo al gremio, la sentencia del TC ha recordado que la autonomía de las municipalidades “no debe confundirse con autarquía, pues esta debe ser ejercida de conformidad con la Constitución y las leyes” y “que su regulación se enmarca en un sistema nacional armónico”. Valdivia indica que la sentencia del TC únicamente ha declarado nulos los artículos que están referidos a parámetros de zonificación y alturas máximas de edificación, sin cuestionar la legalidad del resto del Reglamento Especial ni de las otras tres normas nacionales que regulan la vivienda, el urbanismo, la construcción y el desarrollo urbano en todo el país. (Ver ANEXO 8)

“El TC ha señalado que, aunque el MVCS no tiene competencia para imponer a un gobierno local el deber de variar la zonificación, o para ignorar la que se hubiese realizado, no implica que los gobiernos locales puedan inconstitucionalmente obstaculizar el desarrollo de proyectos de VIS por parte del Poder Ejecutivo”, explica el Director Ejecutivo de CAPECO. “Ello quiere decir que los proyectos y demás autorizaciones que se aprobaron cumpliendo estrictamente el Reglamento Especial deben mantener su vigencia. Teniendo en cuenta que en nuestro país es muy frecuente la venta de viviendas bajo la modalidad de “bien futuro”, muchos proyectos se comienzan a comercializar en etapa de pre-venta», indica Valdivia. De acuerdo con cifras de la Plataforma del Mercado de Edificaciones Urbanas de CAPECO, recogidas en marzo pasado, existían poco más de 15 mil viviendas que se ofrecían en “pre-venta” en Lima Metropolitana, constituyendo el 36.3% de las viviendas en oferta.