Política
Víctimas de DD. HH. cuestionan idoneidad del defensor del Pueblo
Familiares enviaron carta a la FIO y afirman que Josué Gutiérrez respalda leyes de amnistía y prescripción.

Familiares de desaparecidos, torturados y asesinados durante el conflicto armado interno remitieron una carta a Raquel Caballero de Guevara, presidenta de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO), para alertar sobre la idoneidad del defensor del Pueblo del Perú, Josué Gutiérrez. El envío ocurre en la antesala del XXIX Congreso y XXX Asamblea de la FIO (6 al 11, Cusco y Lima). Según el documento, Gutiérrez respalda normas que, a juicio de los firmantes, generan impunidad y, de forma paralela, trascendió que buscaría postular a la presidencia de la FIO.
Antecedentes y contexto
Los familiares señalan que Gutiérrez fue elegido por un Congreso con bajos niveles de aprobación, entre postulantes propuestos por partidos políticos y “en medio de cuestionamientos y falta de transparencia”. Aducen que ese origen comprometería la independencia de la Defensoría del Pueblo frente a intereses partidarios y su mandato de protección de derechos fundamentales.
El pronunciamiento coincide con la realización en el Perú del principal cónclave de la FIO, cuya inauguración será en Cusco y el cierre en Lima, con elección de nuevas autoridades.
Declaraciones y posturas de actores relevantes
- Familiares de víctimas. Sostienen que la Defensoría, bajo la gestión de Gutiérrez, ha mostrado una postura favorable a iniciativas legislativas sobre amnistía y prescripción para hechos ocurridos entre 1980 y 2000. Afirman que esa posición “afecta el derecho a la justicia” de víctimas y deudos.
- Defensoría del Pueblo (área adjunta). Recuerdan que el adjunto para Derechos Humanos, Carlos Fernández Millán, saludó en abril la discusión de una ley de amnistía en el Congreso, argumentando la necesidad de “resolver” la situación. Los familiares señalan que en esas declaraciones no se mencionaron los derechos de las víctimas.
- Acción ante el Tribunal Constitucional. Los familiares indican que, tras decisiones judiciales que inaplicaron la norma mediante control difuso, el defensor presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC. A su juicio, ello podría acarrear el riesgo de que la ley sea declarada constitucional y obligue su aplicación. Aseguran haber solicitado por escrito el retiro del recurso “sin respuesta hasta la fecha”.
- Aspiración en la FIO. De acuerdo con trascendidos referidos por los familiares, Gutiérrez estaría realizando gestiones para presidir la FIO durante la asamblea en el Perú.
(Al cierre de este artículo, no se consigna en la carta una respuesta oficial de la Defensoría del Pueblo a los cuestionamientos de los familiares.)
Cifras, documentos y datos oficiales
- Objeto de la controversia: proyectos de amnistía y prescripción vinculados a violaciones de derechos humanos en el periodo 1980–2000.
- Herramientas jurídicas involucradas: control difuso por parte de juzgados y una acción de inconstitucionalidad interpuesta ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la validez de la norma.
Implicancias políticas, sociales y económicas
- Estado de derecho y justicia transicional. Un eventual aval constitucional a una ley de amnistía o de prescripción tendría impactos directos en investigaciones y procesos por graves violaciones de derechos humanos, con efectos en el acceso a la justicia y la reparación.
- Autonomía institucional. Las acusaciones sobre falta de independencia podrían afectar la credibilidad de la Defensoría del Pueblo en la supervisión de la administración pública y la defensa de derechos.
- Proyección internacional. La discusión se produce frente a ombudsperson de la región, lo que podría incidir en la imagen del país y en la elección de autoridades de la FIO.
Próximas acciones, escenarios o consecuencias posibles
- Decisión del Tribunal Constitucional sobre la acción presentada: confirmación o rechazo de la validez de la norma cuestionada.
- Resultado de la elección en la FIO, con posible impacto en la proyección internacional de la Defensoría peruana.
- Respuestas institucionales: eventual pronunciamiento de la Defensoría y del Congreso frente a los pedidos de los familiares.
- Seguimiento de casos: efectos prácticos en procesos judiciales por violaciones a DD. HH. del periodo 1980–2000.
Panorama
Los familiares piden a la FIO considerar sus observaciones sobre la idoneidad y autonomía del defensor del Pueblo del Perú en vísperas de la asamblea en Cusco y Lima. El desenlace dependerá de la definición del TC respecto a la norma impugnada y de las decisiones que adopte la FIO sobre su dirigencia, en un contexto de escrutinio nacional e internacional sobre el rol de la Defensoría del Pueblo.
Política
Fujimori llama «perros» a la oposición: Presidenta ya no solo amenaza, sino insulta
Senador Iber Maraví cuestionó que el ministro César Astudillo interrumpiera a Ruth Luque durante la sesión.
Humberto Morales denunció el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación
La presidenta Keiko Fujimori desató una nueva controversia política al utilizar la expresión «los perros ladran» durante un pronunciamiento sobre el enfrentamiento ocurrido en el Senado. La mandataria, rodeada de altos mandos militares durante una actividad en el Cuartel General del Ejército, expresó su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, y declaró: «Ministro, los perros ladran. Esa es una señal de que estamos avanzando».
Sus palabras fueron interpretadas como una descalificación de quienes cuestionan al Gobierno. Fujimori aseguró que Astudillo había sido agredido verbalmente durante la sesión de la Comisión de Constitución y le expresó su «total respaldo y gratitud» por su valentía. Sin embargo, la presidenta no identificó las expresiones que consideraba ofensivas ni respondió a las observaciones sobre la reforma policial que habían originado la discusión. Su pronunciamiento trasladó la controversia parlamentaria al escenario presidencial. El incidente comenzó cuando la senadora Ruth Luque cuestionó al ministro del Interior por no abordar una reforma profunda de la Policía Nacional. Astudillo reaccionó ante sus expresiones y se produjo un intercambio verbal en el que intervino Iber Maraví, de Juntos por el Perú, quien reclamó respeto al turno de palabra de la legisladora. La discusión escaló con la participación de otros parlamentarios y obligó a suspender temporalmente la sesión. Posteriormente, el senador Calisto Giampietri, de Renovación Popular, encaró a Maraví durante el enfrentamiento.
El representante de Juntos por el Perú denunció que Giampietri se aproximó de manera intimidatoria y lo desafió a resolver sus diferencias fuera del Congreso. El propio Giampietri reconoció haber planteado continuar la discusión afuera, aunque afirmó que intervino para defender a dos senadoras. El episodio dio lugar a acusaciones cruzadas sobre amenazas, agresiones verbales y conductas impropias de representantes políticos. El exparlamentario Humberto Morales denunció lo que denominó el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación. Iber Maraví también cuestionó lo que describió como el verdadero rostro autoritario del fujimorismo, al que acusó de utilizar una apariencia democrática para conseguir las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.
Ambas declaraciones expresan el rechazo de estos dirigentes al comportamiento de los representantes del Gobierno durante el incidente. Las críticas se extendieron a otros sectores políticos. Raúl Noblecilla calificó a Giampietri de «bravucón y cobarde» y denunció actitudes de autoritarismo y desprecio hacia la ciudadanía. Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres cuestionó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados, a quienes acusó de actuar con prepotencia y de contribuir al deterioro político del país. Las expresiones reflejaron la intensidad del enfrentamiento entre el oficialismo y sus adversarios.
La controversia ocurre mientras el Senado evalúa las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño. Durante su discurso, Fujimori también contrapuso a quienes respaldan a las Fuerzas Armadas con organizaciones como Sendero Luminoso y el Movadef, en un llamado a definir posiciones frente a la violencia. La discusión deja abiertas dos cuestiones: el alcance de las atribuciones que recibirá el Gobierno y el respeto a la discrepancia política durante su debate parlamentario.
OPOSICIÓN DENUNCIA AUTORITARISMO Y RECHAZA INTIMIDACIONES EN EL SENADO
El enfrentamiento registrado durante la sesión de la Comisión de Constitución provocó una serie de pronunciamientos de dirigentes vinculados a la izquierda, quienes acusaron al fujimorismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia frente a los cuestionamientos políticos. Humberto Morales denunció lo que calificó como el «ADN dictatorial del fujimorismo», mientras Iber Maraví sostuvo que los incidentes habían dejado al descubierto una actitud que, a su juicio, contradice el discurso democrático del oficialismo. Maraví rechazó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados y afirmó que no se dejaría intimidar. El senador cuestionó que el enfrentamiento se produjera precisamente durante la discusión de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Por su parte, Raúl Noblecilla acusó a Giampietri de actuar con arrogancia y prepotencia, mientras Aníbal Torres cuestionó a quienes, según expresó, exhiben actitudes confrontacionales frente a sus adversarios políticos. Las declaraciones de los dirigentes opositores coincidieron en cuestionar el trato recibido por los parlamentarios críticos del Gobierno y en rechazar las conductas que consideran intimidatorias. El episodio profundizó las discrepancias sobre el pedido de facultades legislativas y abrió una controversia sobre los límites del debate político, el respeto a las minorías parlamentarias y la responsabilidad de las autoridades frente a las críticas.
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Política
Taiwán conmemora su 115.º aniversario y fortalece sus vínculos con el Perú
Con motivo del 115.º aniversario de la República de China (Taiwán), que se conmemora cada 10 de octubre, la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú ofreció una recepción en Lima, a la que asistieron representantes de los ámbitos académico, político y empresarial, miembros del cuerpo diplomático, periodistas, representantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la comunidad taiwanesa residente en el país.
Durante la recepción, Gustavo Chao-Jui Lu, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú, dio la bienvenida a los invitados y destacó los estrechos vínculos de amistad y cooperación que unen a Taiwán y al Perú.
En su discurso, Lu resaltó el liderazgo mundial de Taiwán en los sectores de los semiconductores y las tecnologías de inteligencia artificial, así como su firmeza para afrontar los desafíos globales y regionales y su voluntad de contribuir a la comunidad internacional. En este contexto, señaló que el Perú y Taiwán comparten valores fundamentales, como la libertad, la democracia y el Estado de derecho, y cuentan con economías complementarias y vínculos comerciales en constante crecimiento.
Asimismo, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo los intercambios y la cooperación bilateral en diversos ámbitos, así como los lazos de amistad construidos a lo largo de los años entre los pueblos de Taiwán y el Perú. También destacó la contribución de la comunidad taiwanesa al desarrollo de las relaciones entre ambas partes. Finalmente, agradeció la cálida acogida recibida en el país y expresó su aprecio por la oportunidad de conocer y disfrutar de las danzas, la cultura y la reconocida gastronomía peruanas.
La ceremonia contó, además, con la presencia de Raúl Diez Canseco, exvicepresidente de la República y fundador presidente de la Corporación Educativa USIL, y de Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, quienes también dirigieron unas palabras a los asistentes.
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