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Test de Beneficio: La clave para evitar sanciones en la Declaración de Renta en Perú

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Test de Beneficio: La clave para evitar sanciones en la Declaración de Renta en Perú

En el ámbito tributario peruano, el Test de Beneficio se ha convertido en un requisito fundamental para la deducción de costos y gastos por servicios recibidos de partes vinculadas en la Declaración de Renta. Este mecanismo, regulado en el inciso i) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), exige que las empresas demuestren que dichos servicios aportan un valor económico o comercial tangible, mejorando o manteniendo su posición en el mercado.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha intensificado la fiscalización en torno al cumplimiento del Test de Beneficio, subrayando la importancia de una documentación sólida que respalde la naturaleza y necesidad de los servicios contratados. El objetivo es prevenir la erosión de la base imponible y garantizar la transparencia en las operaciones entre empresas vinculadas.

En este contexto, Carlos Vargas Alencastre, CEO de TPC Group y experto en precios de transferencia, enfatiza: «La aplicación rigurosa del Test de Beneficio es crucial para sustentar la deducibilidad de gastos por servicios intragrupo. Las empresas deben proporcionar evidencia contundente de que estos servicios generan un beneficio económico real, alineado con las exigencias de la SUNAT».

Además, Vargas Alencastre añade que, para cumplir con este requerimiento, es fundamental que las compañías implementen políticas internas claras y mantengan registros detallados que demuestren la efectiva prestación y recepción de los servicios. 

Cumplir con este requisito no solo evita contingencias tributarias, sino que también brinda seguridad jurídica a las empresas al respaldar la deducción de sus gastos. Vargas Alencastre resalta 3  principales beneficios:

  • Reducción de riesgos fiscales: Se minimiza la posibilidad de cuestionamientos o ajustes por parte de la SUNAT.
  • Optimización de la carga tributaria: Las empresas pueden justificar adecuadamente sus deducciones, evitando pagos adicionales de impuestos.
  • Mayor transparencia financiera: Facilita auditorías internas y externas, reforzando la confianza ante inversionistas y socios estratégicos.

Por otro lado, no acreditar debidamente el Test de Beneficio puede generar importantes contratiempos:

  • Rechazo de deducciones: La SUNAT puede desconocer gastos, lo que aumentaría la base imponible y, en consecuencia, el monto a pagar en impuestos.
  • Multas y sanciones: Se pueden aplicar penalidades económicas por incumplimiento de las normativas fiscales.
  • Riesgo de auditorías fiscales: La falta de sustento documental puede incrementar la probabilidad de fiscalizaciones e investigaciones tributarias.

“Test de Beneficio no es solo un trámite, sino una herramienta clave para la correcta determinación del Impuesto a la Renta en Perú. Su adecuada aplicación no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que también fortalece la posición fiscal de las empresas frente a posibles auditorías y revisiones por parte de la autoridad tributaria.” Finalizó Vargas Alencastre. 

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.

El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.

Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.

Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.

Fuente: Minart

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.

Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.

La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.

Fuente: Gestión

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