“Al margen de lo que se debata sobre la retroactividad o irretroactividad constitucional, esto nos permite conocer más a Martín Vizcarra y su historial”.

Martín Vizcarra quiere ser congresista y candidato el 2026. El expresidente fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. Ahora, se ha presentado una nueva denuncia constitucional en su contra por haber disuelto en forma ilegal el Congreso en el 2019.

Los presidentes están facultados constitucionalmente para cerrar el Congreso, siempre que este les niegue la confianza dos veces.

Martín Vizcarra, como se recuerda, cerró el Congreso en el 2019. Adujo que este le había negado la confianza de manera tácita (“negación fáctica”, la llamó). El Tribunal Constitucional, después, sentenció que esa acción no era contraria a la Constitución.

Martín Vizcarra ha sido inhabilitado por el Caso “Vacunagate”. Se vacunó clandestinamente contra el COVID-19 antes que nadie. También, por el caso Obrainsa, una empresa a la que favoreció cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

El expresidente Castillo y el fugado exministro Juan Silva han mostrado de qué manera se favorece a intereses particulares con el presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La consagración del cierre del Congreso del 2019 es, retrospectivamente, como si a Castillo se le hubiera perdonado su cierre del Congreso. Hay diferencias entre Castillo y Vizcarra, pero también semejanzas.

Vizcarra manejó mejor su popularidad. En su cierre del Congreso, trató de cuidar la formalidad. Contó con el apoyo de cuatro magistrados del TC para darle legitimidad. Ellos consideraron el cierre del Congreso una medida “extraordinaria” (véase con detalle la sentencia al respecto en el Exp. 0006-2019-CC/TC).

De los cuatro magistrados, dos tuvieron problemas que podían, en cualquier momento, comprometer su independencia.

En mayo del 2019, Carlos Ramos (Q.E.P.D.) visitó Trujillo y desapareció. Fue hallado luego, a las 4:45 a.m. en el ‘night club’ Badanys de Huanchaco.

Eloy Espinoza-Saldaña fue denunciado en el 2019 por Susana Távara, secretaria general del TC, por maltratos. También fue denunciado por Milagros Morales Soto, otra funcionaria. Rosa María Montero, su esposa, lo denunció por maltrato psicológico sistemático durante varios años. En algunas oportunidades, declaró la denunciante, le pidió “cosas” que iban en contra de sus valores y que “lindaban con lo ilegal”.

Los temas personales no deberían influir en los juicios que podamos tener de las actuaciones o las resoluciones. En este caso, sin embargo, debe considerarse que, por ocultar los hechos reprobables, puede cuestionarse la independencia que requieren los magistrados.

Esta semana el TC ha resuelto que no hay “denegación fáctica”, a raíz de un acuerdo de Consejo de ministros del 17 de noviembre del 2022. No cabe, viene a decir esta resolución, una “interpretación” de la voluntad del Congreso por un poder del Estado que no sea este mismo.

“Tú no puedes decir qué pienso yo”, viene a decir esta sentencia del TC (Exp. 0004-2022-CC/TC). De alguna manera restablece la razón y quita la arbitrariedad legalizada por la sentencia del TC anterior.

El congresista Alejandro Muñante ha presentado una denuncia constitucional contra Vizcarra. Esta última sentencia disolvería la legalización que se dio del cierre del Congreso en el 2019.

Toca a los constitucionalistas pronunciarse sobre la procedencia de un tal proyecto de acusación constitucional. Al margen de lo que se debata sobre la retroactividad o irretroactividad constitucional, esto nos permite conocer más a Martín Vizcarra y su historial. Para él, cerrar el Congreso fue parte de su búsqueda de negocios. ¡A ver si abrimos los ojos!

Fuente: El Comercio – Federico Salazar periodista

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