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el 70 % de víctimas sufre estrés postraumático – Señal Alternativa

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Muchas personas deben pasar por largas terapias para superar evento, advierte experto de salud mental

Más allá de la pérdida de bienes materiales, la delincuencia manifestada en casos de robo, extorsión o secuestro despiertan sentimientos de desprotección y miedo intensos que pueden llegar a generar estrés postraumático en el 70 % de las víctimas.

El trastorno de estrés postraumático es una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora, ya sea que vivida u observada. Los síntomas pueden incluir recuerdos constantes de la experiencia, pesadillas, angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre la situación.

“De lo que vemos, tanto en la consulta clínica como en el hospital, la situación de estrés agudo, sea por robo, extorsión o secuestro, no deja de crecer con el paso de tiempo, llegando a un 10% de las consultas diarias”, informó el médico psiquiatra del Hospital de Emergencias Grau, Carlos Vera.

De las 10 personas que pasan consulta diaria por temas de inseguridad ciudadana, 7 desarrollarán estrés agudo o severo y van a requerir tratamiento médico.

“Lamentablemente la mitad de ellos tendrá un problema crónico, es decir van a experimentar cambios que van a repercutir toda su vida”, alertó.

Deterioro progresivo de la salud

En la mayoría de los casos, la primera reacción ante el hecho delincuencial será la «parálisis». “Es decir vamos a quedarnos en shock, en una etapa de adaptación. Al cabo de una semana, desarrollaremos las primeras reacciones fisiológicas que tendrá el cerebro humano ante el estrés agudo. Aparecerán los síntomas de ansiedad”. 

Los trastornos de ansiedad, junto con los trastornos del ánimo, contribuyen más a la morbi-mortalidad a través del sufrimiento. La angustia-ansiedad patológica dificulta el desenvolvimiento de la persona, limitando su autonomía y dejándole atrapado y amenazado por la misma angustia.

Al mes del asalto, extorsión o secuestro, aparecerán nuevas reacciones, comportamientos, cambios de conducta.

Primero, será el miedo a salir, a contestar el teléfono, a estar solo o sola; son señales que configuran un problema de salud mental que necesitará tratarse de forma profesional. 

“A lo largo de los últimos 10 años ha ido cambiando la relación con los teléfonos, pues antes había una certeza de quien llamaba era un familiar o un amigo. Sin embargo, en los últimos 4 años ocurre que contestar (la llamada) abre la posibilidad de responderle a un extorsionador y eso desencadena rechazo, temor y una especie de paranoia. Es un problema que crece cada vez más”, advirtió el médico psiquiatra.

Todo esto va generando una desconfianza generalizada en la población, que se vuelve agresiva, porque está sometida a un estrés y peligro constante.

Desde ansiedad aguda hasta cáncer

El psiquiatra Carlos Vera explicó que, cuando una persona vive en alerta constante, activa un área del cerebro llamada amígdala cerebral, que es el área del miedo, del temor y la precaución.

“Así se activen otras hormonas corporales, como el cortisol, que aumenta, provocando que la inmunidad baje. Si esto ocurre, estamos sometidos a la hipertensión arterial, la aparición de diabetes mellitus e incluso de cáncer de estómago, mama y ovario”. 

El cuerpo registra hasta cambios en el patrón respiratorio, hay mayores crisis asmáticas, dolores abdominales, migrañas. Todo esto ocurre porque la amígdala se está preparando para algo que va a suceder, un ataque, una amenaza, alterando todo el sistema de inmunidad corporal. 

“No solo es el susto de una sociedad agresiva, sino de una sociedad altamente enferma o predispuesta a otros factores de riesgo que pueden llevar hasta cardiopatías e infartos”.

¿Cómo tratar el estrés postraumático?

El experto de EsSalud advirtió que, si una persona no expresa lo que está sucediendo y lo guarda bajo la premisa de “ser fuerte”, tarde o temprano va a estallar, ya sea con ansiedad, depresión, una crisis psicótica o incluso con un intento de suicidio. Contarlo ayudará a sanar a la persona.   

“Cuando hay un estrés agudo deben transcurrir unos 6 meses para que la persona vuelva confiar. Hay que alentarla a que confíe y eso, a veces, resulta muy difícil. Cuando hay un caso de trastorno de estrés postraumático, el tratamiento puede durar años hasta lograr que aquellas imágenes del asalto, del secuestro ya no molesten a la persona”.

A veces, indica, se logra que los pacientes ubiquen el ataque como una cosa del pasado. En otras ocasiones, lo traerán como un mal recuerdo que interfiere con su vida y los persigue por muchos años y con el que pueden conectar constantemente.

“No es extraño que algunas personas que han sido secuestradas o han tenido un asalto empiecen a rememorar eventos de su infancia y de pronto comienzan a hablar de situaciones trágicas relacionadas a su padre o su madre; algunos hacen verdaderas depresiones que pueden llegar hasta un evento fatal”.

El médico psiquiatra pidió tener presente que somos seres emocionales, sociales y esos recuerdos pueden coactar y recortar la vida de las personas.

“Nuestra tarea es invitarlos a tener vida, a que vuelva a confiar en los demás y que sepan que la gente no les va a hacer daño. Si han sido atacados y están experimentando malestar, la recomendación es no teman, acudan a un servicio de salud mental. Tenemos que hablarlo, contarlo va a ayudar a sanar esas heridas, para que cicatricen y no dejen secuelas en su salud mental y física, para que no afecten a la familia”, detalló.

Fuente: Andina – Karina Garay



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ministro Santiváñez presentó balance de sus 30 primeros días de gestión. – Señal Alternativa

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El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, presentó el balance de sus 30 primeros días de gestión, en el que resaltó los tres pilares que sustentan su trabajo: la lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada; la lucha por los derechos de la familia policial; y la lucha frontal contra la corrupción.

Acompañado de los viceministros de Orden Interno, Luis Chávez Gil, y de Seguridad Pública, Julio Díaz Zulueta, el titular del Interior destacó los resultados que vienen generando los mega operativos Amanecer Seguro y Retorno Seguro, los cuales se ejecutan en un trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP), los gobiernos locales y las juntas vecinales.

El ministro señaló, además, que su gestión ha declarado en emergencia a SaludPol, a fin de que el personal policial y su familia puedan contar con la asistencia de cartas garantía en tiempo oportuno, y con la entrega de medicinas en tiempo reducido.

“Se ha dictado una resolución, a través de la cual los hijos con habilidades especiales del personal policial contarán con asistencia médica de manera permanente hasta el final de sus días”, remarcó.

Seguidamente, resaltó que ha dispuesto la declaratoria en emergencia del Fondo de Vivienda Policial – Fovipol, lo que permitirá que un equipo técnico analice la posibilidad de los aportes voluntarios y la restitución de los aportes de los efectivos que no han sido beneficiados por este sistema.

“Hemos iniciado un proceso de recategorización, para contar con 200 nuevos abogados, en los grados de capitán y mayor de la PNP, que prestarán sus servicios en la nueva División de Asistencia Jurídica y Defensa Legal para efectivos policiales que sean denunciados injustamente por haber ejercido su función policial”, precisó el ministro, tras informar sobre la modificatoria del reglamento del Decreto Legislativo 1267, que garantiza la defensa legal, jurídica, penal, civil, administrativa disciplinaria y constitucional del policía.

Lucha frontal contra la corrupción

El ministro Juan José Santiváñez sostuvo que en las últimas semanas fue informado de la presunta comisión de hechos graves en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), una unidad que, desde el año 2019, recibió 72 millones de soles para determinadas operaciones que no obtuvieron grandes resultados.

La Contraloría General de la República nos ha informado que en el año 2022 ha encontrado graves deficiencias en las declaraciones juradas formuladas por los oficiales de la Diviac, en los diversos meses que han presentado”, acotó.

Remarcó que esto fue informado a la Contraloría General de la República, la Comisión de Defensa del Congreso y a la Fiscalía de la Nación.

Somos víctimas de una campaña de desprestigio, los brazos de la criminalidad son extensos, y sabemos que nos enfrentamos hoy por hoy a diversas mafias que ven en la gestión del Ministerio del Interior, la perturbación de sus intereses. Ya establecimos un punto de partida, los objetivos están trazados, acompáñennos a seguir adelante”, finalizó.

Fuente: Andina



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Justicia tributaria – Señal Alternativa

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“La Sunat necesita reglas claras para cumplir su labor y, a su vez, los contribuyentes garantías para ejercer sus derechos ante la justicia tributaria”.

Como cualquier agencia tributaria, la Sunat no es infalible y puede equivocarse. Para eso está la justicia tributaria; para corregir cualquier error o abuso que cometa el fisco en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, esta justicia la podemos encontrar en dos niveles: (i) ante el Tribunal Fiscal (tribunal administrativo independiente) y (ii) ante el Poder Judicial (que en última instancia controla las decisiones del Tribunal Fiscal).

A través de la justicia tributaria se controla la “exigencia tributaria injusta” (Beltrán), mediante lo que se conoce como control suficiente de los actos de la administración tributaria.

Ahora bien, como ya es conocido, el Ejecutivo ha solicitado al Congreso un conjunto de facultades para legislar; entre ellas, la modificación del Código Tributario, a fin de “agilizar el cobro de las deudas tributarias y evitar actuaciones procedimentales ineficientes” que faciliten la función recaudadora de la Sunat.

Una delegación de facultades en materia tributaria no implica un “cheque en blanco”. El Congreso debe observar reglas básicas cuando se delegan facultades sobre esas materias: (I) Debe delimitar de modo claro y expreso el alcance de la delegación, (II) la delegación debe ser restringida y (III) la interpretación de la delegación es restrictiva: no se puede presumir lo que no está expresamente delegado.

Teniendo en cuenta ello, el Congreso, al conceder esas facultades para reformar la justicia tributaria, debe establecer un límite claro. Pero ¿cuál sería? Que no se afecten los derechos de los contribuyentes. Porque, al legislar sobre estas materias, no se pueden sacrificar los derechos elementales de quienes tributan. Uno de esos derechos inderogables es el “derecho al debido procedimiento y proceso tributario”. Es decir, que el contribuyente tenga acceso a una justicia tributaria independiente e imparcial.

Ahora bien, de todas las facultades solicitadas para “agilizar los procedimientos tributarios”, el Congreso solo ha autorizado una de ellas, con el siguiente alcance: “modificar el artículo 98 del Código Tributario referido a la composición del Tribunal Fiscal”.

Hay que tener en cuenta que el Tribunal Fiscal forma parte del primer nivel de la justicia tributaria, a través de un control suficiente que debe realizar sobre los derechos que invoca el contribuyente respecto de la imputación de la deuda tributaria que haya realizado la Sunat.

El vigente artículo 98 del Código Tributario establece que los vocales del Tribunal Fiscal ejercen el cargo a tiempo completo y a dedicación exclusiva, estando prohibidos de practicar su profesión o realizar actividades comerciales, salvo el ejercicio de la docencia universitaria. Además, deben tener reconocida solvencia moral y especialidad en materia tributaria o aduanera. Estos requisitos son fundamentales para garantizar el derecho del contribuyente a impugnar y cuestionar ante un tribunal independiente e imparcial las decisiones de la Sunat referidas a derechos y obligaciones tributarias o aduaneras.

Sin embargo, pese a que el Congreso no ha establecido un límite o estándar básico para el ejercicio de la regulación referida a la composición del Tribunal Fiscal, el Ejecutivo debería asegurar a los vocales del tribunal la estabilidad en el cargo, que perciban una remuneración justa y acorde con la compleja función que ejercen, respetando la especialidad tributaria o aduanera, para que los asuntos que le sean sometidos sean resueltos en estricta aplicación del derecho tributario y sin ningún tipo de presión externa o interna. Permitiendo, a su vez, que el contribuyente ejerza plenamente su derecho a la defensa. Este derecho implica, necesariamente, que el Tribunal Fiscal otorgue al contribuyente un procedimiento con todas las garantías que incluyen: el derecho a ser oído, a presentar pruebas y las alegaciones que considere necesarias.

La Sunat necesita reglas claras para cumplir su labor y, a su vez, los contribuyentes garantías para ejercer sus derechos ante la justicia tributaria.

Fuente: El Comercio – Adrián Simons Pino abogado experto en litigio tributario y profesor universitario.



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