El fiscal José Domingo Pérez encabezó hoy un operativo para allanar las oficinas de las empresas que administran el proyecto Línea Amarilla, una millonaria obra que favoreció aún más a la compañía OAS cuando en 2013 se firmó la adenda N.°1 durante la gestión de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

La intervención, autorizada por el juez Jorge Chávez Tamariz, fue en las sedes de Vinci Highways Perú y Lima Expresa, compañías que están a cargo del cobro de peajes en la vía que fue construida inicialmente por Línea Amarilla SAC (Lamsac), a cargo de OAS.

Para Pérez, las empresas estarían “ocultando cosas relevantes” con la complicidad del Estudio Echecopar, cuyas instalaciones también fueron allanadas este martes.

Los fiscales consideran que esta información les permitirá probar que en la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán funcionarios de la comuna limeña se coludieron y negociarion ilícitamente con Odebrecht y OAS para el proyecto Línea Amarilla.

El caso
Según la hipótesis fiscal, la Municipalidad de Lima y Lamsac suscribieron en mayo de 2011 un acta para aplicar la adenda una vez se cumpliese los tres años de plazo que estipulaba el contrato inicial firmado en noviembre de 2009, durante la gestión de Luis Castañeda.

El acuerdo consistía en permitir a OAS transferir sus acciones de Lamsac a Línea Amarilla Brasil Participacoes S.A. sucursal de Invepar y, a cambio, la comuna de Villarán exigía cambiar el nombre del proyecto a Vía Parque Rímac.

Los cambios pactados sucedieron pero antes de los tres años. Es decir, se vulneró el contrato.

“Este no fue un simple acuerdo para compromisos futuros, pues hubo obligaciones que se ejecutaron antes de la firma de la Adenda N.° 1 como ha sido el caso de la autorización para la transferencia financiera de la Constructora OAS a Invepar y el cambio de denominación del proyecto a Vía Parque Rímac”, sostiene el Ministerio Público.

La firma de la adenda sucedió finalmente el 13 de febrero de 2013. Por el lado de la comuna limeña firmó el entonces gerente municipal Domingo Arzubialde, y André Giavina Bianchi suscribió en representación de Lamsac.

El cambio del contrato modificó el monto de inversión del proyecto, que pasó de costar US$480 millones a US$561 millones, ya que se ejecutarían nuevas obras por más de US$81 millones.

Ello implicó, además, que se varíe el cobro del peaje y Lamsac, de acuerdo a la Fiscalía, hizo un reajuste del precio. Según sus cálculos, considerando el incremento de la inversión, había dejado de percibir más de US$142 millones entre 2009 y 2013, por lo que esperaba cobrar ese monto con la nueva tarifa del peaje.

La indagación señala que Lamsac pretendió conseguir ese millonario monto en medio de la campaña de revocatoria contra Villarán, que se impulsó en 2013.