La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio inicio a la impresión de la relación y lista de votantes para la Segunda Elección Presidencial 2026, programada para este 7 de junio. Este proceso técnico se desarrolla en la planta industrial del organismo en Independencia y constituye un paso crítico en la logística para el balotaje entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta de abril.

La producción de documentos se divide en dos tipos de materiales esenciales. Por un lado, se imprime la relación de electores, que se exhibe en los exteriores de los centros de votación para que los ciudadanos ubiquen su mesa, distrito y número de orden. Por otro lado, se elabora la lista de electores, documento que contiene la fotografía y datos de cada votante, y donde estos deben registrar su firma y huella digital tras depositar su voto en las urnas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) supervisa directamente cada etapa de esta actividad para garantizar la transparencia del proceso. Juan José Mechato, monitor operativo del JNE, confirmó que los fiscalizadores están verificando que el material impreso coincida estrictamente con el catálogo oficial y cumpla con los estándares de calidad requeridos.

La jornada de impresión comenzó con los padrones destinados a los peruanos residentes en el extranjero. De acuerdo con el cronograma establecido por la ONPE, el proceso continuará con la documentación correspondiente a las regiones del país, siguiendo un orden alfabético por departamentos para asegurar una distribución organizada y eficiente hacia los locales de votación el próximo mes.

Con el conteo oficial al límite, la ventaja de Roberto Sánchez sobre Rafael López Aliaga mantiene la expectativa nacional, mientras Keiko Fujimori aguarda confirmación de su rival para el 7 de junio.

El escrutinio oficial de las Elecciones Generales 2026 entra en su etapa definitiva. Al cierre de este viernes 8 de mayo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alcanzó el 99.210% de actas contabilizadas, consolidando una tendencia que posiciona a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) como el rival de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) para el balotaje. Sánchez registra 1,997,558 votos (12.011%), superando por un margen de 16,668 adhesiones a Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien obtiene 1,980,890 votos (11.911%).

Con menos del 1% de actas por procesar (773 documentos), la ventaja de Sánchez parece firme frente a López Aliaga, mientras que Fujimori lidera cómodamente la tabla con el 17.161% de los votos válidos. El calendario electoral confirma que la segunda vuelta se realizará el próximo domingo 7 de junio, fecha en la que se definirá al mandatario para el periodo 2026-2031.

Transparencia y revisión de actas observadas

El sistema electoral ha priorizado la precisión a través de la labor de los Jurados Electorales Especiales (JEE), quienes han procesado 67,672 actas observadas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el 70% de estas incidencias ya fueron resueltas, destacando que el nivel de observación en la elección presidencial es significativamente menor al 9%, lo que ha agilizado el conteo en comparación con los comicios legislativos.

Para garantizar la legitimidad del proceso, se han llevado a cabo más de 2,200 audiencias públicas con la participación de personeros de diversas agrupaciones políticas. El JNE estima que los resultados oficiales al 100% serán proclamados a mediados de mayo, asegurando que cada voto sea contabilizado bajo estrictos estándares de fiscalización.

Cuestionamientos y validez del proceso

Pese al avance técnico, el candidato Rafael López Aliaga ha reiterado acusaciones de un presunto «golpe de Estado electoral», argumentando retrasos en la apertura de mesas en Lima como causal para anular el proceso.

Sin embargo, organismos como Transparencia han señalado que tales incidentes fueron aislados y no tienen capacidad de alterar el resultado final. La ONPE, por su parte, precisó que solo el 0.4% de las mesas a nivel nacional presentaron dificultades en su instalación, cifra que no compromete la integridad de la voluntad popular expresada en las urnas.