Política
APP en la mira por incluir candidatos con sentencias penales y César Acuña responde: «Recién me entero»
La inclusión de catorce candidatos con sentencias penales en la lista electoral de Alianza para el Progreso (APP) ha generado una fuerte controversia política a pocos meses de las Elecciones Generales de 2026. El líder y candidato presidencial del partido, César Acuña, se vio obligado a pronunciarse y aseguró que solicitará explicaciones a la dirigencia, reconociendo que existieron deficiencias en el proceso de selección de postulantes, pese a la anunciada existencia de una comisión evaluadora.
Durante una actividad proselitista realizada en el distrito de Jesús María, el fundador de APP sostuvo que su organización busca “limpiar la imagen del Congreso” y promover cuadros probos que fortalezcan la institucionalidad democrática. “Tenemos que tener congresistas que tengan la vocación de demostrar al país que se debe respetar la institucionalidad”, declaró. Sin embargo, sus palabras contrastaron con la información revelada sobre la presencia de candidatos con antecedentes judiciales en sus propias filas.
Al ser consultado por este aparente doble discurso, Acuña afirmó que desconocía la situación. “Yo me acabo de enterar ahorita, tengo que evaluar y que me expliquen por qué han inscrito candidatos que tienen antecedentes”, manifestó. Sus declaraciones no lograron calmar las críticas, pues para muchos analistas la responsabilidad política recae directamente en la cúpula partidaria.
El caso de APP, no obstante, no es aislado. Según una investigación difundida por Panamericana, más de 250 candidatos al Congreso de la República presentan sentencias condenatorias por delitos que van desde corrupción política hasta hurto agravado, peculado, estafa genérica, violencia familiar y falsedad ideológica. Estas cifras han encendido las alarmas sobre la calidad de la oferta electoral de cara al 2026.
Entre las agrupaciones con mayor número de postulantes sentenciados figuran Podemos (18 candidatos), Fuerza Popular (15), Perú Libre (15) y Alianza para el Progreso (13). Les siguen el Partido Aprista, el Partido Democrático Federal y Perú Primero con 12 cada uno, además de Somos Perú, Obras y el Frente de la Esperanza con 11. Otras organizaciones, como Perú Moderno, Progresemos y Juntos por el Perú, registran al menos 10 candidatos en similar situación.
La revisión de antecedentes se ha vuelto una tarea especialmente compleja debido al alto número de postulantes: solo este año, cerca de diez mil personas integran listas a nivel nacional. Esta magnitud dificulta un control exhaustivo tanto para los partidos políticos como para los organismos de fiscalización electoral, lo que abre espacios para omisiones y fallas en los filtros internos.
Especialistas analizan el tema
Para José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, la responsabilidad principal recae en las propias organizaciones políticas. “Los partidos son los primeros responsables de ofrecernos un menú ya revisado. Eso es importantísimo. Y luego los electores tenemos otra responsabilidad: volver a mirar”, señaló. En su opinión, la crisis de representación no solo se explica por vacíos legales, sino por la falta de compromiso ético de los partidos.
Desde el ámbito jurídico, el especialista en derecho electoral José Tello recordó que la fiscalización de antecedentes corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a los jurados electorales especiales, aunque reconoció que el sistema no es infalible. “Va a haber casos en los cuales personas con impedimentos han postulado y no han sido tachadas”, advirtió.
La legislación electoral vigente permite postular a quienes ya cumplieron condena por delitos comunes, aunque establece restricciones más severas para ciertos casos de corrupción. Sin embargo, el volumen de candidaturas y la limitada capacidad de verificación facilitan que personas con antecedentes judiciales logren incorporarse a las listas partidarias.
De cara a las Elecciones 2026, la polémica reabre el debate sobre la urgente necesidad de reformar los mecanismos de selección y fiscalización de candidatos. Más allá de las explicaciones de César Acuña y otros líderes políticos, la ciudadanía enfrenta el desafío de ejercer un voto informado en un escenario donde la transparencia y la idoneidad de los postulantes siguen siendo temas pendientes en la agenda democrática del país.
Política
Fujimori llama «perros» a la oposición: Presidenta ya no solo amenaza, sino insulta
Senador Iber Maraví cuestionó que el ministro César Astudillo interrumpiera a Ruth Luque durante la sesión.
Humberto Morales denunció el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación
La presidenta Keiko Fujimori desató una nueva controversia política al utilizar la expresión «los perros ladran» durante un pronunciamiento sobre el enfrentamiento ocurrido en el Senado. La mandataria, rodeada de altos mandos militares durante una actividad en el Cuartel General del Ejército, expresó su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, y declaró: «Ministro, los perros ladran. Esa es una señal de que estamos avanzando».
Sus palabras fueron interpretadas como una descalificación de quienes cuestionan al Gobierno. Fujimori aseguró que Astudillo había sido agredido verbalmente durante la sesión de la Comisión de Constitución y le expresó su «total respaldo y gratitud» por su valentía. Sin embargo, la presidenta no identificó las expresiones que consideraba ofensivas ni respondió a las observaciones sobre la reforma policial que habían originado la discusión. Su pronunciamiento trasladó la controversia parlamentaria al escenario presidencial. El incidente comenzó cuando la senadora Ruth Luque cuestionó al ministro del Interior por no abordar una reforma profunda de la Policía Nacional. Astudillo reaccionó ante sus expresiones y se produjo un intercambio verbal en el que intervino Iber Maraví, de Juntos por el Perú, quien reclamó respeto al turno de palabra de la legisladora. La discusión escaló con la participación de otros parlamentarios y obligó a suspender temporalmente la sesión. Posteriormente, el senador Calisto Giampietri, de Renovación Popular, encaró a Maraví durante el enfrentamiento.
El representante de Juntos por el Perú denunció que Giampietri se aproximó de manera intimidatoria y lo desafió a resolver sus diferencias fuera del Congreso. El propio Giampietri reconoció haber planteado continuar la discusión afuera, aunque afirmó que intervino para defender a dos senadoras. El episodio dio lugar a acusaciones cruzadas sobre amenazas, agresiones verbales y conductas impropias de representantes políticos. El exparlamentario Humberto Morales denunció lo que denominó el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación. Iber Maraví también cuestionó lo que describió como el verdadero rostro autoritario del fujimorismo, al que acusó de utilizar una apariencia democrática para conseguir las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.
Ambas declaraciones expresan el rechazo de estos dirigentes al comportamiento de los representantes del Gobierno durante el incidente. Las críticas se extendieron a otros sectores políticos. Raúl Noblecilla calificó a Giampietri de «bravucón y cobarde» y denunció actitudes de autoritarismo y desprecio hacia la ciudadanía. Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres cuestionó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados, a quienes acusó de actuar con prepotencia y de contribuir al deterioro político del país. Las expresiones reflejaron la intensidad del enfrentamiento entre el oficialismo y sus adversarios.
La controversia ocurre mientras el Senado evalúa las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño. Durante su discurso, Fujimori también contrapuso a quienes respaldan a las Fuerzas Armadas con organizaciones como Sendero Luminoso y el Movadef, en un llamado a definir posiciones frente a la violencia. La discusión deja abiertas dos cuestiones: el alcance de las atribuciones que recibirá el Gobierno y el respeto a la discrepancia política durante su debate parlamentario.
OPOSICIÓN DENUNCIA AUTORITARISMO Y RECHAZA INTIMIDACIONES EN EL SENADO
El enfrentamiento registrado durante la sesión de la Comisión de Constitución provocó una serie de pronunciamientos de dirigentes vinculados a la izquierda, quienes acusaron al fujimorismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia frente a los cuestionamientos políticos. Humberto Morales denunció lo que calificó como el «ADN dictatorial del fujimorismo», mientras Iber Maraví sostuvo que los incidentes habían dejado al descubierto una actitud que, a su juicio, contradice el discurso democrático del oficialismo. Maraví rechazó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados y afirmó que no se dejaría intimidar. El senador cuestionó que el enfrentamiento se produjera precisamente durante la discusión de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Por su parte, Raúl Noblecilla acusó a Giampietri de actuar con arrogancia y prepotencia, mientras Aníbal Torres cuestionó a quienes, según expresó, exhiben actitudes confrontacionales frente a sus adversarios políticos. Las declaraciones de los dirigentes opositores coincidieron en cuestionar el trato recibido por los parlamentarios críticos del Gobierno y en rechazar las conductas que consideran intimidatorias. El episodio profundizó las discrepancias sobre el pedido de facultades legislativas y abrió una controversia sobre los límites del debate político, el respeto a las minorías parlamentarias y la responsabilidad de las autoridades frente a las críticas.
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Política
Taiwán conmemora su 115.º aniversario y fortalece sus vínculos con el Perú
Con motivo del 115.º aniversario de la República de China (Taiwán), que se conmemora cada 10 de octubre, la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú ofreció una recepción en Lima, a la que asistieron representantes de los ámbitos académico, político y empresarial, miembros del cuerpo diplomático, periodistas, representantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la comunidad taiwanesa residente en el país.
Durante la recepción, Gustavo Chao-Jui Lu, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú, dio la bienvenida a los invitados y destacó los estrechos vínculos de amistad y cooperación que unen a Taiwán y al Perú.
En su discurso, Lu resaltó el liderazgo mundial de Taiwán en los sectores de los semiconductores y las tecnologías de inteligencia artificial, así como su firmeza para afrontar los desafíos globales y regionales y su voluntad de contribuir a la comunidad internacional. En este contexto, señaló que el Perú y Taiwán comparten valores fundamentales, como la libertad, la democracia y el Estado de derecho, y cuentan con economías complementarias y vínculos comerciales en constante crecimiento.
Asimismo, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo los intercambios y la cooperación bilateral en diversos ámbitos, así como los lazos de amistad construidos a lo largo de los años entre los pueblos de Taiwán y el Perú. También destacó la contribución de la comunidad taiwanesa al desarrollo de las relaciones entre ambas partes. Finalmente, agradeció la cálida acogida recibida en el país y expresó su aprecio por la oportunidad de conocer y disfrutar de las danzas, la cultura y la reconocida gastronomía peruanas.
La ceremonia contó, además, con la presencia de Raúl Diez Canseco, exvicepresidente de la República y fundador presidente de la Corporación Educativa USIL, y de Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, quienes también dirigieron unas palabras a los asistentes.
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