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Susana Villarán:Fiscalía allana tres empresas que concertaron acuerdos ilícitos con Odebrecht y OAS
El fiscal José Domingo Pérez encabezó hoy un operativo para allanar las oficinas de las empresas que administran el proyecto Línea Amarilla, una millonaria obra que favoreció aún más a la compañía OAS cuando en 2013 se firmó la adenda N.°1 durante la gestión de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.
La intervención, autorizada por el juez Jorge Chávez Tamariz, fue en las sedes de Vinci Highways Perú y Lima Expresa, compañías que están a cargo del cobro de peajes en la vía que fue construida inicialmente por Línea Amarilla SAC (Lamsac), a cargo de OAS.
Para Pérez, las empresas estarían “ocultando cosas relevantes” con la complicidad del Estudio Echecopar, cuyas instalaciones también fueron allanadas este martes.
Los fiscales consideran que esta información les permitirá probar que en la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán funcionarios de la comuna limeña se coludieron y negociarion ilícitamente con Odebrecht y OAS para el proyecto Línea Amarilla.
El caso
Según la hipótesis fiscal, la Municipalidad de Lima y Lamsac suscribieron en mayo de 2011 un acta para aplicar la adenda una vez se cumpliese los tres años de plazo que estipulaba el contrato inicial firmado en noviembre de 2009, durante la gestión de Luis Castañeda.
El acuerdo consistía en permitir a OAS transferir sus acciones de Lamsac a Línea Amarilla Brasil Participacoes S.A. sucursal de Invepar y, a cambio, la comuna de Villarán exigía cambiar el nombre del proyecto a Vía Parque Rímac.
Los cambios pactados sucedieron pero antes de los tres años. Es decir, se vulneró el contrato.
“Este no fue un simple acuerdo para compromisos futuros, pues hubo obligaciones que se ejecutaron antes de la firma de la Adenda N.° 1 como ha sido el caso de la autorización para la transferencia financiera de la Constructora OAS a Invepar y el cambio de denominación del proyecto a Vía Parque Rímac”, sostiene el Ministerio Público.
La firma de la adenda sucedió finalmente el 13 de febrero de 2013. Por el lado de la comuna limeña firmó el entonces gerente municipal Domingo Arzubialde, y André Giavina Bianchi suscribió en representación de Lamsac.
El cambio del contrato modificó el monto de inversión del proyecto, que pasó de costar US$480 millones a US$561 millones, ya que se ejecutarían nuevas obras por más de US$81 millones.
Ello implicó, además, que se varíe el cobro del peaje y Lamsac, de acuerdo a la Fiscalía, hizo un reajuste del precio. Según sus cálculos, considerando el incremento de la inversión, había dejado de percibir más de US$142 millones entre 2009 y 2013, por lo que esperaba cobrar ese monto con la nueva tarifa del peaje.
La indagación señala que Lamsac pretendió conseguir ese millonario monto en medio de la campaña de revocatoria contra Villarán, que se impulsó en 2013.
Alejando Arteaga / Fotos: Raúl Arriarán
Johnson Smith Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”, ya se encuentra en Lima luego de ser capturado en Bolivia, tras un trabajo de inteligencia que permitió ubicarlo e intervenirlo con apoyo de la cooperación internacional.
El detenido llegó por la tarde al Grupo 8 y es considerado un objetivo de alto valor por sus presuntos vínculos con la organización criminal “Los Pulpos”, de origen trujillano.
Durante el tiempo que permaneció prófugo en Bolivia, “Jhonsson Pulpo” habría intentado borrar sus huellas y cambiar completamente su apariencia. De acuerdo con información difundida por medios de comunicación, habría recurrido a cirugías estéticas, modificaciones físicas y una identidad falsa para evitar ser reconocido.
Las investigaciones señalan que habría utilizado el nombre de Santiago Saavedra Quispe durante su permanencia en territorio boliviano.
Cruz Torres es sindicado como uno de los cabecillas más peligrosos de “Los Pulpos”. Se le atribuyen investigaciones por homicidio calificado, sicariato, secuestro agravado, robo con subsecuente muerte y organización criminal. Además, pesa sobre él una sentencia de cadena perpetua por el asesinato de una comerciante ocurrido en Trujillo.
Uno de los casos que marcó su historial criminal ocurrió el 12 de marzo de 2020, cuando Juliana Eusta, de 60 años, conocida como “la reina de la papa de Trujillo”, fue atacada en el mercado La Hermelinda, en Florencia de Mora. La comerciante fue asaltada por dos sujetos y posteriormente murió como consecuencia del violento ataque.
La Policía capturó inicialmente a uno de los implicados, conocido como “Yachi”. Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad permitió identificar posteriormente a Jhonsson Smith Cruz como otro de los presuntos responsables.
Este caso fue determinante para que se dictara en su contra cadena perpetua por robo agravado con subsecuente muerte, convirtiéndose en uno de los principales motivos de la búsqueda internacional que terminó con su captura.
El ministro del Interior, César Astudillo, supervisó el operativo y destacó la cooperación entre las autoridades de Perú y Bolivia, así como el apoyo de la DEA y el FBI, que permitió su expulsión inmediata hacia el Perú.
La caída de “Jhonsson Pulpo” representa un duro golpe para la estructura de “Los Pulpos”, organización que, según las investigaciones, habría extendido sus actividades criminales más allá del Perú, alcanzando países como Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador.
Según datos del Ministerio Público, hasta el 31 de julio, en nuestro país se registra un promedio de 428 denuncias por secuestro al mes, cifra que supera los promedios de los años anteriores.
Por ejemplo, en 2020 se registraba un promedio de 142 denuncias mensuales en 2022 la cifra llegó a 283. Para 2025, el promedio se elevó a 410 casos por mes. En lo que va de 2026, la suma alcanzó las 428 denuncias mensuales.
Si el ritmo prosigue de esa manera durante los próximos meses, el número acumulado de denuncias podría superar las 5.100 al culminar 2026.
Sin embargo, el comportamiento histórico muestra que durante los últimos meses del año pueden producirse incrementos asociados a una mayor actividad económica y movilidad por las fiestas de fin de año.
En todo caso, el promedio mensual podría subir hasta aproximadamente 458 denuncias, lo que llevaría el acumulado anual a bordear las 5.500 denuncias por secuestro.
Los registros del Ministerio Público indican que Lima encabeza la lista de departamentos con mayor número de denuncias por secuestro en 2026, seguida por Arequipa, Junín, La Libertad y Callao. A nivel provincial, Lima ocupa nuevamente el primer lugar, mientras que Arequipa, Huancayo, Callao y Trujillo completan el grupo con mayor cantidad de casos.
Entre los cinco distritos con más denuncias figuran Callao, Arequipa, San Juan de Lurigancho, Trujillo y Huancayo. El Callao aparece en el primer lugar de este ranking, seguido por Arequipa y San Juan de Lurigancho.
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