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San Isidro: municipalidades pierden facultades con ley aprobada que limita accionar fiscalizador

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San Isidro: municipalidades pierden facultades con ley aprobada que limita accionar fiscalizador


Alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, sostiene que comunas quedan atadas de manos

Las municipalidades del país pierden a partir de hoy parte de su facultad fiscalizadora de clausurar y sancionar durante las intervenciones de rutina ante el incumplimiento de las normas, al aprobarse en el Congreso de la República una ley que establece parámetros para las clausuras.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, manifestó que esta norma vulnera las competencias municipales y la propia función fiscalizadora de las comunas en la búsqueda del cumplimiento de las normas durante las inspecciones de rutina.

El texto aprobado por el pleno del Congreso establece parámetros definidos para la clausura temporal o definitiva, de los establecimientos comerciales por parte de las municipalidades, determinando modificaciones a la Ley N°28976 que regula las licencias de funcionamiento y los supuestos de clausura de los establecimientos comerciales, así como a la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972).

“Como ya he señalado anteriormente, la inversión económica y el desarrollo empresarial no puede ser ajena a la fiscalización del cumplimiento de las normas. Se ha atado de manos a las municipalidades para actuar ante faltas evidentes”, manifestó la burgomaestre.

Para la alcaldesa de San Isidro, ha sido un grave error que esta norma haya sido elaborada sin la participación de las autoridades de los Gobiernos Locales y no se hayan tomado en cuenta las observaciones planteadas mientras se encontraba en situación de Proyecto de Ley.

“Hace unas semanas un grupo de alcaldes fuimos invitados al hemiciclo para presentar nuestra posición sobre esta norma, sin embargo, ninguna de las observaciones que fueron presentadas han sido consideradas en el texto final aprobado”, sostuvo la autoridad edil.

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SCOTIABANK: LA ECONOMÍA PERUANA CRECIÓ ALREDEDOR DE 3% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR EL IMPACTO DE EL NIÑO

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SCOTIABANK: LA ECONOMÍA PERUANA CRECIÓ ALREDEDOR DE 3% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR EL IMPACTO DE EL NIÑO

El banco estima que el fenómeno climático le restó cerca de un punto porcentual al PBI de junio, principalmente por la menor pesca y el impacto en la agricultura, en un trimestre que suele concentrar el mayor peso de los sectores primarios.

El Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank estimó que la economía peruana creció alrededor de 3% entre abril y junio de este año, por debajo del 3.5% registrado en el primer trimestre. El banco atribuyó esta desaceleración al impacto del Fenómeno El Niño (FEN) sobre la actividad productiva del país durante estos meses.

Según la entidad, solo en junio el fenómeno le habría restado cerca de un punto porcentual al PBI: «El impacto del Fenómeno El Niño sobre el Producto Bruto Interno habría sido cercano a 1 punto porcentual», señaló, considerando tanto el menor desembarque de anchoveta como la caída en los rendimientos agrícolas. Scotiabank remarcó que el segundo trimestre suele ser, además, el de mayor peso de los sectores primarios dentro del PBI, lo que amplifica el efecto de este tipo de choques climáticos sobre el resultado trimestral.

Este resultado se suma a un primer trimestre que ya había mostrado señales de esa misma vulnerabilidad: en marzo, la agricultura registró una ligera caída de 0.1%, explicada por el adelanto de cosechas —como el de la uva— ante el temor a las lluvias intensas asociadas a El Niño, lo que anticipó el tipo de ajustes que el fenómeno seguiría generando en los sectores primarios a lo largo del año.

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MOODY’S ADVIERTE QUE EL APOYO ESTATAL DE US$2000 MILLONES A PETROPERÚ SIGUE SIN RUTA CLARA DE EJECUCIÓN

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MOODY’S ADVIERTE QUE EL APOYO ESTATAL DE US$2000 MILLONES A PETROPERÚ SIGUE SIN RUTA CLARA DE EJECUCIÓN

Más de dos meses después del anuncio del Gobierno, la calificadora de riesgo señala que no hay claridad sobre cuándo se desembolsará el financiamiento ni cómo se estructurará, mientras la petrolera estatal solo cuenta con US$34 millones en caja.

El Gobierno aprobó en mayo un decreto de emergencia que autoriza un esquema de financiamiento privado de hasta US$2000 millones para Petroperú, destinado a la compra de combustible y a garantizar la continuidad operativa de sus refinerías. La medida contempla recursos de la banca privada internacional, canalizados mediante un fideicomiso a cargo de ProInversión, sin comprometer el Tesoro Público. Sin embargo, más de dos meses después del anuncio, la calificadora de riesgo Moody’s advirtió que persisten dudas sobre cuándo se desembolsarán esos recursos, cómo se estructurará el financiamiento y cuál será el mecanismo para canalizarlo hacia la empresa estatal.

Para la agencia, esa falta de claridad afecta directamente la confianza de los inversionistas. «El apoyo gubernamental sigue siendo esencial para Petroperú, pero su ejecución es incierta», calificó Moody’s al decreto. El esquema contemplaba, además, un primer tramo de US$500 millones que debía desembolsarse en junio para financiar el capital de trabajo de la petrolera. Semanas antes, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, había proyectado a RPP que «en el transcurso de este mes se da el primer tramo del financiamiento», destinado a la compra de crudo para las refinerías. Hasta la fecha, ese desembolso no se ha concretado.

La calificadora también alertó que la liquidez de Petroperú sigue siendo frágil, debido a que, a marzo de este año, la empresa contaba con apenas US$34 millones disponibles en caja, una cifra que considera reducida frente a sus necesidades operativas, y parte de sus operaciones se financian con pagos pendientes a proveedores. Pese a que la petrolera mejoró sus resultados —con un ebitda de US$273 millones en el primer trimestre— gracias a mayores márgenes de refinación, Moody’s remarcó que la liquidez, el alto nivel de deuda y la continuidad operativa siguen siendo los principales riesgos crediticios para la empresa, por encima incluso de los controles de precios de combustibles.

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