Política
Tomás Gálvez crea comisión de para nueva Ley Orgánica de la Fiscalía con abogados vinculados a casos de Odebrecht, Cócteles y otros
El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, uno de los magistrados implicados en el caso Cuellos Blancos del Puerto, emitió una resolución que ha generado serios cuestionamientos en el ámbito político y jurídico. Mediante la Resolución N.° 3578-2025-MP-FN, dispuso la conformación de una comisión especial encargada de elaborar el proyecto de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, incorporando entre sus miembros a abogados con antecedentes de defensa legal a expresidentes, exministros y personajes investigados en emblemáticos casos de corrupción.
La norma establece la creación de un grupo de trabajo conformado por 26 representantes del Ministerio Público, entre fiscales supremos, superiores y provinciales, así como ocho abogados externos que figuran como “representantes de la sociedad civil y la academia”. Estos últimos, según la resolución, participarán en calidad ad honorem, es decir, sin recibir remuneración directa por parte del Estado.
No obstante, la inclusión de estos profesionales ha generado controversia debido a sus vínculos con investigaciones de alto impacto como los casos Lava Jato, Odebrecht, Cócteles y procesos relacionados con presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder. Para diversos sectores, la composición de la comisión plantea un potencial conflicto de intereses en una reforma clave para la estructura y funcionamiento del Ministerio Público.
Entre los convocados se encuentra Aníbal Gonzalo Raúl Quiroga León, exintegrante de la Comisión Consultiva Constitucional que asesoró a la presidenta Dina Boluarte en 2023, conformada con el aval del entonces jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola. Quiroga también fue abogado defensor del general EP en retiro Juan Rivero Lazo, procesado por homicidio calificado como delito de lesa humanidad en el denominado Caso Pativilca.
Otro nombre que figura en la resolución es el de Arsenio Oré Guardia, abogado que fue parte de la defensa legal de Keiko Fujimori entre los años 2017 y 2019 en el marco del caso Cócteles. Oré también fue investigado por presunta obstrucción a la justicia, al ser acusado de amenazas e inducción a testigos para declarar falsamente, hechos que aún generan debate en el escenario judicial.
La lista continúa con Carlos Caro Coria, abogado del exministro del Interior Juan José Santiváñez, investigado por presunto abuso de autoridad en agravio del capitán PNP Junior Izquierdo. Asimismo, figura Julio Rodríguez Delgado, conocido crítico del acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Estado peruano. Rodríguez fue abogado del exconductor de televisión Andrés Hurtado, procesado por presunto tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos.
También integra la comisión Luis Fernando Ibérico Castañeda, quien en 2018 fue abogado de Gustavo Salazar Delgado, investigado por presunto lavado de activos tras facilitar cuentas bancarias para el presunto pago de sobornos de Odebrecht que habrían beneficiado al exgobernador regional del Cusco, Jorge Acurio Tito.
Otro integrante es Percy Raphael García Cavero, abogado de Arsenio Oré en el caso Cócteles, lo que refuerza las críticas sobre la reiterada presencia de defensores vinculados a una misma investigación de gran carga política y mediática.
La comisión también incluye a Romy Alexandra Chang Kcomt, abogada defensora de Luis Alonso Santa María Torres, gerente del centro comercial Real Plaza, investigado tras el colapso del techo del establecimiento en Trujillo, ocurrido en febrero de 2025 y que dejó seis personas fallecidas y 81 heridas.
Finalmente, figura Víctor Óscar Shiyin García Toma, exministro de Justicia durante el segundo gobierno de Alan García y expresidente del Tribunal Constitucional entre 2005 y 2006. De acuerdo con el medio independiente El Foco, García Toma estaría vinculado a empresas mineras como Yanacocha y Pan American Silver en procesos relacionados con contaminación ambiental y conflictos laborales.

Según la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, la comisión también contará con representantes de instituciones como el Poder Judicial, el Congreso de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia, el Colegio de Abogados de Lima y universidades nacionales, entre otras.
El documento señala que la vigencia de la comisión será de tres meses, con la posibilidad de ampliarse si así se considera necesario. Aunque se precisa que los miembros externos trabajarán ad honorem, la norma establece que el Ministerio Público asumirá con su presupuesto institucional “los gastos que irrogue el desarrollo de las actividades de la comisión”.
La decisión de Tomás Gálvez se produce en un contexto de fuerte cuestionamiento a su gestión interina y a su propia situación legal, al estar vinculado al caso Cuellos Blancos. Para críticos de la medida, la conformación de esta comisión no solo pone en duda la independencia del proceso de reforma del Ministerio Público, sino que también podría debilitar la confianza ciudadana en una institución clave para la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del sistema de justicia.
Política
Fujimori llama «perros» a la oposición: Presidenta ya no solo amenaza, sino insulta
Senador Iber Maraví cuestionó que el ministro César Astudillo interrumpiera a Ruth Luque durante la sesión.
Humberto Morales denunció el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación
La presidenta Keiko Fujimori desató una nueva controversia política al utilizar la expresión «los perros ladran» durante un pronunciamiento sobre el enfrentamiento ocurrido en el Senado. La mandataria, rodeada de altos mandos militares durante una actividad en el Cuartel General del Ejército, expresó su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, y declaró: «Ministro, los perros ladran. Esa es una señal de que estamos avanzando».
Sus palabras fueron interpretadas como una descalificación de quienes cuestionan al Gobierno. Fujimori aseguró que Astudillo había sido agredido verbalmente durante la sesión de la Comisión de Constitución y le expresó su «total respaldo y gratitud» por su valentía. Sin embargo, la presidenta no identificó las expresiones que consideraba ofensivas ni respondió a las observaciones sobre la reforma policial que habían originado la discusión. Su pronunciamiento trasladó la controversia parlamentaria al escenario presidencial. El incidente comenzó cuando la senadora Ruth Luque cuestionó al ministro del Interior por no abordar una reforma profunda de la Policía Nacional. Astudillo reaccionó ante sus expresiones y se produjo un intercambio verbal en el que intervino Iber Maraví, de Juntos por el Perú, quien reclamó respeto al turno de palabra de la legisladora. La discusión escaló con la participación de otros parlamentarios y obligó a suspender temporalmente la sesión. Posteriormente, el senador Calisto Giampietri, de Renovación Popular, encaró a Maraví durante el enfrentamiento.
El representante de Juntos por el Perú denunció que Giampietri se aproximó de manera intimidatoria y lo desafió a resolver sus diferencias fuera del Congreso. El propio Giampietri reconoció haber planteado continuar la discusión afuera, aunque afirmó que intervino para defender a dos senadoras. El episodio dio lugar a acusaciones cruzadas sobre amenazas, agresiones verbales y conductas impropias de representantes políticos. El exparlamentario Humberto Morales denunció lo que denominó el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación. Iber Maraví también cuestionó lo que describió como el verdadero rostro autoritario del fujimorismo, al que acusó de utilizar una apariencia democrática para conseguir las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.
Ambas declaraciones expresan el rechazo de estos dirigentes al comportamiento de los representantes del Gobierno durante el incidente. Las críticas se extendieron a otros sectores políticos. Raúl Noblecilla calificó a Giampietri de «bravucón y cobarde» y denunció actitudes de autoritarismo y desprecio hacia la ciudadanía. Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres cuestionó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados, a quienes acusó de actuar con prepotencia y de contribuir al deterioro político del país. Las expresiones reflejaron la intensidad del enfrentamiento entre el oficialismo y sus adversarios.
La controversia ocurre mientras el Senado evalúa las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño. Durante su discurso, Fujimori también contrapuso a quienes respaldan a las Fuerzas Armadas con organizaciones como Sendero Luminoso y el Movadef, en un llamado a definir posiciones frente a la violencia. La discusión deja abiertas dos cuestiones: el alcance de las atribuciones que recibirá el Gobierno y el respeto a la discrepancia política durante su debate parlamentario.
OPOSICIÓN DENUNCIA AUTORITARISMO Y RECHAZA INTIMIDACIONES EN EL SENADO
El enfrentamiento registrado durante la sesión de la Comisión de Constitución provocó una serie de pronunciamientos de dirigentes vinculados a la izquierda, quienes acusaron al fujimorismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia frente a los cuestionamientos políticos. Humberto Morales denunció lo que calificó como el «ADN dictatorial del fujimorismo», mientras Iber Maraví sostuvo que los incidentes habían dejado al descubierto una actitud que, a su juicio, contradice el discurso democrático del oficialismo. Maraví rechazó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados y afirmó que no se dejaría intimidar. El senador cuestionó que el enfrentamiento se produjera precisamente durante la discusión de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Por su parte, Raúl Noblecilla acusó a Giampietri de actuar con arrogancia y prepotencia, mientras Aníbal Torres cuestionó a quienes, según expresó, exhiben actitudes confrontacionales frente a sus adversarios políticos. Las declaraciones de los dirigentes opositores coincidieron en cuestionar el trato recibido por los parlamentarios críticos del Gobierno y en rechazar las conductas que consideran intimidatorias. El episodio profundizó las discrepancias sobre el pedido de facultades legislativas y abrió una controversia sobre los límites del debate político, el respeto a las minorías parlamentarias y la responsabilidad de las autoridades frente a las críticas.
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Política
Taiwán conmemora su 115.º aniversario y fortalece sus vínculos con el Perú
Con motivo del 115.º aniversario de la República de China (Taiwán), que se conmemora cada 10 de octubre, la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú ofreció una recepción en Lima, a la que asistieron representantes de los ámbitos académico, político y empresarial, miembros del cuerpo diplomático, periodistas, representantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la comunidad taiwanesa residente en el país.
Durante la recepción, Gustavo Chao-Jui Lu, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú, dio la bienvenida a los invitados y destacó los estrechos vínculos de amistad y cooperación que unen a Taiwán y al Perú.
En su discurso, Lu resaltó el liderazgo mundial de Taiwán en los sectores de los semiconductores y las tecnologías de inteligencia artificial, así como su firmeza para afrontar los desafíos globales y regionales y su voluntad de contribuir a la comunidad internacional. En este contexto, señaló que el Perú y Taiwán comparten valores fundamentales, como la libertad, la democracia y el Estado de derecho, y cuentan con economías complementarias y vínculos comerciales en constante crecimiento.
Asimismo, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo los intercambios y la cooperación bilateral en diversos ámbitos, así como los lazos de amistad construidos a lo largo de los años entre los pueblos de Taiwán y el Perú. También destacó la contribución de la comunidad taiwanesa al desarrollo de las relaciones entre ambas partes. Finalmente, agradeció la cálida acogida recibida en el país y expresó su aprecio por la oportunidad de conocer y disfrutar de las danzas, la cultura y la reconocida gastronomía peruanas.
La ceremonia contó, además, con la presencia de Raúl Diez Canseco, exvicepresidente de la República y fundador presidente de la Corporación Educativa USIL, y de Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, quienes también dirigieron unas palabras a los asistentes.
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