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SNCI: Las tarifas aeroportuarias son un compromiso con el desarrollo de la infraestructura nacional
La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) expresa su respaldo a la aplicación de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) aplicada para pasajeros de transferencia internacional, aquellos que hacen conexión en Lima, en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
La TUUA de transferencia es una tarifa establecida legalmente en el Contrato de Concesión entre LAP y el Estado peruano desde hace 12 años, que promueve la modernización de los aeropuertos de provincia, conectando a más peruanos a sus destinos. Casi el 50% de esta tarifa que recauda el aeropuerto va al Estado, a un fondo que a la fecha ya ha acumulado más de $2,100 millones de dólares y que contribuiría a cerrar la brecha de infraestructura en todo el país.
No podemos hablar de competitividad sin mirar la realidad de nuestros aeropuertos en provincia. En los próximos cinco años, OSITRAN ha calculado que el Estado recibiría más de $85 millones por el cobro de la TUUA de Transferencia. De no aplicarse esta tarifa, esto es lo que el Estado dejaría de percibir para usarlo, por ejemplo, en la rehabilitación, equipamiento y renovación de al menos 6 aeropuertos nacionales.
La gestión de los aeropuertos en el Perú es un caso que debe valorarse, las Asociaciones Públicas y Privadas (APP) jugaron un factor clave para la modernización del sector, algunos concesionados y otros que aún quedan a cargo de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), entidad estatal encargada del mantenimiento de un grupo de aeropuertos a nivel nacional.
Si hablamos de competitividad, el Jorge Chávez es el único aeropuerto de la región con un plan de expansión listo y a punto para seguir creciendo. En cambio, Bogotá y Panamá no tienen planes de infraestructura a desarrollarse en el corto plazo.
Desde hace 24 años, Lima Airport Partners (LAP) opera el Jorge Chávez, con un financiamiento 100% privado y ha transferido al Estado desde el inicio de concesión (2001) más de US$ 3,635 millones totales por concepto de retribución al Estado, a Corpac entre otros aportes según contrato de concesión. Para los próximos 5 años, se proyecta un aporte adicional cercano a los US$ 8,000 millones, lo que representa un incremento de casi 120% respecto del monto ya transferido, consolidando así un compromiso de largo plazo con la modernización del principal terminal aéreo del país.
En consecuencia, no se trata de un cobro arbitrario ni de un pago extra, ni siquiera este cobro lo paga el turista que viene y se queda en Perú, sino el pasajero de paso que hace trasbordo en el aeropuerto y usa los servicios, equipamiento y asistencia del personal aeroportuario.
La facultad y el derecho de este cobro por parte de LAP, es una decisión técnica y necesaria para asegurar la sostenibilidad económica del Jorge Chávez, el mantenimiento de los aeropuertos de todo el Perú y cumplir con un contrato ley establecido junto al Estado. No aplicar la TUUA de transferencia significaría desconocer un compromiso que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) asumió y, por tanto, afectar la estabilidad jurídica y la imagen del Perú ante los inversionistas nacionales e internacionales.
Desde la SNCI, rechazamos los intentos de desinformar y manipular a la opinión pública y reafirmamos que la infraestructura moderna —que todos requerimos y necesitamos— solo se sostiene cuando se respeta lo acordado y se garantizan reglas claras para la inversión y el desarrollo. Y cuando el Estado modifica o incumple lo pactado, se debilita la credibilidad institucional y se reduce la capacidad del país para atraer proyectos de gran impacto en carreteras, puertos y aeropuertos. Las inversiones en infraestructura se sostienen en confianza y previsibilidad. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»
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Más de 200 personas acceden a trámites de DNI en Iparia
El Programa PAIS y Reniec tramitan el DNI de más de 200 pobladores shipibo-konibo en Ucayali
Un total de 200 pobladores pertenecientes a comunidades nativas shipibo-konibo, en el distrito de Iparia, realizaron trámites de su Documento Nacional de Identidad (DNI) de forma gratuita durante agosto de 2026. La campaña se ejecutó en la provincia de Coronel Portillo mediante una estrategia coordinada entre el Tambo Colonia del Caco del Programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Aparte de la emisión de nuevos documentos, la jornada social de tres días atendió solicitudes de cambio por caducidad, duplicado por pérdida, renovación, actualización de datos e inscripción de partidas de nacimiento. En total, las instituciones involucradas sumaron más de 400 atenciones en favor de los residentes de las localidades de Colonia del Caco, Nazareth y Amaquiria.
¿Qué impacto económico y logístico genera la campaña en Iparia?
La intervención en el distrito de Iparia contó con el soporte técnico de la Dirección Regional de Identificación y Asistencia Social (DRIAS) de Ucayali. Esta gestión descentralizada evitó que las familias vulnerables de la cuenca fluvial gastaran recursos económicos y emplearan hasta un día entero de navegación para trasladarse hacia la ciudad de Pucallpa.
Sobre la relevancia de la descentralización de los trámites estatales, Jaksson Villaorduña, coordinador regional del Programa PAIS en Ucayali, precisó: “A través de los Tambos y la articulación con el Reniec, garantizamos que las personas que viven en estas zonas de difícil acceso ejerzan su derecho a la identidad sin tener que salir de sus comunidades o realizar largos desplazamientos hasta la capital de la provincia para realizar los trámites del DNI”.
¿Por qué el DNI es la puerta de entrada a los servicios básicos?
Contar con una identificación oficial constituye un requisito indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Más que un registro administrativo, el DNI facilita la inclusión social de los pobladores originarios, garantizando su incorporación en los programas del Estado, la atención en los servicios públicos de salud, el acceso a la educación formal, la inserción al empleo y la protección legal.
¿Cuál es la cobertura del Programa PAIS en la región ucayalina?
En la región Ucayali, la infraestructura social gestionada por la entidad gubernamental dispone de seis Tambos operativos. Estas plataformas fijas conectan los servicios del Estado con más de 70 comunidades nativas de la Amazonía peruana.
Durante el año 2026, la red de atención social ha superado las 16 000 atenciones dirigidas a personas que habitan en los sectores más alejadados del territorio regional, fortaleciendo la presencia institucional en la selva central.
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“Santa Anita perdió más de 140 millones de soles por malas gestiones municipales”
Ingrid Alcarraz, candidata de Juntos por el Perú para el distrito de Santa Anita, apuesta por una estrategia integral contra la delincuencia, la ampliación de vías clave para eliminar cuellos de botella y la creación de un centro de salud y bienestar animal. Como santanitense de nacimiento, empresario y ex subprefecta, conoce la realidad de su distrito y sabe cómo lograr el desarrollo, progreso y bienestar de sus vecinos.
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD BAJO CUATRO PILARES
Frente a la creciente ola de robos al paso y extorsiones que afectan a los pequeños comercios y a las líneas de transporte menor en el distrito, Alcarraz planteó un enfoque integral basado en cuatro ejes: infraestructura, tecnología, aspecto legal y prevención.
- Prevención con deporte y salud mental: Propone recuperar espacios públicos para el desarrollo deportivo y académico de los jóvenes. Abrir en todos los sectores del distrito, academias deportivas municipales gratuitas para alejar a los niños y jóvenes de las calles. Con ello, formará también hombres y mujeres responsables, con valores, líderes y sabiendo trabajar en equipo.
Asimismo, planteó el abordaje de la salud mental mediante campañas en colegios y parques, articulando esfuerzos mediante convenios con instituciones locales como el Centro de Salud Mental Comunitario y el Hospital Hermilio Valdizán.
- Tecnología de vanguardia: Bajo la propuesta «Santa Anita Smart», proyecta la implementación de un sistema de videovigilancia equipado con inteligencia artificial para el reconocimiento facial y de placas. Alcarraz enfatizó que este sistema operará mediante una central de monitoreo moderna integrada directamente con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía para garantizar su efectividad legal.
- Infraestructura segura: Promete la mejora de la iluminación y la recuperación de espacios actualmente abandonados o inseguros, como el Parque 6 de Andahuaylas.
AMPLIACIÓN DE VÍAS Y CONECTIVIDAD URBANA
Para solucionar el caos vehicular y los denominados «cuellos de botella» que afectan la calidad de vida de los residentes, Ingrid Alcarraz se comprometió a gestionar proyectos de infraestructura vial ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima:
- Puente Atarjea (Puente Tecno): Gestión para la ampliación de la vía de la Av. César Vallejo para agilizar la salida del distrito en horas punta.
- Avenida Ferrocarril: Coordinará con El Agustino y Lima Metropolitana para pavimentar y limpiar la zona colindante a Sedapal, erradicando los botaderos de desmonte y focos delictivos actuales.
- Megaproyectos y áreas verdes: Fiscalizará y gestionará los tramos de la ampliación de la Av. Huarochirí (hacia el Malecón Checa) y los pasos a desnivel para asegurar que las vías adyacentes reciban inversión en pistas e iluminación, además de defender el compromiso ambiental y la conservación de los árboles frente al avance de las obras urbanas.
BIENESTAR ANIMAL Y SALUD PÚBLICA
Alcaraz criticó la inoperatividad de la actual veterinaria municipal y anunció la creación de un «Centro de Salud y Bienestar Animal». Este establecimiento proyecta ofrecer atención de emergencias las 24 horas, consultas a costos sociales accesibles, campañas masivas y continuas de esterilización, vacunación, y programas de educación ciudadana para combatir el abandono de mascotas en puntos críticos como el «Parque del Triángulo».
CUESTIONAMIENTOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ingrid Alcarraz, administradora de profesión y ex subprefecta de Santa Anita, alertó sobre la deficiente capacidad de gasto de las autoridades previas, señalando que entre el año 2015 y el período anterior se devolvieron al erario nacional más de 140 millones de soles que debieron ser destinados a proyectos de inversión pública. Tras detallar los bajos niveles de ejecución presupuestal al inicio de los últimos períodos municipales, exhortó a los vecinos a emitir un voto informado para dar paso a una administración caracterizada por la transparencia, la eficiencia técnica y la lucha frontal contra la corrupción.
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