Como resultado de la fiscalización efectuada por la Dirección de Fiscalización y Sanciones (DFS) del CONADIS, la institución informó que, en el año 2022, solo siete (07) entidades públicas han logrado cumplir con la cuota laboral de incorporar al 5% de personas con discapacidad (PCD), de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley Nº 29973).

Luego de fiscalizar a un total de 118 entidades públicas en los tres niveles de gobierno, el CONADIS dio a conocer que las siete entidades que sí cumplen con la cuota de empleo PCD 2022 se concentran en los gobiernos regionales y municipales. Estas instituciones, suman a un total de 246 personas con discapacidad contratadas durante el año pasado.

De este modo, las instituciones que han cumplido con la cuota de empleo son: la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar en Tumbes, con el 6.55% (11 personas); Municipalidad Distrital de Independencia en Lima, con el 6.51% (37 personas); Gobierno Regional de Tumbes, con el 5.84% (22 personas); Municipalidad Provincial de Piura, con el 5.34% (79 personas); Gobierno Regional de Loreto con el 5.15% (54 personas); Gobierno Regional de Pasco, con el 5.14% (13 personas); y Gobierno Regional de Piura, con el 5.05% (30 personas).

Además, estos resultados arrojaron que un total de 1276 personas con discapacidad trabajan en estas 118 entidades. De las cuales 471 son mujeres (37%) y 805 varones (63%). El 46% del total de trabajadores con discapacidad pertenecen al régimen CAS; y, el 54% en otros regímenes, como el Dec. Leg. 276 (28%) y el Dec. Leg. 728 (26%).

De otro lado, se evidencia que las 111 entidades restantes sí tienen registrada la contratación de personas con discapacidad; sin embargo, no alcanzan el porcentaje exigido por la Ley. Es importante mencionar que solo cuatro entidades no cumplieron con enviar la información requerida por la institución.

Finalmente, el CONADIS dio a conocer que, en estas 111 entidades pendientes de completar la cuota de empleo correspondiente, se debería contratar a un total de 3387 personas con discapacidad, para que todas puedan cumplir con esta obligación señalada en la Ley Nº 29973.

En el marco de la Ley N° 29973, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, entidad adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), exhorta a los titulares y funcionarios de las entidades públicas de los tres niveles de Gobierno, a cumplir con la obligación establecida en el artículo 49.1 de la referida Ley.

De acuerdo con lo establecido en la referida Ley “las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados con más de 50 trabajadores en una proporción no inferior al 3%”.

Sector vulnerable de la población

A causa de la pandemia originada por la COVID-19, las personas con discapacidad y sus familias fueron las primeras en ser afectadas, debido a que su economía ya era precaria, informal y de sobrevivencia; acusando los más altos índices de exclusión y desatención.

Por ello, es imperativo realizar todos los esfuerzos necesarios que permitan el cierre de brecha desempleo que afecta gravemente a más del 75% de personas con discapacidad en edad de trabajar, permitiéndole superar las barreras administrativas, promoviendo la igualdad de oportunidades laborales para las personas con discapacidad en cumplimiento del Derecho al trabajo, reconocido en el Artículo 45 de la Ley N° 29973.

En ese sentido, desde el CONADIS reafirmamos nuestro compromiso de continuar brindando la asistencia técnica a las entidades públicas, para realizar los procesos de selección y contratación accesibles; la aplicación de ajustes razonables y adaptaciones que fueran necesarias al puesto de trabajo brindando el soporte y acompañamiento respectivo; asimismo, capacitando a los operadores de las unidades de recursos humanos con la perspectiva de discapacidad aplicada a la contratación de talento humano.

Finalmente, nos sumamos al compromiso de trabajar en la inclusión Laboral de las personas con discapacidad, eliminando barreras y promoviendo un empleo justo y equitativo.