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Subcomisión aprobó denuncias constitucionales contra Vizcarra por caso vacunas – Diario Nacional Realidad.PE | Noticias relevantes del Perú
La Subcomisión de Acusaciones del Congreso aprobó el informe final de dos denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra por la irregular vacunación con dosis del laboratorio Sinopharm destinadas a un estudio clínico.
Fueron 14 votos a favor de aprobar el informe acusatorio cero en contra y cero en abstención.
El legislador Carlos Mesías sustento la acusación que concluye que Vizcarra Cornejo, Germán Málaga y la exministra de Salud, Pilar Mazzetti serían coautores de los delitos de organización criminal, colusión agravada, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales será remitido a la Comisión Permanente, conforme al procedimiento establecido en el reglamento del Congreso de la República.
De ser aprobada en dicha instancia, la acusación sería sometida a debate y votación del pleno de la representación nacional.
La acusación constitucional 422, presentada por la congresista María Teresa Cabrera, atribuye al expresidente el presunto delito de colusión agravada, dado que en su condición de Jefe de Estado formaba parte de la negociación para la adquisición de las vacunas, en representación del Estado peruano.
También le imputa el presunto delito de negociación incompatible, tráfico de influencias, malversación, tráfico de influencias y cohecho pasivo, dado que, aprovechando su alta investidura, solicitó ser beneficiado con la aplicación de la vacuna en clara violación a sus obligaciones.
En tanto, la denuncia constitucional 424, presentada por los congresistas Orlando Apara Roque y Rubén Ramos (Nueva Constitución) le atribuye la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
La denuncia señala que Vizcarra se habría valido de su cargo para obtener dosis de la vacuna Sinopharm destinadas al estudio clínico.
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Parte del canon minero se pierde en obras inútiles o en corrupción, admite ministro Shinno
El titular de Energía y Minas planteó modificar la distribución del canon para que llegue de forma obligatoria a las comunidades cercanas a las operaciones mineras, aunque advirtió que también hace falta fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar esos recursos.
Durante su participación en el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno, hizo un balance crítico sobre el uso actual del canon minero. Señaló que buena parte de estos recursos termina concentrada en las capitales de provincia o distrito, mientras otra porción se destina a obras poco útiles o incluso se pierde en actos de corrupción, sin llegar a las poblaciones más cercanas a los yacimientos.
Frente a ese diagnóstico, el ministro planteó impulsar modificaciones estructurales en la forma en que se distribuyen estos fondos. «Tenemos que lograr que parte de ese canon vaya sí o sí a las comunidades aledañas, a los entornos mineros, para que ellos justamente vean cómo se llega a la infraestructura básica que tanto reclaman», afirmó. La propuesta busca que las poblaciones vecinas a las operaciones extractivas perciban de manera más directa los beneficios económicos de la minería, algo que hoy no ocurre pese a los montos que mueve esta industria.
Shinno advirtió, sin embargo, que cambiar la distribución del canon no resolverá el problema por sí solo si no se fortalece, en paralelo, la capacidad de gestión de las autoridades locales y provinciales encargadas de ejecutar esos recursos. El funcionario vinculó, además, esta reforma con un cambio en el manejo de los conflictos sociales, al plantear que el Estado debe involucrarse de forma permanente en la planificación del desarrollo de los territorios mineros y no solo intervenir cuando un conflicto ya estalló, bajo un esquema de gobernanza territorial preventiva entre Estado, empresas y comunidades.
Fuente: RPP
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Expertos piden estabilidad en Sedapal antes de una nueva reestructuración tras las inundaciones por lluvias
El anuncio de la presidenta Keiko Fujimori llega tras las inundaciones que dejaron a más de 380 vecinos de Villa El Salvador con aguas servidas dentro de sus casas, en un sistema de alcantarillado que hoy pone en alerta a 1.7 millones de personas en cuatro distritos de Lima Sur.
Las lluvias generadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) «Aníbal» colapsaron el sistema de alcantarillado en distritos de Lima Sur como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Chorrillos, que en conjunto agrupan a cerca de 1.7 millones de habitantes, casi el 20% de la población de Lima Metropolitana. Solo en Villa El Salvador, la municipalidad reportó que 10 buzones colapsaron en pocas horas, afectando a 386 vecinos con el ingreso de aguas servidas a sus viviendas, mientras el municipio denunció que Sedapal no envió los equipos hidrojet prometidos.
Ante la emergencia, la presidenta Keiko Fujimori anunció el inicio de una reestructuración de la empresa estatal de agua, que en su plan de Gobierno no contemplaba medidas concretas sobre el tema. Para Francisco Dumler, expresidente de Sedapal y extitular del Ministerio de Vivienda, el primer problema a resolver es la alta rotación en la presidencia de la empresa, ya que desde que él dejó el cargo en 2022, Sedapal ha tenido seis gestiones, con un promedio de menos de nueve meses cada una. El especialista fue enfático: «Lo peor que puede pasar es que se paren proyectos con cada cambio de gestión». Por ello, planteó que la estrategia debe apuntar a un planeamiento de 10 años.
Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la PUCP, coincidió en que una reorganización por sí sola no basta si antes no se determina qué falló y recordó que Sedapal solo administra agua potable y alcantarillado, mientras Lima enfrenta un problema más amplio de drenaje urbano que involucra a otras entidades del Estado. Para el especialista, «la gestión del riesgo es una responsabilidad del Estado, no solamente del funcionario que hoy ocupa el cargo».
Fuente: Gestión
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