Especialistas plantean fortalecer la inteligencia policial, la coordinación con la Fiscalía y el uso eficiente de los recursos públicos para enfrentar la criminalidad. 

La inseguridad ciudadana se mantiene como el principal desafío del Gobierno de Keiko Fujimori tras sus primeros 100 días. El Ejecutivo cuenta con facultades legislativas por 90 días para impulsar medidas contra la extorsión, el uso ilegal de armas y el crimen organizado. Estas contemplan el bloqueo de comunicaciones ilícitas, mayores controles migratorios y cambios en el sistema penitenciario. En Lima Norte, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público indicó que esa zona y Lima Sur concentran 50% de los atentados contra transportistas en Lima y Callao.

Felipe James Callao, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), destacó en declaraciones a El Comercio la necesidad de fortalecer la investigación de los delitos. “La prioridad es combatir la extorsión con inteligencia policial y coordinación con la Fiscalía”, sostuvo. En el mismo medio, Nicolás Zevallos, fundador del Instituto de Criminología, planteó establecer indicadores de victimización, homicidios y confianza institucional para evaluar los resultados. “No sirve una intervención que no venga acompañada de un equipo de gestión que garantice la adecuada ejecución presupuestal”, advirtió.

La reactivación económica y la prevención frente al fenómeno El Niño completan los desafíos del Ejecutivo. En declaraciones a Lima Conecta, el analista político Miguel Rodríguez Albán destacó la necesidad de concretar los compromisos de infraestructura. “Hay un anuncio de 18 mil millones de inversión en infraestructura educativa, sanitaria y vial, pero esos anuncios tendrían que pasar a lo concreto y real”, afirmó.

Fuente: Lima Conecta, La República, El Comercio y Correo

Gremio advierte que el transporte formal está al borde de la insostenibilidad y exige al Gobierno medidas urgentes. La paralización se realizará los días 16, 17 y 18 de noviembre.  El alza del diésel, los cuestionamientos a los subsidios y la competencia desleal forman parte de una agenda de reclamos que el Ejecutivo aún debe atender.

La Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú (CGTCP) mantiene su convocatoria a un paro nacional de 72 horas para los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2026, pese a la reciente reunión de sus representantes con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini. El encuentro permitió abordar las demandas del sector y plantear nuevos espacios de coordinación, pero no se ha anunciado un acuerdo definitivo que permita levantar la medida de fuerza.

Uno de los principales motivos de la paralización es el incremento del precio de los combustibles. Según la Coordinadora, el galón de diésel que en febrero costaba aproximadamente S/ 13 actualmente alcanza entre S/ 26 y S/ 30 en diferentes zonas del país. Este aumento repercute directamente en los costos de operación y en la rentabilidad de las empresas y unidades de transporte, que advierten dificultades para continuar prestando servicios sin trasladar los mayores costos a las tarifas de los fletes.

Sobre este problema, Martín Ojeda, vocero de la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú, cuestionó el alcance de los mecanismos de subsidio planteados por el Ejecutivo y señaló que los aproximadamente S/ 500 millones anunciados no cuentan con una partida presupuestal que garantice su disponibilidad y aplicación efectiva. El dirigente ha sostenido que los recursos planteados resultan insuficientes frente a las necesidades del sector y ha señalado la falta de respuestas concretas a sus principales demandas.

Por su parte, Fredy Giraldo, presidente de la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú, ha señalado entre las principales preocupaciones del sector la informalidad, la competencia desleal y la falta de fiscalización efectiva. Estos problemas generan diferencias entre los operadores que cumplen las disposiciones vigentes y aquellos que circulan sin sujetarse a las mismas exigencias. Por ello, la organización demanda la intervención de las entidades competentes para garantizar condiciones equitativas en el transporte de carga.

En esa misma línea, Gari Peralta, dirigente de la Coordinadora, forma parte de los cuestionamientos del gremio frente a las condiciones que afectan al transporte formal, particularmente la informalidad, la falta de controles y las diferencias en las exigencias aplicadas a los operadores. Estos aspectos forman parte de los reclamos que la organización plantea ante las autoridades para garantizar condiciones de competencia en igualdad de condiciones.

En respuesta a los reclamos, el ministro Angello Tangherlini informó que el MTC planteó coordinar una mesa de trabajo con el Ministerio de Energía y Minas para abordar el incremento de los combustibles. También comunicó que realiza gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para dar continuidad a los mecanismos de subsidio destinados a los transportistas inscritos. 

La agenda de la Coordinadora comprende también la implementación efectiva de la Ley N.° 31886, cuya aplicación requiere una mayor articulación entre el MTC, SUTRAN, INDECOPI y SUNAT para combatir la informalidad, el contrabando y las distorsiones del mercado. A ello se suma la escasez de conductores profesionales con licencias A-IIIa, A-IIIb y A-IIIc, situación que ha llevado al gremio a solicitar medidas para fortalecer los programas de formación y capacitación de nuevos conductores.

Otro reclamo está relacionado con la inoperatividad de las estaciones de pesaje administradas por Provías Nacional, especialmente en la zona norte del país. Según la denuncia gremial, la falta de funcionamiento de estos controles permite la circulación de unidades con cargas superiores a las 60 toneladas, lo que genera competencia desleal y afecta la infraestructura vial.

La paralización podría tener repercusiones en las cadenas de abastecimiento, debido al papel que cumple el transporte terrestre en el traslado de alimentos, combustibles, materias primas y productos industriales hacia los distintos mercados del país.

La Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú mantiene la convocatoria mientras espera que las autoridades concreten las medidas anunciadas y atiendan los reclamos presentados. La paralización está prevista para el 16, 17 y 18 de noviembre, mientras continúan las coordinaciones entre el sector y el Gobierno.

COORDINADORA GREMIAL DE TRANSPORTISTAS DE CARGA DEL PERÚ

Contacto de prensa: 999 969 171