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Lima Norte

en qué consiste y los escenarios que enfrenta el Gabinete Bellido – La Noticia Renovada

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A propósito de la sesión de mañana en el Congreso, en la que el Gabinete Ministerial encabezado por Guido Bellido solicitará la cuestión de confianza, es importante conocer el marco legal que regula esta institución constitucional y el desenlace que se genera a partir de la votación y los antecedentes que ha dejado en la historia política reciente.

La cuestión de confianza es uno de los mecanismos de control político mediante el cual el Congreso de la República del Perú puede hacer efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado. 

El planteamiento de una cuestión de confianza es obligatorio solo para la investidura del presidente del Consejo de Ministros y su Gabinete; es voluntaria cuando los ministros deciden pedir al Parlamento un voto de confianza respecto a una política determinada del gobierno, un programa o la aprobación de un proyecto de ley.

En lo que se refiere al primer caso, este mecanismo es regulado por los artículos 130°, 133° y 134° de la Constitución del Estado.

Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto la cuestión de confianza. 

¿Qué pasa si hay cambio de jefe del Gabinete antes de presentarse al Congreso? 

El plazo de los 30 días corre a partir de la designación del nuevo titular de la PCM. Si el cambio es de uno o varios ministros, pero el jefe de Gabinete se mantiene en el cargo, la fecha de presentación se mantiene.

Mayoría simple

Retomando la sesión que ocurrirá mañana, terminada la exposición de Guido Bellido, el Congreso debate sobre lo planteado y finalmente vota. Para ser aprobada, la cuestión de confianza debe recibir el voto a favor de la mitad más uno de los votos de los legisladores presentes en la sesión. 

Si acudieran los 130 congresistas, ya sea de manera presencial o virtual, se requeriría 66 votos a favor para que el Gabinete obtenga la investidura.

Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete.

Este escenario ocurrió en el 2020, cuando el Gabinete conducido por Pedro Cateriano no logró el voto de confianza. Solo obtuvo 37 votos a favor, convirtiéndose en el primer jefe del Gabinete en ser rechazado por el Congreso.

Si el Congreso ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso. 

El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Estas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. 

No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta.

Abstención

¿Qué pasa si en la votación de la cuestión de confianza son más los votos en abstención, que a favor o en contra?

La historia y los especialistas dan cuenta que ese resultado no se podrá tomar como un voto definitivo, y el Congreso seguirá votando, hasta obtener un resultado concreto, ya sea a favor o en contra de la cuestión.

Se trata de un escenario que ya sucedió en el pasado reciente, con dos gabinetes durante el gobierno del presidente Ollanta Humala y en un mismo año, en que fueron necesarias tres votaciones para obtener el voto de confianza.

El 14 de marzo del 2014, el Gabinete presidido por René Cornejo obtuvo 47 votos a favor y 71 abstenciones en la primera votación; 42 a favor, seis en contra 73 abstenciones en la segunda votación; y 66 a favor, 52 en contra y 9 abstenciones en la tercera votación, ocurrida tres días después de la primera, luego de una serie de negociaciones entre el Gobierno y la oposición.

Ese mismo año, pero en agosto, la jefe de Gabinete Ministerial, Ana Jara, también tuvo que esperar hasta la tercera votación para obtener la confianza (55-54), y derrotar a las abstenciones.

Claro, esto no se puede hacer de manera indefinida. El artículo 82° del Reglamento del Congreso señala que el pleno tiene dos sesiones para votar la confianza, y en cada sesión los legisladores la pueden poner a votación las veces que consideren necesario. 

Convocatoria 

Justamente sobre este tema, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, convocó a la sesión del pleno en la que se escuchará la exposición de Guido Bellido para mañana jueves a partir de las 9.00 horas. Los congresistas podrán asistir de manera presencial o virtual, mediante la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.

El oficio de convocatoria señala que a esta sesión concurrirá el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, junto con los ministros de Estado, con el objetivo de proponer y debatir la política general del gobierno y las medidas que requiere su gestión, según lo dispuesto en el artículo 130° de la Constitución y el artículo 82° del Reglamento del Congreso. (Andina).



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Gobierno busca relanzar proyecto del parque industrial de Ancón este año – Señal Alternativa

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Objetivo es generar polo de desarrollo económico al sur de Lima, junto a la puesta en marcha del puerto de Chancay

El Poder Ejecutivo ha puesto la mira nuevamente en el proyecto del parque industrial de Ancón, el cual tiene previsto relanzar este año con el apoyo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Según el ministro de la Producción, Sergio Gonzales, el objetivo es generar un polo de desarrollo económico al sur de Lima tras la entrada en operaciones del puerto de Chancay, cuya inauguración está prevista para noviembre del 2024.

«Está alineado este puerto [de Chancay] con el parque industrial de Ancón, ahora se dan las oportunidades. Estuvimos reunidos con ProInversión para reimpulsar este parque que está cerca a Chancay y hacer un polo de desarrollo en nuestro país», dijo Gonzales en diálogo con TV Perú.

El titular de Produce aseguró que se mostrarán mejores condiciones para invertir en el proyecto a fin de captar el interés de las empresas por ser partícipes de la convocatoria.

«Se va a realizar una nueva convocatoria, se generan mejores condiciones para que haya interés de los privados en participar y permitir que esto sea una realidad. Es una proyección que se ha realizado este año», apuntó.

Nuevas posibilidades

El ministro aseveró también que su cartera acompañará a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que puedan ofertar sus bienes y servicios en condiciones óptimas cerca al mega puerto de Chancay y no habrá problemas para implementar exclusividad.

«Estamos desarrollando un plan de intervención para mejorar las pequeñas y medianas empresas y que puedan ofertar sus bienes y servicios en mejores condiciones. Todo se requiere certificación, [por lo que] eso va a demandar el acompañamiento del Ministerio de la Producción hacia las empresas», puntualizó.

Fuente: Andina



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Malas noticias

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La situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con el paso de los años.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para evaluar la situación de esta, alrededor del globo y defender la independencia de los medios de comunicación, entre otras acciones. Mucho nos tememos que el balance de este año no será muy alentador, ni en el mundo (con guerras en las que la verdad se convierte en otra víctima de los bombardeos y las balas), ni en la región (donde hemos llegado a ver a vándalos asaltando un canal de televisión en vivo) ni, por supuesto, en nuestro país.

Según un informe reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el Perú, a los intentos por limitar, controlar o sancionar a los medios de comunicación que en los últimos años han provenido principalmente del Ejecutivo y el Congreso, se ha venido a sumar otra institución: el Ministerio Público. La SIP denuncia casos de “espionaje, infiltración, exigencia de revelación de fuentes, hostigamiento e impedimento de cobertura de hechos de interés público” de parte de la fiscalía, y menciona el riesgo de que algunos artículos periodísticos hayan sido considerados como “un indicio de la comisión de delitos”. La publicación salió unos días antes de que la casa del periodista Juan Carlos Tafur fuera allanada en el marco del operativo Valkiria, un hecho que, sin duda, habría sido incluido por el organismo por representar una serie de peligros que en su momento mencionamos en este Diario.

No se trata solo de que nuevas instituciones se hayan sumado a los ataques contra la prensa, sino también de que otras que antes al menos denunciaban estos ahora permanecen en silencio (como la Defensoría del Pueblo), mientras que aquellas que llevan años realizándolos (como el gobierno o el Legislativo) ya han perdido cualquier noción de vergüenza en su propósito.

Solo así se puede entender, por ejemplo, que un congresista como Segundo Montalvo insista en su proyecto de ley mordaza para endurecer las penas por difamación, pese a que una iniciativa similar ya fue rechazada por sus colegas apenas el año pasado. O que legisladores cuestionados por la comisión de una serie de delitos traten de evitar –mediante cambios en el Código Penal– la publicación de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y no vean el tremendo conflicto de intereses en el que están cayendo.

Desde el lado del Gobierno, por otra parte, es necesario destacar dos hechos: los ataques que la presidenta Dina Boluarte ha lanzado contra los medios que han puesto al descubierto varios hechos que la implican (como su acusación contra este Diario de dar información “tendenciosa y falsa” por haber publicado la llamativa cantidad de dinero que ingresó a sus cuentas en los últimos años) y sus respuestas tardías por los serios cuestionamientos en su contra, como en el caso de los relojes Rolex y otros artículos de lujo que se la ha visto usar en diferentes actividades públicas. Este último comportamiento, sin embargo, es aún más grave en el presidente del Congreso, Alejandro Soto, que cree que esquivando a los reporteros logrará que olvidemos las graves denuncias que arrastra desde antes de ganar la elección a la Mesa Directiva.

Del lado de la sociedad, la situación no es mucho mejor. Los casos de periodistas hostigados o agredidos por manifestantes han continuado apareciendo, especialmente de parte de aquel grupo que destila odio llamado La Resistencia. Y, como bien recoge la SIP, también ha habido un número inusitado de hombres y mujeres de prensa maltratados por autoridades municipales en el último año.

Estos y otros atropellos que por razones de espacio no podemos mencionar aquí hacen pensar que la situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con los años. Y esa es, sin duda, una mala noticia, pues si algo ha quedado claro a propósito de la crisis que sacude varias instituciones hoy es que la labor del periodismo se hace más indispensable que nunca en estas coyunturas. La prensa, pese a todo, ha seguido y seguirá haciendo su trabajo, pero eso no significa que no creamos que los ataques cada vez más frecuentes que recibe tienen que parar.

Fuente: Editorial de El Comercio



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