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TC: Consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas – Diario Nacional Realidad.PE
Con ocasión de resolver el Exp. N.° 03326-2017-PA/TC, el Tribunal Constitucional (TC) precisó que el derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, constituye fuente de derecho interno conforme al artículo 55 de la Constitución, es de aplicación obligatoria y constituye un derecho fundamental tutelable a través del proceso de amparo.
Asimismo, reiteró que la existencia legal de las comunidades campesinas y nativas no requiere de inscripción previa, pues esta última es un acto administrativo declarativo y no constitutivo de ella.
Así lo decidió el TC al declarar infundada la demanda de amparo planteada por la Comunidad Campesina de Asacasi, contra el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Dirección Regional de Energía y Minas de Apurímac (DREM de Apurímac), por la sistemática omisión de realizar consultas previas, libres e informadas antes de la expedición de concesiones mineras en el área geográfica que forma parte del territorio ancestral de la comunidad campesina de Asacasi, descendiente del pueblo indígena andino quechua.
El TC reiteró que, conforme a la normativa peruana, el otorgamiento de una concesión no autoriza a que inmediata o directamente se inicien actividades de exploración o la explotación y, por ende, dicho acto administrativo no constituye per se un supuesto de afectación directa que deba ser consultado previamente.
Sin embargo, precisa que la concesión sí debe ser objeto de consulta previa cuando se advierta que afecta directamente a un pueblo indígena u originario, es decir, cuando exista evidencia razonable de que exista riesgo ambiental o que pueda generarse cambios relevantes y directos en su territorio (entendido este de manera integral) o su estilo de vida –entre otras posibilidades–, bases de su cohesión y existencia social (por ejemplo: casos de desplazamiento forzado, supuestos de división de comunidades, fractura de su tejido social, etc.).
A la vez que reconoce a la consulta previa como derecho fundamental, enfatiza que este se encuentra directamente relacionado con el derecho a participar en la vida económica y social de la Nación, y que dicha prerrogativa coopera en el fortalecimiento del Estado Constitucional, democratiza la sociedad peruana y contribuye a la protección de los pueblos indígenas, preservando su identidad y subsistencia digna.
Asimismo, el Tribunal resalta que el derecho a la consulta previa implica un diálogo intercultural que debe regirse por los principios de buena fe, de flexibilidad, coparticipación de la riqueza, transparencia y que debe tener la condición de previa.
De otro lado, la decisión reconoce que la concesión minera, en tanto medida administrativa, tiene soporte constitucional en el artículo 66 de la Constitución, que consagra la regulación sobre los recursos naturales y su eventual concesión.
También puntualiza que cuando la concesión se solicita u otorga respecto de territorios de pueblos indígenas u originarios, ello debe ser puesto a conocimiento de estas con la finalidad de que estén plenamente enteradas de la eventual modificación de la situación jurídica del suelo en que habitan y de los posibles cambios que eventualmente podrían generarse en el futuro, lo cual actualmente no se encuentra regulado.
Frente a esta omisión, el Tribunal considera necesario exhortar al Congreso de la República, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Energía y Minas para que, en el marco de sus competencias y atribuciones, legislen adecuadamente, con pertinencia cultural, el contenido de los derechos a la consulta previa y a la participación ciudadana y coordinen su reglamentación.
En la sentencia, ponencia del magistrado Ochoa Cardich, indica que la comunicación dirigida a los pueblos indígenas u originarios debe realizarse con pertinencia cultural y respeto irrestricto a la diversidad lingüista restringida consagrada en el artículo 48 de la Constitución.
Asimismo, se dispone la difusión de un extracto de la sentencia en lenguas originarias representativas a saber, quechua aimara y asháninca.
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ProInversión firma convenio de S/23.7 millones para liberar interferencias en el Anillo Vial
El Tramo 1, de 8.7 km, conectará el Callao con San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia. La autopista completa reduciría el recorrido entre Ate e Independencia de 60 a 15 minutos.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), suscribió un convenio con On Empresas S.A.C. para liberar las interferencias de redes e infraestructura de telecomunicaciones de su titularidad que afectan el Tramo 1 del Anillo Vial. Los trabajos tienen un monto estimado de S/23.7 millones, incluido IGV, y un plazo de ejecución de 13 meses. Participaron en el acto la gerenta general de ProInversión, Mirtha Rázuri; el gerente general de On Empresas, Nilton Rodríguez, y el director de Portafolio de Proyectos de ProInversión, Yaco Rosas.
El Tramo 1 comprende 8.7 kilómetros, desde el óvalo de las 200 Millas, en el Callao, hasta la Panamericana Norte, a la altura del óvalo Naranjal, y fortalecerá la conectividad del Callao con San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia. La liberación de interferencias se suma a la adquisición de terrenos que impulsa ProInversión, que sigue entregando cheques a propietarios de predios en diversos tramos. Con ambas acciones se dispone de manera progresiva de las áreas necesarias para ejecutar el proyecto.
El Anillo Vial beneficiará a 4.5 millones de personas mediante una autopista de 34.8 kilómetros que conectará el Callao con 11 distritos de Lima Metropolitana. La concesión, bajo la modalidad de APP, comprende diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento durante 30 años. La vía reduciría el recorrido entre Ate e Independencia de 60 a 15 minutos; entre Ate y San Juan de Lurigancho, a 10, y entre este último distrito e Independencia, a cinco. También conectará la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la Carretera Central, y facilitará el acceso a los puertos del Callao y Chancay, al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y al futuro Parque Industrial de Ancón.
Fuente: ProActivo
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Perú se ubica entre los cuatro mejores de 26 países de la región para impulsar obras con inversión privada
ProInversión informó que el país ocupa el cuarto lugar entre 26 economías, junto con Brasil, Chile y Colombia, y que su mayor avance fue en preparación de proyectos.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que Perú se ubicó en el cuarto lugar entre 26 países de América Latina y el Caribe en el Infrascopio 2025/26, elaborado por Economist Enterprise por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que mide las condiciones para desarrollar Asociaciones Público-Privadas (APP) en infraestructura. Con 71.0 puntos sobre 100, el país integra el grupo de líderes regionales junto con Brasil, Chile y Colombia. Su puntaje subió de 70.6 en 2023/24 y supera en 24.5 puntos el promedio regional, de 46.5.
El mayor avance se dio en preparación y sostenibilidad de proyectos, que pasó de 72.9 a 77.4 puntos. En regulación e instituciones, la categoría con mayor puntaje nacional, subió de 92.7 a 95.8. La gestión de riesgos y el monitoreo de contratos se mantuvo en 79.6, y la evaluación del desempeño e impacto ex post pasó de 36.5 a 37.7. En financiamiento, la calificación bajó de 71.2 a 64.4, un ámbito que el informe identifica como de atención.
El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, destacó que Perú es primero en preparación de proyectos y sostenibilidad, segundo en gestión de riesgos y monitoreo contractual, y que alcanzó 95.8 sobre 100 en regulación e instituciones. Señaló que “el reconocimiento tiene una dimensión institucional relevante porque el informe destaca expresamente la nueva Ley de APP y su reglamento de 2025, que reorganizan y fortalecen las responsabilidades de ProInversión y los procedimientos de modificación contractual”. Agregó que el resultado respalda la dirección de la reforma, con una ProInversión fortalecida y capaz de acompañar la ejecución de las inversiones. “El camino es consolidar esta transformación institucional y darle continuidad”, subrayó.
Fuente: Energiminas
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