El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, uno de los magistrados implicados en el caso Cuellos Blancos del Puerto, emitió una resolución que ha generado serios cuestionamientos en el ámbito político y jurídico. Mediante la Resolución N.° 3578-2025-MP-FN, dispuso la conformación de una comisión especial encargada de elaborar el proyecto de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, incorporando entre sus miembros a abogados con antecedentes de defensa legal a expresidentes, exministros y personajes investigados en emblemáticos casos de corrupción.

La norma establece la creación de un grupo de trabajo conformado por 26 representantes del Ministerio Público, entre fiscales supremos, superiores y provinciales, así como ocho abogados externos que figuran como “representantes de la sociedad civil y la academia”. Estos últimos, según la resolución, participarán en calidad ad honorem, es decir, sin recibir remuneración directa por parte del Estado.

No obstante, la inclusión de estos profesionales ha generado controversia debido a sus vínculos con investigaciones de alto impacto como los casos Lava Jato, Odebrecht, Cócteles y procesos relacionados con presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder. Para diversos sectores, la composición de la comisión plantea un potencial conflicto de intereses en una reforma clave para la estructura y funcionamiento del Ministerio Público.

Entre los convocados se encuentra Aníbal Gonzalo Raúl Quiroga León, exintegrante de la Comisión Consultiva Constitucional que asesoró a la presidenta Dina Boluarte en 2023, conformada con el aval del entonces jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola. Quiroga también fue abogado defensor del general EP en retiro Juan Rivero Lazo, procesado por homicidio calificado como delito de lesa humanidad en el denominado Caso Pativilca.

Otro nombre que figura en la resolución es el de Arsenio Oré Guardia, abogado que fue parte de la defensa legal de Keiko Fujimori entre los años 2017 y 2019 en el marco del caso Cócteles. Oré también fue investigado por presunta obstrucción a la justicia, al ser acusado de amenazas e inducción a testigos para declarar falsamente, hechos que aún generan debate en el escenario judicial.

La lista continúa con Carlos Caro Coria, abogado del exministro del Interior Juan José Santiváñez, investigado por presunto abuso de autoridad en agravio del capitán PNP Junior Izquierdo. Asimismo, figura Julio Rodríguez Delgado, conocido crítico del acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Estado peruano. Rodríguez fue abogado del exconductor de televisión Andrés Hurtado, procesado por presunto tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos.

También integra la comisión Luis Fernando Ibérico Castañeda, quien en 2018 fue abogado de Gustavo Salazar Delgado, investigado por presunto lavado de activos tras facilitar cuentas bancarias para el presunto pago de sobornos de Odebrecht que habrían beneficiado al exgobernador regional del Cusco, Jorge Acurio Tito.

Otro integrante es Percy Raphael García Cavero, abogado de Arsenio Oré en el caso Cócteles, lo que refuerza las críticas sobre la reiterada presencia de defensores vinculados a una misma investigación de gran carga política y mediática.

La comisión también incluye a Romy Alexandra Chang Kcomt, abogada defensora de Luis Alonso Santa María Torres, gerente del centro comercial Real Plaza, investigado tras el colapso del techo del establecimiento en Trujillo, ocurrido en febrero de 2025 y que dejó seis personas fallecidas y 81 heridas.

Finalmente, figura Víctor Óscar Shiyin García Toma, exministro de Justicia durante el segundo gobierno de Alan García y expresidente del Tribunal Constitucional entre 2005 y 2006. De acuerdo con el medio independiente El Foco, García Toma estaría vinculado a empresas mineras como Yanacocha y Pan American Silver en procesos relacionados con contaminación ambiental y conflictos laborales.

Según la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, la comisión también contará con representantes de instituciones como el Poder Judicial, el Congreso de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia, el Colegio de Abogados de Lima y universidades nacionales, entre otras.

El documento señala que la vigencia de la comisión será de tres meses, con la posibilidad de ampliarse si así se considera necesario. Aunque se precisa que los miembros externos trabajarán ad honorem, la norma establece que el Ministerio Público asumirá con su presupuesto institucional “los gastos que irrogue el desarrollo de las actividades de la comisión”.

La decisión de Tomás Gálvez se produce en un contexto de fuerte cuestionamiento a su gestión interina y a su propia situación legal, al estar vinculado al caso Cuellos Blancos. Para críticos de la medida, la conformación de esta comisión no solo pone en duda la independencia del proceso de reforma del Ministerio Público, sino que también podría debilitar la confianza ciudadana en una institución clave para la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del sistema de justicia.