Por William Rios Rosales

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) plantea incrementar su capacidad de sanción, lo que implica elevar el tope de 350 a 1,000 UIT. Además, busca establecer requisitos esenciales para la contratación del servicio público móvil.

Para conocer más detalles sobre estas iniciativas, el Suplemento Económika entrevistó al presidente del consejo directivo del ente supervisor, Rafael Muente.

–¿Cuál es el balance de las acciones del Osiptel en lo que va del año?

–Esta es la continuación de la gestión del mandato anterior; por lo tanto, podemos continuar con una agenda que tiene que ver con mantener a Osiptel a la vanguardia de la tecnología para los fines de la regulación.

En el primer cuatrimestre, la entidad registró grandes avances. Uno de los temas que forman parte de nuestro trabajo es la utilización de datos, porque no emitimos mensajes sin que estén respaldados con estos fundamentos.

Implementamos también nuestro panel de control, que permite registrar lo que sucede con cada antena en todo el Perú con una alarma que se activa cuando deja de funcionar. Esta herramienta fue útil durante la emergencia climática por la intensas lluvias para actuar inmediatamente en caso de que alguna antena se cayera.

–¿El Perú se mantiene atractivo para las inversiones en telecomunicaciones?

–Las telecomunicaciones se basan en el desarrollo y los avances que realiza la inversión privada en el país, pero para que continúe con su crecimiento requiere de un marco regulatorio propicio. Esta situación es una realidad en el Perú, porque las empresas siguen anunciando nuevos capitales.

Estos recursos serían difíciles de invertir en el país si no tendríamos una normatividad que propicie la llegada de inversiones.

Además, continuamos con la desregulación, porque hay normas que no son necesarias, con lo cual se contribuye a que las normativas sean más simples.

–Un problema que todavía no se resuelve es la informalidad en el sector, ¿cuál es la situación del mercado?

–La informalidad es un tema que acompaña a la actividad regulatoria, aunque preferiríamos no destinar tanto tiempo a este tema, porque hay aspectos que también requieren atención. Estamos profundamente decepcionados con la actitud de las empresas operadoras, porque no conozco ningún país en el que no se respete las decisiones de la autoridad reguladora. Este es un mal precedente, no solo para el mundo de las telecomunicaciones, sino también para el ámbito empresarial.

Respetamos el derecho de las empresas a defender su punto de vista respecto a las ventas ambulatorias de chips, pero esa facultad tiene límites que, en este caso, son la seguridad de información y de datos de las personas.

Recientemente, revelamos que las empresas operadoras tenían más de 4,000 servicios móviles vinculados a delitos registrados con datos como ‘nene malo’, ‘pero calma papi’, ‘Haland Bolt Advíncula’, provenientes en su mayoría, de la venta ambulatoria de chips. Estas inconsistencias detectadas en registro de abonados de empresas no permiten brindar información adecuada para investigación de delitos a cargo del Ministerio del Interior (Mininter), Fiscalía y otras entidades públicas.

Una obligación de empresas concesionarias, que prestan servicio público en representación del Estado, es cumplir estrictamente con las disposiciones regulatorias. De no ser así, daña la economía social de mercado y la Constitución Política del Perú porque no tiene sentido hacer negocio en contra de valores, principios y derechos, como es la seguridad de las personas.

–¿Qué acciones emprendió la entidad supervisora para solucionar esta situación?

–Lo más importante es la seguridad del usuario. Para combatir estas acciones ilegales se presentaron proyectos al Congreso de la República. Una de ellas es incrementar la capacidad de sanción de Osiptel, al igual que otras instituciones del Estado, lo que implica elevar el tope de 350 a 1,000 unidades impositivas tributarias (UIT).

También emitió un proyecto normativo que establece los requisitos esenciales para la contratación del servicio público móvil y propone que las empresas operadoras desactiven líneas móviles que presentan datos inconsistentes o que se encuentran activos sin haberse seguido los requisitos esenciales para su contratación.

Se establece tres requisitos esenciales para la contratación del servicio móvil: que se realice la contratación y adquisición de SIM card en los canales reconocidos legalmente, es decir, que no se lleve a cabo de forma ambulatoria; que se valide la identidad de la persona natural que participa de la contratación mediante verificación biométrica contrastada con una base del Reniec o una base de datos alterna; y que se valide la identidad del solicitante del servicio mediante verificación biométrica de huella dactilar, o según el procedimiento establecido para las excepciones de esta verificación.

La iniciativa propone, además, que las empresas operadoras desactiven los servicios móviles en caso de que no cumplan con los requisitos esenciales para la contratación. Previamente, deberán remitir un mensaje de texto al usuario informando sobre la desactivación del servicio.

Asimismo, se precisa que la detección de aquellos servicios que corresponden ser desactivados son los identificados por la empresa operadora, la cual deberá verificar de forma diaria el sustento del cumplimiento de los requisitos mencionados en sus contrataciones y activaciones efectuadas el día calendario previo. En el marco de las acciones de fiscalización, el Osiptel puede detectar servicios móviles activos sin haberse cumplido los requisitos esenciales para su contratación y solicitar a las operadoras la desactivación respectiva.

El Osiptel fue denunciado en 24 oportunidades en los dos últimos dos años por las operadoras, por lo que se concluye que son ellas las que defienden las ventas ambulatorias de chips.

Sistema de reclamos

Muente reveló que el próximo año Osiptel realizará un cambio fundamental en el sistema de reclamos de los usuarios.

Este avance facilitará la interacción entre la empresa y el cliente con la intervención de la entidad reguladora, de tal manera que se obtengan resultados rápidos y concretos en favor de los que acceden a los servicios de telecomunicaciones.

En esa perspectiva, también se busca alcanzar una medición concreta de la velocidad y latencia que recibe cada usuario de internet fijo o móvil. La idea no es sancionar, sino que haya transparencia de información para el consumidor, de tal manera que tome las decisiones que se ajusten a sus requerimientos.

Uno de los logros de Osiptel fue agilizar la portabilidad numérica, porque ahora el usuario puede cambiar de operador en un día, incluidos los feriados, lo cual dinamizó el mercado de las telecomunicaciones. Para ello, previamente la entidad prohibió que se vendan teléfonos móviles bloqueados, así como otras medidas en beneficio de los usuarios, sostuvo el funcionario.

Datos

• Osiptel es la entidad pública que tiene la mayor cantidad de herramientas tecnológicas para el usuario, destacó el presidente de esa entidad reguladora.
• Las herramientas para los usuarios de las telecomunicaciones son Checa tu IMEI, Checa tu señal, Checa tus líneas, Checa tu equipo móvil, Checa tu plan, Checa tu internet móvil, Checa tu caso.
• Los problemas de los usuarios son atendidos rápidamente mediante una ventanilla única de servicios.

33%

creció el tráfico de datos desde teléfonos móviles y la cantidad de unidades que se utilizaron superó los 29 millones, informó el Osiptel.

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