Política
“Los ‘caviares’ han revitalizado su poder”
– ¿Cree que la destitución de Patricia Benavides como fiscal suprema a manos de la Junta Nacional de Justicia se ajustó a la ley?
Bueno, yo creo que se trata, desde del punto de vista jurídico, de es un estropicio porque la señora Benavides es, de acuerdo a la constitución, una autoridad que cuenta con un fuero de protección especial, de acuerdo al artículo 99 de la constitución política. Entonces, al tener fuero, al tener una inmunidad establecida por la constitución, el mecanismo para poder suspenderla o destituirla del cargo, pasa por una acusación constitucional ante el Congreso de la República. Esto es importante y este trámite no se ha hecho, en ese sentido se habría violado la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia que establece que cuando se encuentra una falta muy grave que pueda ameritar la suspensión, esto debe ser tramitado ante el Congreso de la República para que se produzca lo que en derecho constitucional se conoce como el antejuicio, o sea, el Congreso le levanta el fuero a la señora y se proceda a la destitución correspondiente. Entonces, aquí lo que ha pasado es que la Junta ha asumido esta competencia a mi juicio de modo irregular y ha cometido graves errores: el primero de ellos es lo siguiente, la están acusando a la señora Benavides de haber cambiado a la fiscal que estaba viendo el caso de su hermana, pero lo que no se dice es que la Fiscalía de la Nación dentro de sus atribuciones tiene la potestad de remover y reorganizar a todo el Ministerio Público, eso es una competencia entonces yo me pregunto si alguien que tiene una competencia para actuar, actúa, ese hecho puede ser objeto de una penalización de una sanción como la que le han cometido.
– ¿Considera que la señora Patricia Benavides ha sido víctima de una venganza por haber acusado al expresidente Pedro Castillo por rebelión?
Totalmente, y la cosa más clara es la siguiente, eso es lo que quería decir, más allá de las explicaciones jurídicas que en este caso creo que son huecas e inútiles, porque aquí lo que actúa es una venganza. Aquí todos aquellos que han logrado judicializar la política y por lo tanto imparten política desde las instituciones judiciales, lo que han hecho en términos concretos es tomar una represalia porque la señora Benavides en su momento hizo que la Fiscalía se pusiera a investigar los crímenes y las denuncias que Pedro Castillo venía cometiendo desde que asumió la presidencia de la República y esto entonces le ha pasado factura. En cambio, Zoraida Ávalos que se negó a investigar, que fue cómplice en última instancia de Castillo como lo había sido en los tiempos del expresidente Martín Vizcarra, ella ha sido reparada, ha sido recompensada y ha vuelto al Ministerio Público para reforzar una Junta de Fiscales donde la señora Benavides ha sido expulsada.
– ¿Está de acuerdo con quienes dicen que el Ministerio Público está muy politizado?
Cierto, tenemos una nueva autoridad, una Junta de Fiscales Supremos absolutamente manejada por los ‘Caviares’ desde la época del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez que sigue en el cargo pero ahora reforzada en los términos de Zoraida Ávalos que viene a tener una correlación que hace que el Ministerio Público sea un actor político de primera importancia, más importante incluso diría yo que el Parlamento Nacional y el propio gobierno tiene la iniciativa para denunciar a cualquier autoridad, procesarla y con esos mecanismos destituirla, de modo mucho más operativo y fácil que lo pueda hacer el Parlamento o el gobierno.
– Pero ¿tanto poder tienen los ‘caviares’?
Hay una revitalización de los caviares, se han reforzado en los últimos tiempos y como en la época del ‘Lagarto’ Vizcarra usaron el Ministerio Público para destruir a la oposición parlamentaria, meter presos a los principales dirigentes políticos, perseguir a quienes les interesaba y a otros no y, así consolidar el régimen vizcarrista totalmente caviarizado. Ahora van a seguramente, con el poder que han logrado recuperar, y esto hay que admitir, las fuerzas democráticas hemos sufrido una derrota luego de haber alcanzado la deposición de Pedro Castillo por el fallido golpe de estado, en este último año y en estos últimos meses hay un franco retroceso y hay que admitir que el caviaraje se ha visto fortalecido, dado que han logrado sacar a Benavides y reponer a Zoraida Avalos. Creo que ambos personajes, ambas mujeres que han sido fiscales de la nación, una destituida y otra repuesta está ejemplificando el poder que tienen en el Ministerio Público, un poder que además no es un poder neutral, es un poder absolutamente sesgado a favor de determinadas ideas políticas.
– ¿La siguiente víctima será la presidenta Dina Boluarte?
La siguiente víctima va a ser el país porque la caída de la señora Boluarte, que ha cometido más de mil errores y problemas, es buscar condiciones para retomar el control del país desde la utilización perversa del Ministerio Público. Dina Boluarte es solamente un escollo, a pesar que la mandataria, con su torpeza, que ya le conocemos, fue la que de alguna manera quien estuvo detrás de la caída de Patricia Benavides. Eso hay que decirlo, y además, hizo campaña para que no se destituya la Junta Nacional de Justicia en su totalidad. Van a tratar de deponerla para adelantar las elecciones generales en condiciones que les favorezca a ellos. Por ejemplo, poner en el poder a alguien como Francisco Sagasti que era funcional con ellos, o, de lo contrario, someter a Dina Boluarte a partir del chantaje sobre su hermano Nicanor, y hacer la que sea más dúctil a las políticas caviares para fortalecerse. Esto, mientras las fuerzas democráticas todavía están un poco desorganizadas, y ellos siguen acumulando fuerzas capturando instituciones públicas, como la Corte Suprema del Poder Judicial, a través de los miembros de la Junta Nacional de Justicia
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Política
Candidata a la cámara de diputadosle pone la cruz a policías corruptos
María Belén Ramírez, la número 30 por Lima Metropolitana de Primero la Gente, también propone la reforma del sistema de acceso a la Policía Nacional
Dentro de un escenario político muchas veces marcado por figuras tradicionales, aparece una nueva candidata que busca abrirse paso desde una historia distinta.
Se trata de María Belén Ramírez, candidata a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana con el número 30. Abogada de 29 años, afroperuana, especializada en derecho civil y con una maestría en derecho procesal, su trayectoria combina experiencia en el Estado —habiendo trabajado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad de Transporte Urbano y el Ministerio del Interior— con ejercicio en el sector privado.
Pero su perfil no se limita a lo técnico. Ramírez también ha dedicado parte de su tiempo al asesoramiento de albergues que acogen a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, realizando labores de voluntariado legal. Este contacto directo con realidades complejas ha marcado, según quienes la conocen, su forma de entender el derecho: no como una herramienta abstracta, sino como un instrumento para corregir desigualdades concretas.
Su historia personal también atraviesa su propuesta política. Hija de una trabajadora del hogar, ha señalado en diversas oportunidades que creció observando de cerca las brechas sociales que aún persisten en el país. Esa experiencia —lejos de ser un dato biográfico más— se ha convertido en uno de los motores de su participación en política.
En un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones es alta, su candidatura apuesta por una narrativa distinta: la de una generación que no proviene necesariamente de estructuras tradicionales, pero que busca incidir en ellas.
PROPUESTAS. Entre sus principales propuestas destacan la reforma del sistema de acceso a la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar procesos transparentes y meritocráticos, así como la inhabilitación perpetua para todo efectivo policial sancionado por corrupción o vinculado a crimen organizado.
A ello se suma una propuesta nacida desde su experiencia en el sistema de transporte: la creación de un sistema único de multas digitales, que permita unificar sanciones y hacerlas más justas y proporcionales a la capacidad económica del ciudadano, especialmente de quienes viven del transporte, como los taxistas.
Asimismo, plantea el fortalecimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, incluyendo mecanismos para que las sanciones laborales tengan un impacto reparador en favor de las víctimas, y el impulso de políticas de seguridad alimentaria como eje central del desarrollo social.
Más allá del contenido programático, su discurso gira en torno a una idea clara: cuestionar aquello que se ha normalizado en la política peruana.
En tiempos donde el electorado exige mayor cercanía y autenticidad, candidaturas como la de María Belén Ramírez ponen sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿puede una nueva generación transformar la forma de hacer política en el país?
La respuesta, como siempre, no estará solo en el discurso, sino en la capacidad de convertir esas ideas en representación real.
Política
Kelly Jaramillo propone formalización sin multas y más oportunidades para emprendedores y jóvenes

Candidata a diputada con el número 20 por Primero la Gente también impulsará institucionalizar apoyo a ollas comunes
La candidata a diputada por Lima, Kelly Jaramillo, quien postula con el número 20 por el partido Primero la Gente -agrupación que lleva a la presidencia a Marisol Pérez Tello-, presentó un conjunto de propuestas centradas en el impulso al emprendimiento, el fortalecimiento de programas sociales y mayores oportunidades para los jóvenes. En declaraciones recientes, la aspirante destacó la necesidad de construir un Estado más cercano a los ciudadanos, especialmente a aquellos que generan ingresos desde la informalidad.
En materia de emprendimiento, Jaramillo planteó promover una formalización progresiva que no castigue a los pequeños negocios en sus primeras etapas, eliminando multas iniciales y brindando facilidades reales. Asimismo, propuso priorizar a las micro y pequeñas empresas en las compras públicas, simplificar los trámites burocráticos que -según indicó- “asfixian al que trabaja” y endurecer las sanciones contra la extorsión, un problema que afecta directamente a comerciantes y emprendedores en diversas zonas del país.
Respecto a los programas sociales, la candidata señaló que impulsará una ley para institucionalizar el apoyo a las ollas comunes, iniciativas que han cobrado protagonismo en los últimos años como respuesta a la crisis económica. Su propuesta incluye garantizar mecanismos de transparencia y supervisión, priorizar la compra de insumos a productores locales y reconocer el rol de las lideresas que sostienen estas organizaciones comunitarias.
Finalmente, en el ámbito juvenil, Jaramillo planteó una serie de reformas legislativas orientadas a mejorar el acceso al empleo y la formación. Entre ellas destacan incentivos para el primer empleo formal, facilidades de financiamiento para la educación y capacitación, la inclusión obligatoria de educación financiera en la currícula y la creación de espacios efectivos de participación juvenil. Con estas medidas, la candidata busca posicionar a los jóvenes como actores clave en el desarrollo económico y social del país.
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Leyenda:
Un rostro nuevo para la política que pretende refrescar el Congreso bicameral con una agenda social.
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