Bancadas de derecha e izquierda han votado a favor de imponer mayores penas al delito de difamación.

El pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley, sustentado el jueves por el congresista de Perú Libre (PL) Américo Gonza, que tiene como objetivo imponer penas más severas por el delito de difamación. La medida fue aprobada en primera votación con 69 adhesiones, sin debate y en apenas diez minutos. Y contó con el respaldo de legisladores de todas las bancadas y el apoyo unánime de grupos parlamentarios como Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Bloque Magisterial, Renovación Popular, Perú Bicentenario y Somos Perú.

Sin duda, una nómina diversa que deja pocas dudas sobre las banderas que hermanan a nuestros representantes que, en otras ocasiones, se esmeran por mostrarse distintos entre sí. En este caso, lo que los une es la alergia por el escrutinio de la prensa y la pulsión, muy propia de quienes deben tanto como temen, por limitar la libertad de expresión.

Porque de otra manera no puede entenderse una iniciativa de esta naturaleza que, además, emana de una bancada cuya génesis autoritaria no solo hemos constatado gracias al gobierno de Pedro Castillo –otrora candidato de este partido político–, sino también por la alevosía contra la prensa libre expresada en su ideario político. Lo interesante es que quienes por tanto tiempo se han empeñado por mostrarse opuestos a los ideales del partido del lápiz ahora lo secundan. Aunque, hay que decirlo, en un terreno bastante predecible y hasta típico, ese en el que los políticos ensayan todo tipo de maniobras para preservar su poder y aplacar las críticas.

Y es que, como demuestra la cantidad de veces que hemos abordado tópicos como este desde este Diario, no es ninguna novedad que desde el Congreso y el Gobierno se busque socavar el trabajo de la prensa. De hecho, uno de los aliados de PL en este despropósito, Renovación Popular, ha presentado otros proyectos de ley que buscan frustrar el trabajo libre e independiente de los periodistas, como aquel que exige la colegiatura para los hombres y mujeres de prensa y la intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que esto se cumpla.

La relación entre el poder y la prensa siempre ha sido, y tiene que ser, una de tensión. A los políticos, o a cualquiera que sea materia del trabajo periodístico, no tiene que gustarle lo que se diga de ellos en los medios, pero la esencia de la democracia reside en que la libertad de expresión se preserve a pesar de eso.

Leyes como la promovida por Perú Libre y sustentada por el congresista Gonza seguramente serán defendidas con argumentos simplones: “Informar no es difamar”, dirán. Pero la realidad, local e internacional, demuestra que las normas contra los llamados “delitos contra el honor” suelen ser empuñadas precisamente por individuos de dudosa honorabilidad para castigar o fustigar a quienes los investigan. Y luego solo basta un juez que –en un campo donde la subjetividad reina– traduzca la denuncia en condena, concrete el amedrentamiento y reafirme la amenaza a la que legislación de esta naturaleza quiere someter a la prensa.

Para entender lo que decimos basta con ver algunos casos recientes, como el de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz a propósito de su trabajo para exponer gravísimas denuncias de abuso contra menores en el seno del Sodalicio de Vida Cristiana. O el del reportero Christopher Acosta, a quien César Acuña denunció y consiguió una sentencia en primera instancia a su favor por su libro “Plata como cancha”.

Todavía hace falta que la medida presentada por Gonza pase por una segunda votación. Es decir, todavía hay una oportunidad para que prime la sensatez y se revierta este despropósito. Aunque ello puede ser mucho pedir para un Congreso que se demuestra unido por su alergia a la prensa.

Fuente: Editorial El Comercio