El Congreso ha abierto una oportunidad para quienes buscan la impunidad en casos complejos.

El 11 de mayo, mientras el país asimilaba la noticia de la huida de la ex primera dama Eliane Karp a Israel, el Congreso de la República aprobaba, sin hacer mucho ruido, una ley que podría favorecer a quienes hoy se encuentran inmersos en casos complejos de corrupción, lavado de activos y crimen organizado, entre otros. Si uno pensaba que con la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo o el blindaje a cuatro de ‘Los Niños’ ya nada de lo que hicieran nuestros parlamentarios podría sorprendernos, pues se equivocó.

Con 87 votos a favor, el Parlamento aprobó cambios en los códigos Penal y Procesal Penal a fin de modificar el plazo de suspensión de la prescripción en los procesos judiciales. La prescripción, como se sabe, permite que los procesados por determinados delitos puedan beneficiarse una vez que se hayan vencido ciertos plazos. Esto, en un país como el Perú, donde los procesos avanzan con pies de plomo por la sobrecarga de trabajo de las autoridades o la mera desidia, tiene mucho sentido, pues nadie debería ser procesado hasta el infinito por culpa de la incompetencia de sus perseguidores.

Por supuesto, ocurre también que a veces un proceso se empantana por factores que nada tienen que ver con la acción de la justicia –por ejemplo, cuando un investigado huye a otro país y se hace necesario tramitar su extradición para traerlo de regreso–, por lo que existe la posibilidad de suspender la prescripción hasta que se resuelva este problema. Y si bien actualmente la legislación no estipula un plazo fijo para esta suspensión, la Corte Suprema ha determinado una fórmula: que esta sea del mismo plazo de prescripción de la pena extraordinaria (esto es, el máximo de la pena más la mitad) establecida de acuerdo con el delito que se imputa.

Pues bien, los legisladores han decidido que ahora la suspensión de la prescripción no deberá ser mayor de un año una vez que la fiscalía haya presentado la investigación preparatoria ante el Poder Judicial. Y lo han hecho sin discriminar entre investigaciones simples y complejas, que evidentemente requieren más tiempo. Esto podría terminar beneficiando a quienes actualmente vienen siendo materia de pesquisas por organización criminal que, por su naturaleza y por la cantidad de personas que se ven involucradas, requiere de un tiempo más que prudente para recabar todas las pruebas y los testimonios necesarios.

Por ello, especialistas consultados por este Diario han advertido que, tal y como está redactada la norma, podría afectar los procesos más emblemáticos que viene enfrentando nuestro sistema de justicia, como los de Los Cuellos Blancos del Puerto, el Caso Lava Jato y hasta las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo, cuya vacancia fue declarada por este Congreso en diciembre pasado y que ahora –vueltas de la vida– podría verse beneficiado por quienes lo removieron del cargo.

Además, la nueva legislación podría servir como un incentivo para que los procesados puedan dilatar, como mencionamos, una posible extradición a nuestro país, que ya de por sí suele ser un procedimiento largo (puede tomar varios años) y que depende de los tiempos de cada Estado. Todos acabamos de ver los esfuerzos –en muchos casos, absurdos– del expresidente Alejandro Toledo para postergar su regreso al territorio nacional tras seis años prófugo recurriendo a argumentos tan falsos como ridículos. Esta circunstancia corre el riesgo de repetirse con la nueva norma.

Tan obvios resultan los peligros que entraña lo aprobado por el Congreso que, hasta su propio titular, José Williams, se ha visto obligado a reconocer que “un año como que queda bastante corto para solucionar el problema y podría haber algunas personas que son presuntos delincuentes y beneficiarse”. Y bancadas que votaron mayoritariamente o en bloque a favor de la iniciativa, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, respectivamente, se han apresurado a decir que esta podría revisarse.

El Congreso acaba de abrir una puerta que podría ser explotada por quienes buscan la impunidad para casos complejos. Y más vale que trabaje para cerrarla cuanto antes o las consecuencias podrían ser irreversibles.

Fuente: El Comercio – Editorial