Tras la firma de un convenio entre ProInversión y la ATU, ambos trenes entraron a la etapa de estructuración como posibles Asociaciones Público-Privadas con una inversión conjunta que superaría los US$10 000 millones.

Las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima avanzaron a la etapa de estructuración como potenciales Asociaciones Público-Privadas (APP), tras la firma de un convenio entre ProInversión y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Esta es la tercera de cinco fases que debe superar un proyecto para convertirse en APP, y su inicio confirma que el Estado ya validó la viabilidad de ambos trenes bajo ese esquema. El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, explicó que la nueva ley de APP permitirá acortar los plazos habituales de esta etapa, por lo que ambas líneas podrían salir a licitación en un plazo de 12 meses en el mejor escenario. Fue enfático al remarcar que, con el respaldo del próximo gobierno, «este esquema debe durar máximo un año».

En términos técnicos, la Línea 3 tendrá cerca de 35 kilómetros de recorrido subterráneo y una inversión estimada de US$7000 millones, mientras que la Línea 4 sumará 24 kilómetros por unos US$3700 millones, un costo menor porque ya existe un tramo en construcción. Para avanzar con el diseño y la estructuración financiera de ambos proyectos, la ATU y ProInversión coordinan la contratación de una Project Management Office (PMO), que definirá también el mecanismo de financiamiento. Esto es clave que, según el presidente de la ATU, David Hernández, el Estado no está en condiciones de asumir el pago de ambas líneas al contado, puesto que, si se buscara construirlas rápido, habría que desembolsar cerca de US$1000 millones al año, y «la caja del Estado no aguantará esto». Por ello, la estructuración financiera buscará una banca de fomento internacional que permita repartir el pago en 15, 20 o 30 años, en lugar de comprometer el presupuesto público de forma inmediata.

Uno de los mayores retos para evitar que estos proyectos repitan la demora de la Línea 2 es la liberación de predios. Según ProInversión, se han identificado 3562 propiedades que deberán liberarse hasta el 2030, de las cuales solo 575 habían sido adquiridas al cierre de 2025. Para financiar ambas líneas sin depender exclusivamente del pago del Estado, la estructura contempla, además, aprovechar plusvalías o ingresos no tarifarios, bajo un esquema similar al aplicado en el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. De cumplirse el cronograma previsto, las primeras etapas de ambos trenes podrían estar operativas hacia el 2034.

Alonso Segura sostiene que estas normas generan un alto costo fiscal y vicios de inconstitucionalidad, luego de que el Tribunal Constitucional estableciera que el Congreso no tiene iniciativa de gasto ni siquiera para años futuros.

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, planteó que el próximo gobierno aproveche el reciente cambio de criterio del Tribunal Constitucional (TC) para presentar demandas de inconstitucionalidad contra normas ya vigentes que, a su juicio, comprometen la sostenibilidad de las finanzas públicas. El fallo del TC estableció, con carácter vinculante, que la iniciativa de gasto público corresponde de manera exclusiva al Poder Ejecutivo, sin importar si el impacto presupuestal se produce en el año fiscal en curso o en ejercicios posteriores, un criterio distinto al aplicado hasta ahora en algunos casos particulares.

Entre las normas que Segura considera prioritario revisar figuran las leyes de pensiones con cédula viva para docentes, policías y militares, que a su juicio representan el mayor costo fiscal; los beneficios de gratificación reconocidos a los trabajadores del régimen CAS, cuyo pago el Ministerio de Economía y Finanzas aún no ha reglamentado; y las leyes que crean nuevas universidades públicas. El exministro de Economía remarcó que el nuevo gobierno tiene hasta seis años para interponer estas acciones y advirtió que la demora en actuar solo profundiza el problema, aunque, dijo, «esto se puede rectificar si es que el nuevo Ejecutivo reacciona».

El magistrado del TC César Ochoa precisó, en otra entrevista, los alcances reales de la sentencia. Explicó que el tribunal no ejerce un control previo sobre las leyes aprobadas por el Congreso, sino que depende de que el Poder Ejecutivo observe o demande las normas que considere inconstitucionales. Ante las dudas de que el fallo pudiera interpretarse como una autorización tácita al Legislativo para aprobar iniciativas de gasto, fue tajante: «No hemos abierto una puerta».

Fuente: RPP